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Las nuevas restricciones a la compra de dólares que acaba de anunciar el Banco Central son, antes que nada, la confesión de un fracaso por parte del gobierno. Era sabido que el ministro Martín Guzmán había rechazado en varias oportunidades tomar esas medidas, en nombre de que el acuerdo de reestructuración de deuda y la presentación del proyecto del Presupuesto 2021 lograrían calmar la corrida cambiaria e invertir la tendencia, pasando de la fuga a la entrada de capitales. Pero ocurrió todo lo contrario.

En lo que va del mes las reservas líquidas del Banco Central siguieron cayendo, quedando por debajo de lo que suele ser un piso técnico, estimado en tres o cuatro meses de importaciones. Se estaba barajando que la autoridad monetaria vendiera sus reservas de oro para hacerse de dólares, lo cual hubiese constituido una liquidación de las “joyas de la abuela”. La otra opción, convertir los yuanes en dólares, era todavía más trabajosa, porque requería tanto la aprobación de China con un costo financiero alto más la autorización del FMI -es decir de los EEUU, que está interesado en frenar el avance del gigante asiático en la región.

Las restricciones impuestas refutan no solo la premisa de que la reestructuración de la deuda sería la base para un lanzamiento económico que dejase atrás la recesión de los últimos años, sino que además muestran que ni siquiera sirvió para superar realmente el default. Sucede que la decisión de limitar el acceso de dólares al 40% de las deudas empresariales, y obligarlas a reestructurar el 60% restante o a conseguir dichos fondos en el mercado a un precio muy superior, implica avanzar en un default corporativo de grandes proporciones. En la cola también entran las provincias, que tienen deudas acumuladas en moneda dura por un monto superior a los 13.000 millones de dólares. Llamativamente sobre este punto no hubo anuncios, aunque es sabido que el gobierno ya les avisó que tampoco habrá dólares para ellas. Así, después de que todo el “sistema político” se reuniera en Olivos a festejar la salida del default, con Cristina Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta y el propio presidente de la Nación, vamos derecho al default de muchos Estados provinciales y de las corporaciones capitalistas.

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Condenadas al fracaso

La paradoja de la situación radica en que las medidas adoptadas ya fueron caracterizadas por el propio Guzmán hace solo días como destinadas al fracaso. La adaptación de las mismas revela un impasse de fondo y la necesidad de ganar tiempo. Por lo pronto, de manera inmediata agravarán todas las contradicciones del proceso económico. La brecha con el tipo de cambio paralelo se ampliará aún más, colocando más presión para una devaluación general del peso. Por lo pronto, luego del anuncio, el dólar trepó a 142 pesos.

La retención de la cosecha por parte del capital agrario también se intensificará, a la espera que una modificación sustancial del tipo de cambio mejore sensiblemente las cotizaciones en pesos de sus ventas al exterior. Lo mismo sucederá con las pocas inversiones directas del exterior que puedan estar previstas, las cuales esperarán también una devaluación para cambiar los dólares por una cantidad mayor de pesos. Como las decisiones tendrán en lo inmediato el efecto de una mayor restricción de la oferta, las tendencias devaluatorias se irán procesando en una brecha más ampliada.

La restricción al dólar comercial por deudas de importación o créditos externos tiene un efecto recesivo por un lado e inflacionario por otro, debido a que para sostener sus pagos las corporaciones apelarán a uno de los dólares del mercado paralelo. Esto es directamente devaluatorio y tiene efectos sobre los precios aún en medio de la depresión económica, acelerando las tendencias inflacionarias que venían en ascenso con el levantamiento de hecho de la cuarentena. El costo financiero va a ser enorme, y llevará a las empresas a trasladar a los precios el encarecimiento de sus créditos en dólares. Muchas consultoras ya ubican la inflación de agosto rondando el 3%. Un nuevo golpe a los salarios, jubilaciones y planes sociales.

El proyecto del Presupuesto 2021 que debía traer “certezas” ya ha quedado en desuso a la luz de estas medidas. Por un lado, porque las tendencias devaluatorias profundas convierten en poco creíble la estimación de un dólar a $ 101 para fines del año próximo. Por el otro, porque la estimación de que el déficit fiscal financiero de casi el 7% (incluye el pago de la deuda) será cubierto mayormente con emisión monetaria echará más leña al fuego todavía, agravando la quiebra del Estado. El recurso de esterilizar esa emisión mediante pases diarios del Banco Central o Leliqs solo agranda el tamaño de la bola de nieve, en tanto obliga en el corto plazo a una emisión adicional para cubrir el pago de intereses. Como ha sucedido ya en el pasado, la modificación del tipo de cambio tiene un correlato directo con la inflación, pues el traslado a los precios tiene como única barrera la recesión económica. Tanto las devaluaciones de Cristina Kirchner-Kicillof en el 2014 como las aplicadas por Macri tuvieron un efecto inflacionario casi inmediato.

