El martes por la noche el gobierno decretó el cuarto tarifazo en treinta días. El Estado volvió así a utilizar su poder de coerción para ejecutar una colosal confiscación de los ingresos de los trabajadores. Si se tiene presente que todo esto ha ocurrido después de la derrota electoral del gobierno el 6 de setiembre, salta a la vista la enorme patraña que representa la llamada democracia de este régimen patronal y la impotencia del sufragio para imponer soluciones populares y nacionales en las condiciones del Estado burgués.

¡Pero los “tarifazos” no comenzaron después del 6 de setiembre! En los últimos sesenta días, las tarifas de los combustibles, de los servicios estatales y del transporte; los precios de los productos alimenticios; y los alquileres, han aumentado entre un 60 y un 100 %, en tanto que los salarios sólo se modificaron en un 18 % (7 % en agosto y 10 % en setiembre). El tamaño de la confiscación económica del pueblo es sencillamente gigantesco.

En el transcurso de este mismo período de tiempo el dólar oficial fue incrementado por el Estado de 2,50 australes a 4 australes, lo que equivale a un aumento de la divisa norteamericana del 60 %. Esta brutal devaluación del austral (reclamada abiertamente por el presidente del comité de bancos acreedores) ha significado un negocio fantástico para los terratenientes y exportadores que retuvieron divisasen el exterior, y todavía más para los banqueros y usureros que compraron los bonos del gobierno, que se ajustan según la variación del dólar (sea negro u oficial). De esta manera, los mayores ingresos que obtendrá el Estado como consecuencia de los “tarifazos”, tendrá como uno de sus principales beneficiarios a la siempre presente “patria financiera”. La confiscación económica de los trabajadores que ejecuta el Estado va a parar así a los grandes usureros y explotadores, y de ningún modo al “fisco” o a la “voracidad fiscal’’, como lo dicen los interesados en disimular la verdad de esta confiscación.

La acción inflacionaria del gobierno no ha vacilado en franquear la corta distancia que lleva al delito. El martes 13 la Junta Nacional de Carnes se abstuvo de intervenir en el mercado de Liniers, como era su obligación, cuando las cotizaciones superaron el 5 %. Es así como el Estado indujo a un aumento del precio de la carne, el mismo día en que anunciaba su nuevo plan del 15 %. ¡Y sin embargo, los alfonsinianos aneados en el poder tienen la desvergüenza de afirmar en el documento oficial del nuevo plan, que se proponen “frenar la inflación’’!

Este nuevo plan, en una medida mayor que el Austral de hace dos años, consiste en congelar una parte de los precios, una vez que éstos alcanzaron las nubes, y congelar los salarios en su piso histórico más bajo. ¡Que es el 12 % adicional otorgado a los salarios en medio de esta colosal carestía! Sorrouille y su elenco de negreros ejecutan el acto teatral de aumentar en un 75 % el salarlo mínimo (de 200 a 350 australes), sin mencionar que este salario mínimo estuvo congelado en el último medio año, en cuyo transcurso sufrió un deterioro feroz, que jamás podrá ser compensado por los “ajustes” oficiales. El nuevo salario mínimo representa el 30 % del costo de la canasta familiar, que la carestía ha lleva-do a los 1 .200 australes.

¡Pero en tanto que los nuevos precios entran en vigencia en forma inmediata, el mezquino aumento salarial sólo será cobrado a partir del 1° de noviembre! La confiscación de los ingresos de los trabajadores tendrá en las próximas dos semanas una envergadura histórica. Semejante brutalidad la ocultan también Cafiero y la burocracia sindical, con Ubaldini a la cabeza.

En un acto de perfidia típica, el documento del gobierno habla de un “impacto fiscal de las medidas”, en referencia al “ahorro forzoso” o el “impuesto al patrimonio”. Pero mayor “impacto fiscal” lo produjo el “tarifazo”, que pagan los consumidores, como ocurre también con el “impuesto a los cigarrillos". No son los capitalistas sino los trabajadores quienes pagan el “impacto fiscal”, cuya recaudación sí va a parar a los bolsillos de los explotadores y usureros. Incluso los diferentes Impuestos o “ahorros” sobre el patrimonio, el capitalista se los hace pagar a los consumidores, a través de su capacidad monopólica para aumentar los precios, incluso cuando están congelados. Se insiste en interpretar la patraña del “congelamiento” de los precios, cuando es archisabido con qué facilidad se los puede violar, por ejemplo, alterando la calidad de los productos. Este gobierno de la inmoralidad capitalista más extrema, ha vuelto a tomar el “recaudo" de establecer precios "máximos” por encima de la facturación real que recibe en el comercio, para permitir un margen de “ajuste" adicional aun en el periodo del “congelamiento”.

