Febrero arrojó una caída real del salario a nivel general, más pronunciada aún en el caso de los trabajadores estatales y en negro. El descontrol inflacionario, sumado a una política de techos en las paritarias y extensión del trabajo informal, vienen derrumbando los ingresos de la población trabajadora cada vez más sumida en la pobreza.

El índice salarial del Indec, correspondiente a febrero 2022, muestra una pérdida del 1,6% con respecto a la inflación del mes y del 1,8% en términos bimestrales. En primer lugar, los salarios del sector privado registrado tuvieron una caída real del 0,8% mensual. Por su parte, los del sector público registrado perdieron 2,3% contra la inflación de febrero y 3,4% en el primer bimestre del año. Esto último da cuenta que el gobierno es el primero en promover la miseria salarial allí donde le toca oficiar como patrón.

El hundimiento salarial fue más abrupto en el ámbito informal. Los ingresos de los trabajadores no registrados quedaron un 2,5% por debajo de la inflación mensual y 4% detrás de la inflación acumulada en el primer bimestre del año. En términos interanuales, la caída real del salario para este sector alcanza el 12,5%. Finalmente, quienes nos gobiernan no mueven un dedo para terminar con el trabajo en negro, donde la remuneración es visiblemente inferior a la de los trabajadores en blanco.

Esta confiscación perdurará en el tiempo ya que la ruta trazada por el FMI está repleta de medidas inflacionarias, como la suba de tarifas de los servicios, el aumento del combustible y la devaluación de la moneda. A su vez, el gobierno mantendrá intacto el control privado del comercio exterior, permitiendo que los pulpos que lo acaparan sigan trasladando los altos precios internacionales al mercado interno, y, por otra parte, está fuera de su agenda abrir los libros de las empresas formadoras de precios. Como contrapartida, el oficialismo fomenta una pauta salarial -pactada con las patronales y la burocracia sindical- del 45%/50%, cuando la proyección inflacionaria para el año supera el 60%. Sin embargo, nada de todo esto le impidió a Alberto Fernández proclamar sínicamente en la jornada del 1° Mayo que de ahora en más cada funcionario suyo se convertirá en un “ministro del salario”.

Aparece nítidamente cómo la “recuperación” del empleo de la cual se jacta el presidente se asentó en el abaratamiento de la mano de obra, que no hizo más que incrementar la tasa de beneficio de los capitalistas. Sin ir más lejos, mientras el gobierno ensaya su discurso redistributivo, un informe publicado por Cepa revela que 8 de las 11 familias más ricas del país incrementaron ostensiblemente su patrimonio en dólares durante la pandemia, período en el cual se agravó la pobreza en todo el territorio nacional.

Por mencionar algunos ejemplos, Paolo Rocca -el dueño de Techint- poseía un patrimonio comercial de USD 12.209 millones a principios de 2020, el cual aumentó a USD 12.857 millones en febrero 2021, ascendiendo a USD 16.633 millones en 2022. Carlos Blaquier, de Ledesma, pasó de tener USD 120,4 millones a inicios de 2020 a USD 162,9 millones en 2021 y hoy cuenta con un patrimonio de USD 234 millones. A su turno, Nicolás Caputo, titular de la constructora Mirgor, comenzó el 2020 con un patrimonio de USD 78,1 millones y en la actualidad llega a USD 211 millones.

El gobierno, lejos de estar preocupado por la distribución equitativa del ingreso, desde que asumió ha sido el garante de que un puñado de empresarios concentren la riqueza del país, hundiendo en la miseria a los trabajadores que la generan. Por lo tanto, el tributo por única vez a la “renta inesperada” propuesto por Guzmán, de concreción incierta, es lisa y llanamente una impostura considerando que todo el tiempo el gran capital se apropia de “rentas extraordinarias”, con la anuencia gubernamental, y despoja a las mayorías populares; orientación que las medidas fondomonetaristas en curso prometen profundizar.

Revertir este escenario requiere de que el movimiento popular desenvuelva un plan de lucha desde la base para recomponer los salarios. Esto es pelear por un salario mínimo de $180 mil y trabajo bajo convenio para todxs, elegir delegados paritarios en asamblea que discutan aumentos indexados a la inflación, y, de conjunto, ganar las calles para derrotar el plan de ajuste del FMI. El grado de declinación del poder adquisitivo de los trabajadores muestra la urgencia de un paro nacional.