Luego del fallo de la Corte Suprema que respaldó a Larreta para mantener las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires, a pesar del grave cuadro epidemiológico, el Consejo Federal de Educación se reunió y fijó una resolución firmada por todos los gobernadores, a excepción de Mendoza y CABA.

Bien leída, esta resolución puede ser considerada como la respuesta de Alberto Fernández frente al desconocimiento del DNU por parte de CABA y es la base de un proyecto de ley que presentó el sábado 8 de mayo para su tratamiento en diputados.

Dicha resolución establece algunos parámetros de niveles de riesgo bajo, medio, alto y de alarma, teniendo en cuenta algunas variables epidemiológicas y sanitarias, bastante flexibles acordes a las decisiones aperturistas de los gobiernos. El gobierno podrá actuar en los departamentos que tengan más de 300.000 habitantes, ya que son considerados conglomerados urbanos donde resulta imposible ejercer una contención sobre el virus. “Si la situación empeora en esos lugares, la ley le permite al gobierno poder intervenir y tomar medidas” (Infobae, 10/5). En las ciudades que estén dentro de Alerta Epidemiológica, la ley indica que las clases presenciales deberán ser suspendidas y suplantadas por clases virtuales hasta que se pueda salir del estado de alarma.

Pero los parámetros establecidos para el cierre son demasiado perniciosos: el número de casos cada 100.000 habitantes acumulados en los últimos catorce días debe superar los 500 y simultáneamente la ocupación de camas UTI debe estar por arriba del 80%. Este parámetro de incidencia es 2,5 veces el que considera de alto riesgo y cierre total el índice del CDC (aquel que cita el informe de la Sociedad Argentina de Pediatría) que coloca el límite para el cierre total de la actividad educativa en 200 casos acumulados cada 100.000 habitantes en catorce días. Asimismo el rango de ocupación de camas al 80% es altísimo, todos los especialistas reconocen que en ese grado el sistema de salud tiene un nivel de stress que directamente incide en el aumento de la tasa de mortalidad.

Las medidas restrictivas que regirán son: el cierre de centros comerciales, ferias y shoppings; el cierre de comercios desde las 19; el cierre de la circulación entre las 20 y las 6; la suspensión de deportes de contacto al aire libre; el cierre de clubes y gimnasios; suspensión de clases presenciales; utilización del transporte público solo para esenciales.

Si bien Juntos por el Cambio criticó el proyecto por considerar que concentraría superpoderes y violaría la autonomía de las provincias, el tema es otro.

Hay que advertir que el gobierno nacional no toma medidas de cierre de la actividad económica porque no quiere afectar las ganancias de los empresarios, y tampoco quiere gastar un peso en asistencia social a los trabajadores que se vean afectados por los cierres, en la medida que su política está orientada a meter un ajuste en línea con el acuerdo con el FMI.

La escolaridad presencial masiva es un factor de contagio, pero también lo son los lugares de trabajo con protocolos de las patronales sin control alguno, el transporte público, las fábricas.

Que las medidas solo sean cerrar escuelas o shopping es un abordaje unilateral del problema, porque el cierre puede colaborar a bajar la circulación del virus (hay estudios internacionales que reflejan que es una de las dos medidas más efectivas) aunque sigue siendo de bajo costo en la medida que tampoco gastan en distribución de computadoras y acceso a internet, mientras no “tocarían” los grandes negocios o actividades económicas.

Independientemente del resultado de las negociaciones dentro del Congreso Nacional, no va a ser una medida para evaluar con criterios objetivos la compatibilidad de la apertura de actividades respecto a la circulación del virus en los distritos, no solamente porque son flexibles y solo en el caso de alarma plantea el cierre de clases escolares presenciales, sino que tampoco plantea otro de tipo de medidas que acompañen dichos cierres.

Es decir, que el semáforo que plantea el gobierno nacional siempre va a dar verde a las patronales, que son las que reclaman la “normalidad” bajo cualquier circunstancia epidemiológica y sanitaria, mientras los muertos los ponen los trabajadores.

 

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