Si se considera que al aumento salarial del 12% de octubre (que se cobrará en noviembre), se contrapone un aumento del costo de vida en octubre y noviembre de arriba del 40%, queda claro que la confiscación de los salarios permitida por este plan será del orden del 20%. Sobre los 25.000 millones de dólares que recibe el conjunto de los asalariados en un año, esta confiscación es de 5.000 millones de dólares por año, de 20.000 millones de australes al nuevo tipo de cambio.

En tanto que la carestía fue puesta en marcha en forma inmediata desde hace más de dos meses, la sanción de los llamados impuestos, que teóricamente gravarían las ganancias, depende de eventuales decisiones del congreso. En éste, como en otros aspectos similares, el plan oficial es puro verso.

¿Puede decirse que lo más grave de este plan es que, con toda su brutalidad, no resuelve ni mínimamente las cuestiones que provocaron la presente crisis, incluso en sus aspectos más inmediatos?

Pero es así, no resuelve nada. El déficit fiscal del gobierno es del orden de los 10.000 millones de dólares, de modo que aun después de toda su acción confiscatoria todavía deberá cubrir mucho más de la mitad de esa cifra mediante nuevas deudas. El plan promete también pagarles a los pulpos petroleros un precio diez veces superior a los costos, para lo cual deberá volver a aumentar los combustibles o subsidiar a los monopolios, generando inflación monetaria y déficit de las empresas públicas. El gobierno vuelve a plantear un régimen que permitirá no pagar impuestos en concepto de “promoción industrial", insistiendo en un planteo que es fuente de gran saqueo de las finanzas del Estado. También se compromete al Banco Central a entregar australes como pago de una parte de la impagable deuda externa, generando con ello una emisión de crédito y de dinero en favor de la usura internacional. Resulta, entonces, de una manera general, que este nuevo pian de hambre profundiza, en lugar de alterar, el carácter parasitario del Estado y su función de sostenedor de la especulación capitalista.

En ningún momento el plan roza el tema de la evasión de impuestos y de aportes jubilatorios, por parte de los patrones, que es del orden del 70% y de 7.000 millones de dólares. Tampoco se menciona que los intereses de la deuda externa y de la deuda interna representan, con esa evasión impositiva y previsional, una suma un 50% superior a todo el déficit fiscal, de manera que si se eliminara este desfalco económico quedarían superados y con yapa los problemas más apremiantes del Estado.

Por el contrario, en lo relativo a la deuda externa, el plan afirma que “espera seguir recibiendo financiamiento del FMI”. Todo el plan está hecho a la medida de los planteos del FMI. Sin embargo, tampoco este plan es capaz de juntar los dólares para pagar los intereses de la deuda externa, de modo que en ausencia de un nuevo acuerdo con el FMI y de nuevos préstamos exteriores que aumentarán la deuda externa, Argentina no saldrá de la actual cesación de pagos y no podrá reanudar el pago de los intereses.

Otra vez más el sacrificio de los trabajadores solo tendrá la finalidad de mantener en pie a la especulación capitalista. Sourrouille y sus amigos no dicen nada del estado de quiebra de todos los bancos estatales, como consecuencia de que los empresarios no devuelven los préstamos (que han usado en la especulación) ni pagan los intereses. Es indudable que el gobierno se apresta a blanquear esta situación, inyectando el dinero de los nuevos impuestos en estos bancos.

El “rodrigazo” se ha transformado en la única política que conoce la patronal, cuya descomposición la obliga a recurrir al Estado para expropiar económicamente por la fuerza a los trabajadores. La respuesta a semejante política de catástrofe debe ser la enérgica acción de los trabajadores para acabar con la explotación capitalista.

EL ULTIMO CARTUCHO ALFONSINISTA

El gobierno echó todas sus brasas al fuego para recuperar la posibilidad de un nuevo acuerdo con el FMI y la banca acreedora. Ha llevado el dólar a 4 australes y estableció la libertad de operaciones cambiarias. Ratificó la entrega usurera del petróleo. Entregó a la “patria financiera” la libertad para fijar los intereses, sin que por ello vaya a dejar de recibir los subsidios del Banco Central. En el carísimo tema de la “capitalización” de la deuda externa (pagarla con australes), ha hecho nuevas concesiones a los acreedores. El rodrigazo alfonsinista deja campo libre a la depredación capitalista. ¿Pero alcanzará esto para un nuevo acuerdo con el FMI?

El problema es que ni aún este plan criminal le da al Estado la posibilidad de pagar los intereses de la deuda externa. Los bancos tendrían que refinanciar una parte mayor de esos intereses, a lo cual se niegan. Otro gran problema es que, si se agota en solamente ponerse al día en el pago de los intereses, la sangría que provoca este '‘rodrigazo” producirá un rapidísimo derrumbe económico y político. El gobierno se juega el último cartucho, que bien podrá explotarle en la cabeza.