Hans Magnus Enzensberger, “Política y delito”

El caso de la Policía Federal respecto del caso Blumberg llama especialmente la atención: uno de los separados de la fuerza es el jefe de la Superintendencia de Investigaciones, comisario general Jorge Palacios, quien años atrás supo tener a su cargo la brigada de Antiterrorismo; otro, el titular de la División Antisecuestros, comisario general Juan José Schettino. Una pena: Schettino es experto en secuestros desde muy joven, tanto que, en tiempos de la dictadura y con el alias de “Carlitos”, fue miembro del grupo de tareas dirigido por el comisario Rosa (alias “Clavel”), caído en desgracia años atrás al salir a luz la protección mafiosa que daba a prostíbulos masculinos, entre muchos otros rubros. Recuérdese que hablamos de una fuerza cuyos dos últimos jefes terminaron presos, uno por asesino y el otro por ladrón de sus propios camaradas.

Al comisario Palacios, digamos al pasar, lo derribó una escucha telefónica de la SIDE, en guerra abierta con la Federal. A esa lucha entre servicios obedece también la caída del fiscal Jorge Sica, vinculado íntimamente con la central de espías y acusado de autorizar torturas a detenidos. Sica, como se recordará, había dispuesto la detención de Palacios, de Schettino y de un subcomisario de la comisaría 23ª.

A todo esto, el gobernador Felipe Solá se pelea con el gobierno nacional y exige mil millones de pesos para combatir el delito. El procurador general subrogante de la Nación, Luis González Warcalde, contesta con la separación de los fiscales. Gustavo Béliz demanda penalmente a Sica y los abogados de los policías exigen que se cite al ministro del Interior bajo cargo de complicidad. Carlos Ruckauf vuelve a proponer la “mano dura” y el “meter bala”, que ya aplicó durante su gobernación con el resultado conocido. Como ya hemos dicho en ediciones anteriores, frente a la crisis que se avecina por el colapso energético, la deuda externa y el estallido del peronismo, la cuestión de la inseguridad se ha transformado en un repugnante terreno de lucha entre quienes se disputan la sucesión del gobierno.

Ahora ha metido mano en la pelea Aníbal Ibarra con su propuesta de policía propia, para pelearle cajas negras —en principio los suculentos ingresos de la prostitución— a la PFA. Una lucha entre gángsteres, al estilo Chicago años 20.

En cuanto a la Bonaerense, ya queda poco por decir.

 

Salidos de madre

Las fuerzas de seguridad se encuentran en estado de disgregación. El gobierno admite el fenómeno cuando busca salidas por el lado de la intervención de las Fuerzas Armadas, o cuando el ministro de Seguridad provincial, León Arslanián —viejo fracasado—, pone a un fiscal al frente de la policía como si el Poder Judicial no estuviera corrompido hasta el tuétano como la propia Bonaerense.

Cierto es que toda policía, por su naturaleza, se corrompe inevitablemente debido a su contacto con el hampa, con el cual se entremezcla y confunde. En ese sentido, la podredumbre de la policía de Nueva York es un ejemplo de avanzada. Sin embargo, esa corrupción debe por necesidad mantenerse dentro de ciertos límites, para asegurar al Estado la eficacia de sus organismos de represión. En cambio, aquí las cosas ya son incontrolables para la propia burguesía, al punto que las fuerzas policiales se han convertido en un factor de alta inestabilidad política, capaces incluso de voltear gobiernos. Duhalde lo sabe bien.

Esa descomposición extrema se explica por la extrema descomposición del Estado, de los equipos políticos que gobiernan por cuenta de la burguesía y de la burguesía en cuanto clase, hundida en una crisis histórica.

Frente a tal desastre, el centroizquierda oficialista y la izquierda “democrática” no tienen nada que decir, salvo ligerezas.

Por ejemplo, sostener que el problema de la seguridad no puede solucionarse sin solucionar antes el problema de la miseria social, de la pobreza general, no sólo es inconducente; además, es un discurso reaccionario porque da a entender que quienes delinquen son los pobres y no el Estado mafioso con sus policías y sus políticos a la cabeza. El aumento de la pobreza y el crecimiento del delito son fenómenos que obedecen a una misma causa: la descomposición del aparato estatal.

El delito atraviesa todas las clases sociales, aunque, por supuesto, los ricos no asaltan quioscos ni roban garrafas: ellos organizan quiebras fraudulentas, vacían bancos, estafan ahorristas, organizan el contrabando y el narcotráfico a gran escala. Con ese fin necesitan tener de su lado al andamiaje del Estado: al propio gobierno, a la policía, los punteros, los intendentes, los jueces. He ahí el sottogoverno, la Mafia legalizada que ahora queda a la luz pública y produce multitudinarias manifestaciones de odio, como las que se vieron frente a Congreso y a Tribunales, con todas sus enormes contradicciones.

 

Qué hacer

El movimiento piquetero ha tomado la excelente iniciativa de meter mano en la cuestión de la inseguridad: nadie tiene más autoridad, puesto que nadie ha sacado a tantas decenas de miles de jóvenes de la marginalidad, los ha reintegrado a la clase obrera, a la lucha proletaria, al costo de mucha sangre derramada. Esto es: les ha devuelto la ciudadanía, aunque no podamos ser tan “decentes” como a Juan Carlos Blumberg le gusta, en tanto la palabrita implica “recato y moderación”.

No se puede ser tan recatado y moderado como usted propone, señor Blumberg, frente a la mafia policial que asesinó a su hijo. Y tampoco usted lo es, señor, como que pretende encarcelar niños y hacer de las cárceles campos de concentración con mano de obra esclava, lo cual ha sido transformado en proyecto de ley por el gobierno “progresista” de Kirchner, Bonasso y compañía. Téngase en cuenta que en los últimos nueve meses se han registrado 2.900 demandas por malos tratos en esas mismas cárceles.

Tampoco es moderado ni recatado incrementar el horario de trabajo de los empleados judiciales, mientras usted, señor Blumberg, mira al costado cuando se trata del gatillo fácil, de los asesinados por la represión, de las zonas liberadas, de la policía convertida en una organización mafiosa, de la sorprendente descomposición estatal que hace posible esta situación. Y que hizo posible, señor, el asesinato de su hijo.

Por eso no alcanza siquiera con proponer, en general, la disolución de la policía, porque hasta un sector de la patronal está pensando en esa posibilidad para dar intervención al Ejército o a otras fuerzas de seguridad, como ya sucede con Gendarmería o la Prefectura Naval, tan corrompidas como la otra. En cuanto al Ejército, ya se ha decidido que dé “apoyo logístico” a la lucha contra el delito. Ese mismo Ejército que contrabandea armas al exterior.

Y eludimos la trampa del llamado “control vecinal” de las instituciones, porque por ese “control” ineludiblemente se nos colarán las cámaras patronales y será lo mismo que poner al oso a cuidar la miel.

Por nuestra parte, retomamos la tradición cercana de Catamarca, de Santiago del Estero, de puebladas como la de El Jagüel o la de Floresta. La movilización popular necesita recomponer las asambleas populares en un grado superior, vincularlas con el control obrero sobre todos los ámbitos de la vida social. Así se podrá barrer la basura policial que aterroriza y asesina, y llevar a otra escala los abundantes antecedentes históricos que muestran cómo la población trabajadora puede hacerse cargo del poder de policía con la mayor eficacia.

Caso contrario, los petitorios de “mano dura” se volverán contra aquellos que los han firmado.