Si se quería demostrar que la ofensiva del kirchnerismo sobre la justicia no tiene como motivo ningún reclamo en función de los intereses populares, la designación de Martín Soria era la opción más demostrativa. El kirchnerismo ganó la pulseada después de una semana de tironeos al interior del oficialismo, en función de un candidato a ministro que ha abrazado la causa de lucha contra el lawfare como un verdadero converso. Pero hay que resaltar cuál es la trayectoria política de Martín Soria.

Representante del peronismo tradicional de Río Negro, Martín Soria juró como diputado en 2019 en memoria de su padre, Carlos, quien fuera jefe de la Side bajo el gobierno de Duhalde cuando se llevó adelante la masacre de Avellaneda. Venía de ser intendente de Roca, bajo el gobierno de su padre, cuando se aprobó la derogación de la Ley anticianuro en la megaminería. Carlos Soria fue asesinado por Susana Freydoz, su esposa. La justicia determinó como atenuante que existía un cuadro de larga data de violencia de género. Esto no fue impedimento para que Martín lo reivindicara en pleno años después. ¿Puede alguien como Soria encarnar una reforma progresiva de la justicia en materia de derechos humanos, defensa del ambiente o mejora de los derechos de las mujeres?

Sobre este último punto, el recién designado sostuvo que va a promover un mayor acceso de mujeres a los cargos judiciales. Pero esto no atiende al problema de fondo, un Estado que, incluso con posiciones jerárquicas dirigidas por mujeres, apaña sistemáticamente la violencia de género. ¿O cambia esta situación con la existencia de comisarías de la mujer? El kirchnerismo vuelve a demostrar que está lejísimos de una reforma judicial de fondo en la materia, que debería comenzar por plantear la elección de las jueces que intervienen en casos de violencia de género por el voto del padrón femenino.

Acá no está en juego una agenda de reforma de la justicia que termine con los innumerables atropellos contra el pueblo que cotidianamente lleva adelante el poder judicial. Lo que está en juego es, pura y simplemente, la agenda de defensa judicial de la expresidenta. Este era, justamente el punto por el que chocaban la exministra Losardo y Alberto Fernández con la camarilla K. La pulseada la volvió a ganar el kirchnerismo, que avanza en el gabinete presidencial.
La defensa de la camarilla kirchnerista acusada por corrupción es una agenda para liberar a los Báez, a quien Cristina defendió a través de Parrilli, a los Cristóbal López, que estafó durante años a la AFIP siendo agente de retención impositiva en la venta de combustibles, a los De Vido y a los Boudou. Es que el entrelazamiento con las causas de la expresidenta de toda esta agenda hace que el avance de los juicios condicione la situación de la vicepresidenta. Obviamente, esta defensa no tiene nada que ver con los intereses populares.

Soria no tiene una tarea fácil. Es que las causas están en curso y hacen falta modificaciones de fondo del poder judicial para frenarlas. Por ejemplo, cambiar fuertemente la constitución de la Corte Suprema. Pero el gobierno no ha reunido las condiciones políticas para desarrollar a fondo esta ofensiva. El limitado proyecto de reforma judicial de Alberto Fernández sigue durmiendo el sueño de los justos en el Congreso. En estas condiciones, las propuestas de “reforma” de la justicia apuntarán a negociar con el poder judicial una salida frente al avance de las sentencias. En ese sentido parecen apuntar las declaraciones de Soria afirmando que “el propio poder judicial debe absolver a Cristina”.

Cristina sostuvo en su alegato que “el poder” real reside en los medios de comunicación, “las corporaciones” y el poder judicial. Pretende colocarse como expresión de una vertiente política ajena al mismo. Nada más encubridor, porque el kirchnerismo es una fracción del aparato de Estado con vínculos profundos en la burguesía nacional, la justicia, la patria contratista e incluso con banca en sectores del imperialismo. La “lucha” por la impunidad no es una lucha “contra el poder”. Es una pelea entre las fracciones del régimen que han gobernado la Argentina en las últimas décadas y nos han llevado a esta situación de crisis. Y, al mismo tiempo, es materia de todo el régimen social y político, porque no olvidemos que la causa de los cuadernos involucró nada menos que a 101 empresas de las principales del país, empezando por Techint, pasando por Iecsa hasta los Báez o los Cristóbal López.
La designación de Soria puede ampliar los choques entre el gobierno y la justicia. Pero en estos choques están ausentes los intereses de fondo de los trabajadores. Los mismos se expresarán, sí, en la movilización del 24 de marzo, que denunciará la impunidad de ayer y de hoy, levantará una tribuna de denuncia de la responsabilidad del estado en la violencia contra la mujer, y planteará la denuncia de todos los atropellos del poder judicial y el conjunto del Estado contra las masas.

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