Gildo Insfrán, quien acaba de jurar por séptima vez consecutiva como gobernador de Formosa, colocó al frente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a un referente suyo, el Ingeniero Luis Basterra. Es una demostración del peso de Insfrán dentro del armado político de Alberto Fernández.

Basterra fue Ministro de la Producción y Ambiente de Formosa entre 2003 y 2009, y luego hasta 2011 ocupó el cargo de vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Para que no haya dudas, el nuevo ministro había jurado días atrás como diputado nacional por Formosa con las siguientes palabras: “Sí, juro. Por la patria, por nuestra provincia de Formosa y por nuestro gran gobernador y conductor, Gildo Insfrán”.

Su nombramiento fue bien recibido por las entidades patronales agrarias. El titular de Coninagro destacó que era una elección “acertada”. La Mesa de Enlace también ha saludado su designación, rescatando su trayectoria en la Comisión de Agricultura de Diputados. Precisamente en ese ámbito, reiteradamente se ha pronunciado a favor de la salida de una nueva ley de semillas, argumentando que los semilleros locales necesitan el patentamiento por una cuestión de rentabilidad, aunque no se le conoce posición frente al uso propio de las mismas. El lobby de Monsanto y compañía avizora grandes negocios por delante.

“Lo más importante que necesita Argentina es exportar, para que ingresen dólares y poder cumplir nuestras obligaciones. Por eso Agricultura es muy importante”, aseguró el presidente electo. Esta definición entraña un principio de conflicto entre el gobierno de Fernández y las patronales del campo, ante la perspectiva de un nuevo incremento de las retenciones a las exportaciones de soja, el maíz, el trigo y la carne vacuna. Ello centralmente ha decantado en que las empresas aceleren la comercialización de la actual campaña agrícola para evitar ser alcanzados por este posible aumento impositivo.

Los antecedentes del flamante ministro como funcionario de Insfrán son alarmantes. El gobierno formoseño le declaró la guerra a los pueblos originarios, que sufren la falta de acceso al agua potable, a la electricidad, a la vivienda, y permanentemente padecen el despojo de sus tierras a manos de bandas armadas que actúan a cuenta de los empresarios. Catapultó el negocio de las semillas transgénicas (soja, algodón), con uso indiscriminado de agrotóxicos. La deforestación, tala y quema de los bosques nativos para avanzar en el monocultivo de soja, la ganadería y el avance de la frontera petrolera, completan las características de la política que llevaron adelante todos estos años, en una Formosa que está entre las provincias más pobres del país y con mayores tasas de mortalidad infantil, desnutrición y analfabetismo.

Con el nombramiento de Basterra, el agronegocio está de festejo. Los campesinos y trabajadores rurales, en cambio, deben ponerse en alerta, al igual que las asambleas de pueblos y activistas que luchan contra los peligrosos agroquímicos en uso actual.