El cavallista Llach calificó al acuerdo de “los 14 puntos” entre Duhalde y los gobernadores como “una declaración tardía y sin rastros de puesta en práctica” (El Cronista, 26/4), en referencia al acuerdo de “disciplina fiscal” firmado por los gobernadores en el mismo momento en que la bancarrota de sus estados tomaba estado público. El primero de los compromisos que surge del “pacto de los 14 puntos”, reducir los déficit provinciales en un 60%, “resultará muy difícil sino imposible de cumplir”, dice Ambito Financiero (2/5), ya que los déficit provinciales ascenderán “a 3.800 millones, y no 2.053 como prometieron los gobernadores” (ídem), incluso con una “recuperación” en los ingresos tributarios en el segundo semestre, aunque “el derrumbe de los ingresos tributarios -tanto los que recaudan las jurisdicciones como sobre todo los coparticipables- se muestra muy superior a los pronósticos más conservadores”. Hay, además, una “deuda flotante” provincial de 2.000 millones de pesos correspondiente al primer trimestre del año, y que se origina en sueldos y pagos atrasados en el conjunto de las jurisdicciones. Ello llevaría sencillamente a reiterar, o aun superar, el déficit del año anterior…

En la provincia de Buenos Aires, Solá ha anunciado una reducción del déficit en 1.800 millones, pero “para cubrir los gastos del año, la provincia tendrá que emitir otros 1.400 millones de patacones” (Ambito, 26/4), lo cual duplica la masa circulante de ese bono y eleva la deuda bonaerense a casi 10.000 millones de pesos. Es decir que para cumplir con el “compromiso fiscal” con el FMI, las provincias deben desconocer una de sus recetas, que es la de parar la emisión de bonos. “Río Negro acelera el proyecto de creación de su petrobono, Mendoza y Chubut avanzan con un proyecto similar, y San Juan ya aprobó días atrás una emisión” (Ambito, 24/4). De este modo, circularían en el país quince monedas diferentes, configurando un cuadro absolutamente inédito de desintegración de un mercado nacional.

Lobbystas

El acuerdo de 14 puntos no sólo naufraga debido a la quiebra de los estados provinciales. El salteño Romero quiere una reforma impositiva “en la que las provincias sean responsables de recaudar” (El Cronista, 26/4) y “eliminar las retenciones, que no son coparticipables”, un planteo que están haciendo los pulpos gasíferos y petroleros. Las mismas petroleras están por detrás del planteo de Sobisch de formar una “unión de estados patagónicos” (Ambito, 6/2), una suerte de Emiratos Unidos, que viven de las migajas de las rentas de petróleo y gas.

Los trabajadores de Salta o Neuquén saben, sin embargo, qué es lo que pueden esperar de la “soberanía” que reclaman sus gobernadores: las regalías salteñas están prendadas a favor de la banca yanqui, por los préstamos otorgados a la patria contratista de Romero. Del mismo modo, Kirchner ha formado con las regalías un fondo de 500 millones de dólares que está colocado en el exterior, y que constituye un coto cerrado de la clique que gobierna Santa Cruz. En el otro extremo de esta dislocación, pero confirmándola, el chaqueño Rozas confesó “no tener la culpa por no tener petróleo o gas” (Norte, 26/4).

Crisis política y desintegración nacional

En este panorama de descomposición económica se ha instalado un cuadro de rebelión popular en un número creciente de provincias, alimentado por el atraso en los pagos a estatales, la carestía agravada por la desvalorización de sus monedas basura y la crisis de las economías agrarias ligadas al mercado interno. La intervención popular ha amenazado con “llevarse puestos” a los gobernadores de San Juan, Entre Ríos y Tucumán, lo que fue frenado por la intervención del tándem Alfonsín-Duhalde y los “frenapistas”. Es que, como explicó el entrerriano Montiel para justificar su propia permanencia, “una provincia que se desestabilice puede ser el comienzo de un quiebre general” (La Nación, 16/4). Mientras que para algunos Duhalde sobrevive como rehén de una “junta de gobernadores”, la “junta”, a su turno, no agrupa más que a representantes de estados quebrados y amenazados por la rebelión popular.

El planteo de “que se vayan todos los gobernadores” y se convoque a Constituyentes en la Nación y las provincias, constituye una salida a esta crisis y permitirá la nacionalización de los monopolios expoliadores del suelo, el subsuelo y las plataformas marítimas.