La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia acaba de emitir un fallo absolutorio sobre todos los responsables del hundimiento, el 17 de junio de 2017, del buque El Repunte, barco pesquero de la flota marplatense, dejando impune el “asesinato laboral” de diez trabajadores pesqueros cuyos familiares continúan pidiendo justicia.

El Repunte llegó al país, ya usado, en 1968. Era un barco pesquero de 32,6 metros de eslora perteneciente a la firma Ostramar S.A., y tenía asiento en Mar del Plata, donde estuvo inactivo tres años. Fue la llamada "fiebre del oro rojo", el furor por los langostinos, y el afán de lucro de los empresarios pesqueros por aprovechar esa demanda lo que puso a la embarcación otra vez en actividad. Era un barco "merlucero" pero se le agregaron dos tangones –brazos laterales sacados de otro buque, el Don Luciano- para poder incursionar en la pesca del langostino. La Prefectura no pudo explicar por qué no se lo había inspeccionado, ya que con esos cambios se modificaba su centro de gravedad según el Informe presentado por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST).

Gabriela Sánchez, referente del movimiento “Ningún Hundimiento Más”(NHM) y hermana del capitán de El Repunte, denunció la trama de intereses que se pusieron en marcha desde el lobby pesquero, primero con el juez Lleral que instruyó la causa y fue el primero en desestimar las numerosas pruebas presentadas. Se trata del mismo juez que archivó el caso de Santiago Maldonado, y rechazó realizar las pericias exigidas por los familiares para determinar las verdaderas causas de su muerte. Gabriela denunció que desde el año 2000 se produjeron 66 hundimientos y más de 150 fallecidos o desaparecidos en el mar sin que los juicios hubieran superado la etapa de instrucción. “Creíamos que este iba a ser el primer caso” (Teleocho Informa, 5/3).

En estos 8 años NHM denunció la precarización de los trabajadores pesqueros, extorsionados por la necesidad de trabajar, empujados a subirse a embarcaciones que son verdaderos “ataúdes flotantes”, autorizados por Prefectura sin inspeccionarlos, aún cuando se encuentran ostensiblemente deteriorados y viejos. En un comunicado titulado "El Segundo Hundimiento de El Repunte", los familiares expresaron: “La justicia elige ignorar que esos certificados se obtuvieron con datos falsos sobre la estabilidad del buque (como la existencia de aletas de balance inexistentes). Para los jueces, un sello en una oficina vale más que la realidad de un barco que era una trampa mortal.

Se han señalado como "irrelevantes" las pericias de la JST que demuestran que el barco no estaba apto para la pesca de langostino y que su estructura estaba degradada ("parche sobre parche") y que esto modificó su estabilidad. Al negar el juicio oral, la Cámara impide que estas pruebas sean confrontadas y expuestas ante la sociedad.

Al culpar exclusivamente al clima o a las decisiones finales del capitán (víctima también de esta tragedia), la justicia libera de culpa a quienes enviaron a 12 hombres al mar en condiciones precarias por mera ambición económica”.

Gabriela denunció que los jueces “nunca quisieron enfrentarse al lobby pesquero, una caja negra que no tiene partido y al que todos le deben favores” (Teleocho informa, ídem).

Efectivamente se trata de un esquema de corrupción donde la industria y los armadores tienen sus representantes en todas las instituciones del Estado como cómplices: Prefectura, Consejo Federal Pesquero, secretarías de Transporte y Agricultura Ganadería y Pesca. La Justicia Federal, por su parte, bloqueó a través del juez Lleral los peritajes que permitirían deslindar las responsabilidades patronales. Los familiares tuvieron que esperar hasta 5 años para recibir los certificados de presunción de fallecimiento, que les permitirían cobrar seguros o iniciar sucesiones. La Cámara Federal de Chubut replicó los argumentos de Lleral dando por válidas las habilitaciones de Prefectura. Los familiares presentarán su caso ante la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH).

La movilización permanente de los familiares ha tenido varios logros como la constitución en 2020 de un organismo técnico descentralizado, la Junta de Seguridad en el Transporte, que integrado por ingenieros navales, marinos experimentados y peritos, viene sacando a la luz la gravedad del estado de la flota pesquera y ha tomado resoluciones de alcance internacional sobre los botes salvavidas que fallaron a la hora de ser necesarios y reglamentado la obligación a las embarcaciones de proporcionar “trajes de abandono” (de supervivencia e inmersión) para toda la tripulación. Es muchísimo lo que aún resta por conquistar. La renovación de la flota es completamente urgente, prohibiendo la salida al mar de aquellos buques que por su antigüedad o deterioro no pueden seguir navegando, y que deben ser peritados por representantes electos específicamente por los trabajadores del sector.

Desde el primer día la banca del Partido Obrero en el FIT-U puso todo su esfuerzo en respaldar esta enorme lucha. Se realizaron Audiencias Públicas en Diputados y se presentaron proyectos de Ley.

Las denuncias de los familiares retratan a todo un régimen social. La actividad pesquera genera al Estado un ingreso anual de 2.000 millones de dólares y muchos más a empresarios que no dudan en mandar a la muerte a los trabajadores embarcados. Utilizan y depredan un recurso que no les pertenece, a lo que se suman buques factoría que sobreexplotan la fauna ictícola legal e ilegalmente.

Como recurso estratégico fundamental queda planteada la necesidad de nacionalizar los recursos pesqueros para ponerlos bajo control de los trabajadores, única forma de terminar con los atropellos a la vida humana y al ecosistema marítimo amenazado.