La semana pasada entró en vigencia una de las ‘famosas’ 150 leyes sancionadas por la Legislatura saliente de Buenos Aires en el curso de una noche. Se trata de la disposición que exime de todos los impuestos municipales a las obras nuevas en el sur de la ciudad. La exención total regirá durante tres años, mientras que en los tres subsiguientes sólo se pagará el 50% de estas tasas.

Pero estas obras quedarán también liberadas “del impuesto que se paga para el permiso de obra, cuyo valor está relacionado con los metros cuadrados por construir” (Clarín, 27/8).

El paquete de exenciones impositivas tiene un claro beneficiario: las grandes empresas constructoras, que verán aumentados los beneficios para las edificaciones al sur de Directorio y San Juan. Pero para los actuales habitantes de estos barrios continúan vigentes todos los impuestos municipales.

Los ‘pulpos’ podrán ofertar por viejas casas o terrenos un valor de compra que estará disminuido por la carga impositiva que soportan sus actuales ocupantes. Pero al edificar y vender, podrán incorporar a los valores de venta los beneficios resultantes de seis años de exenciones impositivas. Este mismo superbeneficio vale para las refacciones, lo que recreará en el sur de la ciudad el negocio del reciclado de casas, que en otros barrios ya elevó considerablemente el costo de la vivienda.

Se ha montado así un fabuloso incentivo económico a la expulsión de los actuales habitantes de la zona sur de la ciudad. Las exenciones, que vienen siendo largamente anunciadas, han desatado desde hace meses una “fiebre compradora” de casas viejas en barrios como La Boca y Barracas. Simultáneamente, han recrudecido los desalojos.

Al saludar este paquete impositivo, Ibarra destacó que “en el sur los privados no invierten porque no encuentran los servicios adecuados”. Y que “el sector público no invierte porque se limita a marchar detrás de la inversión privada”. Lo que el jefe de Gobierno está anticipando es que, para las nuevas “inversiones”, existirá infraestructura comunal adecuada (de la que hoy no gozan los vecinos de la zona sur). Es decir que además de los “incentivos fiscales”, los pulpos gozarán de obras públicas “sin cargo” para facilitar el acceso a los centros comerciales o complejos hoteleros que se construyan.

El presupuesto de la Ciudad se coloca así al servicio de los especuladores inmobiliarios y el gran capital. El Partido Obrero plantea: exención impositiva para la vivienda familiar única en la ciudad. Impuestos progresivos a la gran propiedad inmobiliaria y comercial. Ningún desalojo. Por alquileres y cuotas que no excedan el 10% del salario del jefe de familia.