Políticas

20/1/2022

El salario mínimo, en niveles de indigencia

Frenemos el derrumbe salarial con un plan de lucha arrancado desde la base.

En el día de ayer se actualizaron los datos del Indec con relación a la canasta básica. En diciembre de 2021, concluyendo el año, la canasta básica total, que actúa como línea divisoria de la pobreza, se situó en $76.146. En tanto, la canasta básica alimentaria, línea divisoria de la indigencia, se estima en $32.964. Este monto es ni más ni menos que el equivalente a un salario mínimo, que en febrero pasará a ser de $33.000.

No obstante, el gobierno festejó como todo un logro el aumento del salario mínimo a estas cifras ¡en septiembre!. Pero ya desde aquel momento se vislumbraba cuán fácilmente sería devorado ante el desarrollo de los precios, en tanto la línea de indigencia mordía entonces los $30.000. Pero aquí vale introducir una aclaración: por un criterio estadístico, las canastas crecieron en el año incluso por debajo del índice de inflación del propio Indec. La Canasta Básica Alimentaria subió un 45,3%, en tanto la Canasta Básica Total subió un 40,5%. Sin embargo, los informes del organismo sobre el Índice de Precios dan cuenta de una escalada del 50,9% en 2021.

Sucede que la Canasta Básica Total contempla en sí también el coste de algunos servicios, así como la Canasta Básica Alimentaria ciertos productos y otros no. Esto es lo que genera, básicamente por su composición, el dislate porcentual entre el aumento de la inflación y de las canastas. Pero, claro, la escalada inflacionaria da cuenta de que fuera de los gastos utilizados como patrón para medir la línea de pobreza e indigencia, el derrumbe del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones es probablemente todavía mayor.

Ahora bien, según otra de las cifras del Indec, la Evolución de la Distribución del Ingreso (EPH, referido a la Encuesta Permanente de Hogares), los salarios en promedio, ya no solo sus escalafones más bajos, están absolutamente derrumbados. Un asalariado promedio percibe $50.849, repitiendo, con la línea de pobreza situada en $76.146. Pero aquí nace la disyuntiva entre el trabajo formal y el informal. Según el mismo informe, en el tercer trimestre del 2021 habían en el país casi 6 millones de trabajadores formales, al turno en que los informales llegaban casi a 3 millones. Es decir, uno de cada tres asalariados está “en negro”, como se dice popularmente. Estos últimos perciben en promedio salarios de $27.301, incluso por debajo del salario mínimo, y a la mitad de los $62.038 de promedio entre los trabajadores registrados.

Pero claro que no todos los trabajadores continúan en actividad, y que en un país donde reina el desempleo o donde otros perciben programas y asistencia social la consideración debe ser más amplia. Si sumamos sin excepciones a la totalidad de la población, el ingreso promedio fue en el último trimestre del 2021 de $31.035. Entre la población que formalmente posee ingresos, la media fue de $51.594, con una clara brecha de género por la cual los varones perciben, siempre hablando en promedios, $60.348 y las mujeres $43.183.

Como se ve, la pauperización de las condiciones de vida de la población laboriosa y las mayorías populares es absoluta. Incluso las propias cifras del Indec desmienten los intentos del gobierno, una y otra vez, de presentar que los salarios evolucionan favorablemente frente a una inflación voraz. Pero son todos los que nos gobernaron en las últimas décadas quienes nos arrastraron progresivamente a esta situación, bajo distintas gestiones y distintos colores políticos.

Nos aproximamos a la apertura de las discusiones paritarias en todos los gremios, lo que plantea la lucha por la recomposición salarial y el reclamo urgente de que el salario mínimo sea acorde a una canasta básica familiar. Los trabajadores tenemos que discutir en todos los lugares de trabajo cómo conquistarlas sorteando el encorsetamiento y la entrega de una burocracia sindical que ha sido cómplice histórica de este derrumbe. Arranquemos un plan de lucha desde las bases.