En Tucumán, en una ceremonia dedicada a exaltar la “cultura del trabajo”, el gobierno nacional anunció el Programa Interzafra, en “beneficio” de 9.600 desocupados de Tucumán, trabajadores temporarios de los cítricos, del azúcar y otras actividades. Estos recibirán 150 pesos durante cuatro meses, de diciembre a marzo, con la obligación rigurosa de realizar una “contraprestación laboral” en comunas rurales y municipios, en todo tipo de emprendimientos (obras públicas en recursos hídricos, vialidad, construcciones escolares). La jornada laboral no figura en la presentación del programa y puede que no sea por casualidad: gran parte de estos trabajadores son llevados a municipios distantes, con viajes de dos horas y jornada no inferior a cuatro, por lo que en el mejor de los casos se llega a una jornada de ocho horas por 50 dólares al mes. Mano de obra, por otra parte, móvil, despedible a los cuatro meses sin indemnización alguna ni garantía de continuidad con el plan.

Al mejor estilo del capanga, el recientemente electo gobernador aportó una novedad: “Al que no trabaje se lo dará de baja” de todo plan (La Gaceta, 10/12). No estamos en presencia siquiera del plan “Más y Mejor Trabajo” de “reinserción laboral” según el cual el Estado subsidia a las patronales con los 150 pesos del plan Jefes y Jefas y los aportes de seguridad social por ese monto, las empresas pagan la diferencia con el escalón más bajo del salario de convenio y a la vuelta de un período (cuatro meses) los empresarios que no efectivicen desocupados ven restringido su acceso a nuevos cupos. No. En este caso el régimen de adopción de los desocupados está al margen de cualquier convenio colectivo de trabajo y aún de cualquier norma de contratación “legal”. Es la consumación de lo que el ministro Tomada anunciara días atrás como una política de acuerdos “sectoriales” con distintas cámaras empresariales, municipios o sindicatos para la “reinserción laboral” (que se inició con un “convenio” con la cámara de empresas metalúrgicas que no ha sido dado a conocer y no forma parte de la negociación colectiva, a pesar de estar en marcha la paritaria del sector).

 

La burocracia sindical y esta reforma laboral

La lucha por la nulidad de la reforma laboral aprobada bajo el gobierno de la Alianza, puesta al rojo vivo por el deschave de la cadena de sobornos, no puede dejar de lado la movilización para desterrar “esta” reforma laboral. Una batalla estratégica del gobierno Kirchner, que pretende quebrar las tendencias al reclamo por el salario y dotar de mano de obra barata y flexibilizada a la impotente “burguesía nacional”.

Otra relativa novedad que aporta Tucumán es que el manejo del Programa Interzafra corresponde prácticamente a la burocracia sindical. Esta distribuye los cupos a manera de Bolsa de Trabajo propia (¿con peaje?), repitiendo el esquema de privilegio de la burocracia de la Uocra en las obras públicas o en la apertura de algún establecimiento, como en los talleres ferroviarios Gambier. Es una política consciente de debilitamiento de las organizaciones piqueteras y de intento de reconstruir una base cautiva de la “casta” sindical. Por estas razones, “el legislador y dirigente de Fotia, Roberto Palina, agradeció a los gobiernos nacional y provincial la puesta en marcha del programa” (La Gaceta, ídem).