En el día de ayer se actualizaron los datos del Indec con relación a la canasta básica. En diciembre de 2021, concluyendo el año, la canasta básica total, que actúa como línea divisoria de la pobreza, se situó en $76.146. En tanto, la canasta básica alimentaria, línea divisoria de la indigencia, se estima en $32.964. Este monto es ni más ni menos que el equivalente a un salario mínimo, que en febrero pasará a ser de $33.000.

No obstante, el gobierno festejó como todo un logro el aumento del salario mínimo a estas cifras ¡en septiembre!. Pero ya desde aquel momento se vislumbraba cuán fácilmente sería devorado ante el desarrollo de los precios, en tanto la línea de indigencia mordía entonces los $30.000. Pero aquí vale introducir una aclaración: por un criterio estadístico, las canastas crecieron en el año incluso por debajo del índice de inflación del propio Indec. La Canasta Básica Alimentaria subió un 45,3%, en tanto la Canasta Básica Total subió un 40,5%. Sin embargo, los informes del organismo sobre el Índice de Precios dan cuenta de una escalada del 50,9% en 2021.

Sucede que la Canasta Básica Total contempla en sí también el coste de algunos servicios, así como la Canasta Básica Alimentaria ciertos productos y otros no. Esto es lo que genera, básicamente por su composición, el dislate porcentual entre el aumento de la inflación y de las canastas. Pero, claro, la escalada inflacionaria da cuenta de que fuera de los gastos utilizados como patrón para medir la línea de pobreza e indigencia, el derrumbe del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones es probablemente todavía mayor.

Ahora bien, según otra de las cifras del Indec, la Evolución de la Distribución del Ingreso (EPH, referido a la Encuesta Permanente de Hogares), los salarios en promedio, ya no solo sus escalafones más bajos, están absolutamente derrumbados. Un asalariado promedio percibe $50.849, repitiendo, con la línea de pobreza situada en $76.146. Pero aquí nace la disyuntiva entre el trabajo formal y el informal. Según el mismo informe, en el tercer trimestre del 2021 habían en el país casi 6 millones de trabajadores formales, al turno en que los informales llegaban casi a 3 millones. Es decir, uno de cada tres asalariados está “en negro”, como se dice popularmente. Estos últimos perciben en promedio salarios de $27.301, incluso por debajo del salario mínimo, y a la mitad de los $62.038 de promedio entre los trabajadores registrados.

Pero claro que no todos los trabajadores continúan en actividad, y que en un país donde reina el desempleo o donde otros perciben programas y asistencia social la consideración debe ser más amplia. Si sumamos sin excepciones a la totalidad de la población, el ingreso promedio fue en el último trimestre del 2021 de $31.035. Entre la población que formalmente posee ingresos, la media fue de $51.594, con una clara brecha de género por la cual los varones perciben, siempre hablando en promedios, $60.348 y las mujeres $43.183.

Como se ve, la pauperización de las condiciones de vida de la población laboriosa y las mayorías populares es absoluta. Incluso las propias cifras del Indec desmienten los intentos del gobierno, una y otra vez, de presentar que los salarios evolucionan favorablemente frente a una inflación voraz. Pero son todos los que nos gobernaron en las últimas décadas quienes nos arrastraron progresivamente a esta situación, bajo distintas gestiones y distintos colores políticos.

Nos aproximamos a la apertura de las discusiones paritarias en todos los gremios, lo que plantea la lucha por la recomposición salarial y el reclamo urgente de que el salario mínimo sea acorde a una canasta básica familiar. Los trabajadores tenemos que discutir en todos los lugares de trabajo cómo conquistarlas sorteando el encorsetamiento y la entrega de una burocracia sindical que ha sido cómplice histórica de este derrumbe. Arranquemos un plan de lucha desde las bases.

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