El peso argentino fue la segunda moneda más devaluada del mundo en 2021 en comparación con el dólar estadounidense, según un informe de la consultora Bloomberg, quedando detrás de la lira turca y retrocediendo un 14,7% en un año. De la mano de esto, el salario bruto promedio registrado actual es de 461 dólares (tomando el contado con liqui), valores equivalentes a los de 2003, años en los que también rozaba los mínimos históricos de nuestro país. Es igual a un 26% del máximo alcanzado en la convertibilidad, momento en que el monto era de 1.741 dólares. En 2001 descendió hasta 1.080 y en 2002 se desplomó hasta alcanzar el piso de 320. Aunque durante el kirchnerismo volvió a aumentar hasta 1.436, para 2015 ya había bajado nuevamente, llegando a 1.230. Subió otra vez durante los primeros años de macrismo a 1.689, pero para julio de 2019 sufrió una caída del 37%, ubicándose en 1.065.

Otra forma de ver la devaluación del peso es comparar cuánto valía en el pasado y ahora. Según la consultora GMA Capital, 100 pesos de 2002 equivalen a 1,2 pesos de hoy, en tanto la inflación acumulada en esos veinte años fue de 8.224%. De esta manera, la capacidad de compra del peso descendió un 98,8% y con ella el poder adquisitivo de los trabajadores. Sencillamente, los salarios no alcanzan para comprar lo mismo que hace unos años atrás. Si tomamos como ejemplo el asado, en 2002 el kilo rondaba los 5 pesos, es decir que 100 pesos compraban 20 kilos. En cambio hoy, según el Indec, un kilo de asado cuesta 880 y 100 pesos compran solamente 113 gramos. Esta dinámica inflacionaria y devaluatoria explica en parte la caída del consumo este 2021.

En este sentido, en un año con una inflación anual del 50,9% anual, el consumo masivo descendió un 2,1% en comparación a 2020, incluso con la recuperación del 6,5% durante el último mes del año, donde por lo general las fiestas y las reuniones sociales impulsan las compras. El dato surge de un informe de Scentia, la cual hizo un relevamiento de las principales cadenas de supermercados y autoservicios independientes -los comercios de barrios, supermercados y almacenes.

En los últimos días también se conoció que el índice de precios mayoristas fue del 2,3% en diciembre y del 51,3% en el año. Según el Indec, la suba se dio debido al alza en los productos primarios (45%), de los manufacturados (54%), de los importados (44,6%) y de la energía eléctrica (61,1%).

Es decir que los “acuerdos de precios y salarios” impulsados durante el año pasado no solo no sirvieron para contener la subida inflacionaria, sino que impusieron un techo a las paritarias que degradó salarios y jubilaciones -desindexadas del IPC-, afectando las condiciones de vida de toda la población trabajadora. No es casualidad que mientras esta política se desprendía, la pobreza alcanzaba niveles históricos y pasaba por encima de la masa asalariada. De allí surge el dato de que, según la Universidad Católica Argentina (UCA), es récord el porcentaje de personas que trabajan e igual son pobres (Observatorio de la Deuda Social), lo cual cobra sentido teniendo en cuenta que el salario mínimo vital y móvil es de 32 mil pesos, por lo menos 15% detrás de la canasta básica y mucho más de la total. Ni siquiera con el aumento del próximo mes, que llevará el salario mínimo a 33 mil pesos, podrán compensar la pérdida del poder adquisitivo.

Es evidente que para el gobierno la variante de ajuste son los salarios y las jubilaciones, mientras destina la mayor parte de sus esfuerzos y de su política económica al ajuste fiscal en pos de cerrar un acuerdo de pago de la deuda con el FMI. De allí surgen los enormes recortes anunciados para salud, educación y gasto social, que no son más que nuevos ataques para los trabajadores. Es tarea de ellos discutir un programa y un pliego de reclamos que incluya el aumento del salario mínimo hasta equilibrarlo con la canasta familiar, el 82% móvil para las jubilaciones y la indexación de paritarias de acuerdo al costo de vida. También la apertura de los libros de las grandes cadenas de supermercados y de toda la cadena de producción para establecer los precios reales de los productos y avanzar en un control obrero de los mismos.