El anuncio de Roque Fernández, de que no habrá partidas extraordinarias (por fuera del presupuesto nacional) para pagar deudas con los jubilados (Clarín, 8/1), posterga por un año el pago de las sentencias ganadas por cerca de 70.000 jubilados. Y convierte en una gran farsa toda la polémica sobre la deuda ‘catastrófica’ del Estado con los jubilados que se desarrolló en los últimos meses.

La aclaración de Fernández significa que sólo se apelará a la partida del presupuesto del 97 ya votado por el Congreso, que prevé apenas 20 millones para el pago "de estas contingencias". Con ello se pagarían, en efectivo, sólo las deudas con los "jubilados mayores de 76 años con problemas graves" (Ambito, 31/12). El resto tendrá que esperar a que se hagan "las previsiones de cómo se va a atender esa obligación a partir de los presupuestos de 1998 en adelante" (Clarín, 8/1).

Ya la resolución de la Corte Suprema sobre las demandas de los jubilados por haberes mal liquidados, fue una estafa que no tiene antecedentes. La Corte reconoció el pago de una corrección de apenas el 10,17% a los 70.000 jubilados que tenían sentencia firme en su demanda de pago de retroactividades por movilidad a partir de Abril del 91, fecha del ‘congelamiento’ de haberes de la Ley de Convertibilidad. Ni siquiera el 13,78%,como transmitieron los voceros de la propia Corte, ya que un 3,28% se venía cobrando por una resolución ministerial previa (Ambito, 8/1). El 10,73% es un artificio arbitrario de la Corte, que extrapoló a 30 meses la última corrección semestral (por AMPO) de Abril del 94. El costo de vida, en cambio, desde la ‘convertibilidad’, aumentó un 63%. La minoría de la Corte votó por el 25%, basándose en un índice de actualización según el sueldo del peón industrial.

La Corte reconoció el ajuste sólo hasta Marzo del 95, cuando entró en vigencia la llamada Ley de ‘solidaridad’ previsional, que eliminó la movilidad para las nuevas jubilaciones. En sus demandas, los jubilados pedían que se declare la inconstitucionalidad de esta ley.

El gobierno y el Ministerio de Economía se han mostrado satisfechos con la sentencia de la Corte (La Nación, 4/1). Consideran como conquistas propias, entre otras, que el fallo deja establecido que, a partir de la ley de‘solidaridad’, no existe otra movilidad que la que anualmente fije el Congreso en la ley de presupuesto, quedando "desterrados todos los mecanismos indexatorios, incluidos los fijados por leyes especiales". Confirma la desaparición de la relación entre el haber previsional y los sueldos de los activos (desaparece el 82% móvil). Dispone que la movilidad automática de las jubilaciones no es una garantía constitucional (14 bis).

El otro aspecto con que se regodea la burguesía, es que "si un jubilado considera que se encuentra inserto dentro de las prescripciones del dictamen de la Corte, deberá iniciar un nuevo juicio desde primera instancia y deberá esperar el cumplimiento de los mecanismos judiciales" (Julio Nazareno, presidente de la Corte, Ambito, 30/12). Y como sólo se puede reclamar retroactividad por dos años (los anteriores están prescriptos), se desalientan nuevas demandas, especialmente a los jubilados de sueldos bajos, que no van a pleitear varios años por 1.000 pesos de retroactividad y 50 pesos de aumento jubilatorio (Página12, 4/1).

El ‘procesista’ Juan Alemann, en una nota que titula "Un fallo sin mayores consecuencias" (La Razón, 2/1), considera que la situación es totalmente manejable, a partir de que, aparte de los 70.000 beneficiados, hay otros 55.000 en trámite. Y otros, dice cínicamente, que podrían presentarse, "en su mayoría sus pretensiones están prescriptas y en muchos, los importes del reajuste son tan bajos, que les costará encontrar un abogado que se quiera ocupar del caso. Y otros, entre tanto, se murieron". Considera que no serían más de 2.500 millones de pesos los que están en juego, de los cuales, sólo 300 se pagarán en efectivo. El resto en Bocones y en cuotas. La estafa múltiple a los pasivos, entonces, consiste en que el fallo de la Corte licuó las deudas con un índice antojadizo, que no llega a cubrir ni la quinta parte del 63% que aumentó el costo de vida. En que desalienta la presentación de nuevas demandas. Que la miserable corrección será pagada, en la mayoría de los casos, en Bocones y a partir de 1998. Y que deja en firme las leyes menemistas de destrucción del sistema previsional.

El saqueo permanente a los haberes de los jubilados es el precio de la política de vaciamiento del sistema previsional, por la reducción de los aportes patronales, el desvío de los aportes hacia las AFJP, la alta tasa de desempleo y la creciente incidencia de los contratos flexibilizados que desgravan el trabajo.

El programa del Partido Obrero es: 1. el reconocimiento integral de la movilidad de las jubilaciones por el costo de vida; 2. la extensión automática a todos los jubilados, hayan o no iniciado demanda judicial; 3. pago inmediato y en efectivo, sobre la base del desconocimiento de la deuda externa; 4. derogación de las leyes de Reforma Previsional y de ‘solidaridad’ previsional.