El gobierno finalizó el primer trimestre del 2022 sobrecumpliendo las metas fiscales impuestas por el FMI. El déficit primario estipulado por el organismo para dicho período era de $222.264 millones (0,30% del PBI) y el rojo de las cuentas terminó siendo de $192.735 millones (0,27% del PBI), fruto de que los ingresos tributarios crecieron en un 66,5% interanual, lo cual convive con una política de ajuste. Ahora bien, esta mayor recaudación es resultado, en parte, del efecto confiscatorio que tiene la escalada inflacionaria sobre los salarios a través de impuestos al consumo como el IVA.

La inflación récord de marzo, del orden del 6,7%, se tradujo en un aumento del 59,1% interanual de los ingresos fiscales por medio del IVA, según los últimos datos del Ministerio de Economía. Como sabemos, se trata de un impuesto completamente regresivo al consumo popular, que representa el grueso de la recaudación tributaria del país. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso arroja que en el mes de marzo, lo ingresado vía IVA conformó el 30% de los recursos tributarios del primer trimestre 2022, y, según un informe del CEPA, dicho impuesto aportó el 36,7% de la recaudación del 2021. A su turno, Ingresos Brutos, un impuesto que las patronales se encargan de trasladarlo al precio final que pagan los consumidores, significó el 75,4% del ingreso tributario de las provincias el año pasado; algo que tenderá a profundizarse considerando que el nuevo Consenso Fiscal promueve la suba de ese tributo.

Así las cosas, se ve de manera inteligible cómo la carga tributaria del país recae fundamentalmente sobre las espaldas de los trabajadores, quienes pagan con sus condiciones de vida todos los requisitos del acuerdo con el Fondo. Hasta las exigencias fondomonetaristas sobre recaudación son costeadas con los ingresos de la población trabajadora. Además, en la medida que recrudezcan la consecuencias recesivas inmanentes al pacto con el FMI -producto de la suba de tasas del BCRA y las restricciones a las importaciones, por ejemplo- los niveles de recaudación ligados a la actividad económica mermarán, con lo que la presión fiscal sobre el pueblo trabajador se agravará.

Por otro lado, mientras las autoridades del FMI y el gobierno posan de preocupados por el descalabro de precios, no tienen ningún reparo en valerse de la inflación para transferir recursos desde el bolsillo popular hacia las arcas del Estado y cumplir de ese modo con las metas fiscales fijadas como garantía para el repago de la deuda. Esto, sin mencionar que la agenda estipulada por el Fondo promete un nuevo salto inflacionario como resultado de los tarifazos, la suba del combustible y la devaluación.

Vale poner de relieve la impostura de un gobierno que hace demagogia con un bono para la población más vulnerable mientras expolia constantemente a las mayorías populares mediante gravámenes al consumo. Entre tanto se dispone a erogar por única vez $200 mil millones para este IFE devaluado, solo en el mes de marzo recabó $384.314 millones a través del IVA. Asimismo, parte de lo devengado para financiar el bono volverá al Estado toda vez que sus beneficiarios realicen alguna compra y por cada producto deban pagar el 21% de IVA. En resumen, una limosna en medio de una enorme confiscación. Lo anterior contrasta con el trato que reciben los capitalistas, que por supuesto no son alcanzados por los impuestos al consumidor final, mientras sí gozan de subsidios millonarios y exenciones impositivas varias.

No obstante, lo peor está por venir: tras la aprobación del memorándum en el Congreso, el FMI emitió un documento donde plantea que el gasto primario deberá reducirse un 0,5% del PBI durante 2022, el equivalente a $350.000 millones. El ajuste se focalizará en “en subsidios, asistencia social, transferencias a las provincias y en la compra de bienes y servicios” (Clarín, 21/4) e integrará el temario de cada revisión trimestral del Fondo. Sin dudas, la inflación anual proyectada por encima del 60%, además de propiciar la recaudación por medio del IVA, estará al servicio de licuar el gasto público para alcanzar esas metas.

Debemos exigir, entonces, que el financiamiento del Estado repose íntegramente sobre la renta capitalista, eliminando los impuestos regresivos como el IVA y la cuarta categoría de Ganancias que grava los salarios y aplicando un impuesto permanente y progresivo al gran capital. Al mismo tiempo, enfrentemos en la calle el ajuste que, como vimos, no hará más que agudizarse con el rumbo fondomonetarista adoptado. Este 1° de Mayo copemos la Plaza en defensa de un programa de los trabajadores.

 

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