La quiebra fiscal del Estado es un combustible que alimenta la crisis política, los choques entre las clases y los enfrentamientos con los trabajadores. Un ejemplo de ello es lo que acaba de suceder con el motín policial en reclamo de aumento de salario. La quita de los fondos a la Ciudad de Buenos Aires en beneficio de la Policía Bonaerense implicó un choque con Rodríguez Larreta, frustrando el armado de un centro político por el cual bregaban varios sectores capitalistas. Otro ejemplo de ello es el DNU declarando “servicio público” a los servicios de telecomunicaciones, que en la práctica implica solo el congelamiento tarifario hasta fin de año que el gobierno improvisó ante el recalentamiento de la inflación. Una situación similar se planteará ahora con el resto de las tarifas, ya que las concesionarias reclaman aumentos o subsidios, pero el Estado carece de fondos para ello.

El gobierno ha justificado el paquete de medidas económicas en nombre de que los dólares se priorizarán para financiar las importaciones necesarias para la actividad económica. Pero el nivel de caída de reservas tampoco habilita esa posibilidad. La industria autopartista acaba de anunciar que está al borde de la parálisis porque el Banco Central le retacea las autorizaciones de importación de mercancías. De ocurrir, afectará también a las terminales automotrices. La alternativa de conseguir los dólares en los mercados paralelos implicará un encarecimiento directo de la producción que se trasladará directamente a los precios del consumidor.

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Lo que se viene

Las medidas adoptadas no afectarán a todas las clases sociales por igual. Para una porción amplia de trabajadores, profesionales y cuentapropistas, el llamado dólar ahorro se había transformado en una fuente de ingreso adicional para compensar parcialmente la falta de paritarias o en un recurso de defensa elemental del ahorro familiar. En cambio, sectores capitalistas con mecanismos más sofisticados suelen eludir los controles o hasta beneficiarse de ellos, en tanto recurren a la sobrefacturación de importaciones o la subfacturación de exportaciones. El golpe para la actividad económica también afecta por sobre todo a los trabajadores, sea con la pérdida directa del empleo o con reducciones salariales. Es un proceso que está en marcha, como lo prueba el medio millón de puestos de trabajo que se perdieron en lo que va del año y la caída en picada del salario. Este combo explica la caída del consumo en el mes de agosto, que llegó al récord de 5,4%.

La inviabilidad de la política en curso ha creado un descontento que alcanza a todas las clases sociales. Luego del motín policial, la clase capitalista está realizando su propio chantaje reclamando al gobierno un ataque más duro contra los trabajadores. La decisión de varias cadenas internacionales de retirarse del país ha sido seguida por el reclamo de llevar adelante una reforma laboral integral contra la clase obrera, que afecte tanto al salario como las condiciones laborales. La excusa usada invocando el “costo del trabajo” omite que los salarios medidos en dólares están en su piso histórico, muy por debajo de los países de la región. El descontento alcanza a las clases medias, que se ven arrastradas a un retroceso general de su nivel de vida. Una parte de ella sigue la orientación de la derecha, a pesar del rotundo fracaso del gobierno macrista.

La crisis que enfrentan los gobiernos derechistas en la región muestran a la claras que la crisis mundial afecta por igual todas las salidas capitalistas, sean derechistas o “populistas”. Por el lado de los trabajadores, al “cepo” de la cooptación de las centrales sindicales y el trío San Cayetano se les escaparon las ocupaciones de tierras que protagonizan miles y miles de trabajadores en todo el país, poniendo en la agenda de la clase obrera la cuestión de la tierra y la vivienda.

El seguro fracaso de las restricciones anunciadas anticipa que marchamos hacia una devaluación general, con su secuela de consecuencias sociales que pagarán los trabajadores. El nivel de la bancarrota económica no puede ser enfrentado con medidas reglamentarias, cuyo fin último es asegurar los intereses y las relaciones sociales capitalistas. Es necesario proceder a una reorganización general de la economía, que parta de una nacionalización integral de la banca y del comercio exterior, de los principales conglomerados industriales y agrarios, bajo la dirección de un plan centralizado dirigido por los trabajadores. El punto de partida es la lucha por el salario por paritarias con mandato y sin techo, la ocupación de las fábricas que cierran, la lucha por el seguro al parado de $30.000, contra el robo de la movilidad a los jubilados y por la tierra y la vivienda. En resumen romper el pacto de la burocracia sindical con el gobierno y los capitalistas para que la crisis la paguen ellos, las banderas que el Plenario Sindical Combativo levantará en la Plaza de Mayo.

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