Todos los informes sobre la evolución salarial en Argentina señalan una caída continua del poder adquisitivo de los trabajadores a través de los sucesivos gobiernos. Esta confiscación al bolsillo popular es producto de los topes a las paritarias, la extensión del trabajo informal y la escalada inflacionaria.

Para empezar, los datos del Indec reflejan que, a junio 2021, el salario real de los trabajadores registrados del sector privado ha caído 4,6% en relación a junio 2020. El derrumbe salarial de los trabajadores del sector público ha sido más abrupto, ya que han perdido 9,7% con respecto a la inflación en el transcurso de un año. Lo anterior pone de manifiesto cómo el Estado se pone a la cabeza de lacerar el ingreso de la clase trabajadora. La situación se agrava en el caso de los trabajadores no registrados, cuya pérdida salarial ha sido del 10,3% entre junio 2020 y junio 2021.

Como vemos, los propios datos oficiales desmienten al gobierno cuando afirma que los salarios superarán el índice de inflación al finalizar el año. La pauta inflacionaria del 29% que había fijado Guzmán para todo el 2021 ha sido superada en tan solo siete meses y las revisiones paritarias del último tiempo no alcanzan para empatar la suba de los precios.

Según el Centro de Investigaciones y Formación de Argentina (Cifra) de la CTA, en el segundo semestre de 2021 el salario real de los trabajadores registrados del sector privado cayó un 4,2% respecto a igual período del 2020 y un 20,1% en relación al cuarto trimestre del 2015. Esto va en sintonía con la información publicada por la consultora Invecq, donde afirma que el salario promedio de los empleados registrados es el más bajo de los últimos 20 años.

La consultora Idesa, por su parte, reflejó el escenario salarial de miseria al cual asisten lo trabajadores no registrados. Al menos 5 millones de personas pertenecientes a los aglomerados urbanos de país forman parte de esta realidad. Si tomamos como referencia el aumento que han experimentado los precios de los artículos incluidos en la canasta básica, del orden del 3,3% mensual, vemos una caída real del salario de los trabajadores informales del 1% todos los meses, acumulando una pérdida de 33% desde marzo 2018, comparado con el primer trimestre de este año.

El desplome del poder de compra de los trabajadores es, sin dudas, una de las razones que explican los niveles de pobreza que alcanzan al 50% de la población. El gobierno, por su parte, deposita la responsabilidad de la catástrofe social en factores ajenos a su gestión, tales como la pandemia, la herencia macrista o la “poca colaboración” de los empresarios. Sin embargo, es el oficialismo mismo causante de la falta de trabajo genuino, en la medida que no impulsa planes de vivienda que empleen mano de obra desocupada, no industrializa y no dispone el reparto de las horas de trabajo. A su vez, el aval gubernamental a un régimen de precarización laboral es evidente; y, además, no se ha tomado ninguna medida de fondo por parte del gobierno para evitar el alza de los precios.

A esto hay que sumarle el rol activo que ha jugado Alberto Fernández en fomentar techos a las paritarias y alimentar el cuadro inflacionario decretando naftazos, emitiendo dinero para subsidiar a las petroleras y habilitando un esquema de aumentos en los servicios públicos. Sin ir más lejos, el Ministerio de Trabajo, junto con las burocracias sindicales y los empresarios han sellado un salario mínimo que, a pesar de los aumentos, continuará por debajo de la línea de indigencia.

La oposición patronal, cuya expresión mayoritaria es Juntos por el Cambio, no tiene ninguna autoridad para recriminarle al gobierno actual el rumbo ajustador que ha adoptado. Se trata de una fuerza política que hundió en la pobreza a capas enteras de la población cuando le tocó gobernar, y, al igual que el Frente de Todos, plantea una subordinación completa al FMI, a costa de las necesidades populares.

Solo el Frente de Izquierda Unidad propone recomponer el ingreso de los trabajadores sobre la base de un salario mínimo de $67.000, un seguro al desocupado de $40.000, paritarias sin techo indexadas a la inflación, prohibición de despidos y suspensiones, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario y convenio colectivo de trabajo para todos. Para controlar los precios, es fundamental la apertura de los libros de toda la cadena comercial para evaluar los costos reales.

A su vez, es necesario impulsar un plan de viviendas que emplee mano de obra desempleada bajo convenio y nacionalizar bajo control obrero los recursos estratégicos del país (banca, comercio exterior, hidrocarburos) para orientarlos al desarrollo nacional y a la satisfacción de las necesidades sociales. Romper con el FMI y repudiar la deuda usuraria son pasos claves en este plan de salida a la crisis por parte de los trabajadores.