El diario La Nación publicó este jueves en su edición impresa un artículo que recoge un informe del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, mostrando que las tarifas de luz en el interior del país son muy superiores a las del Área Metropolitana (hasta un 189% más en el caso de Córdoba). El sentido del informe es presionar para una quita de subsidios y un aumento en regla en el Amba; es decir, forma parte de un extendido lobby a favor de los tarifazos.

El argumento es que la falta de actualización de las tarifas desincentiva la inversión y conduce al empeoramiento del servicio; en cambio, su adecuación traería las inversiones necesarias. Sin embargo, en el interior del país, pese a que los aumentos han estado muy por encima del Amba, los cortes de luz son también moneda corriente. Esta semana los hubo en numerosos barrios de la capital cordobesa (Villa El Libertador, Congreso, Santa Isabel, Comercial, Mirizzi, Santa Rosa Residencial, Carbó) y de Santa Fe capital (Fomento, Los Hornos, 9 de Julio, Escalante, Barranquitas, y otros). El 3 y 18 de diciembre, en Tucumán. En Rosario, a fines de diciembre empezaron a aplicarse cortes programados y rotativos.

Los tarifazos del interior, que en algunos casos -a diferencia de los salarios- siguen el curso de la inflación, abarcan tanto a administraciones del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio. Echemos un vistazo.

En Mendoza, la provincia gobernada por el opositor Rodolfo Suárez (UCR-Cambiemos), se autorizaron en 2021 aumentos que totalizaron más de un 40%. Ese año empezó con un guadañazo del 30% sobre los bolsillos de los usuarios, en medio de denuncias por deficiencias en el servicio y falta de inversiones. La firma que está a cargo es Edemsa, propiedad de José Luis Manzano y Daniel Vila (dueño del Grupo América), los mismos que compraron recientemente en 100 millones de dólares al grupo Pampa Energía la mitad de las acciones de Edenor. Para este comienzo de 2022, Cornejo autorizó un regalo de reyes para estos empresarios, con una nueva suba de entre 7,5 y 10% para usuarios residenciales.

En Santa Fe, la Empresa Provincial de Energía (EPE, administrada por el Estado) anticipó este mes un incremento del 25%, que se suma al 31% en tres partes (mayo, julio y noviembre) habilitado en 2021. Si tomamos abril 2021-2022, el aumento rondará un 56%, con lo que seguramente superará la inflación interanual. Un tarifazo en regla. La provincia está gobernada por el justicialista Omar Perotti.

En Tucumán, Edet (controlada por CGE, de mayoría de capitales chilenos) se vio favorecida por dos aumentos que totalizaron un 40% en 2021. La Dirección de Comercio acaba de aplicar multas por 15 millones de pesos a la compañía por los cortes de diciembre y el del día del padre… ¡de 2019!. Se tomaron su tiempo para pensarlo. Lo cierto es que como las multas son bajas y no se actualizan por inflación, para las empresas es preferible pagarlas que invertir en la mejora del servicio. La provincia norteña está gobernada por Osvaldo Jaldo (Frente de Todos), quien sucedió al ahora jefe de gabinete Juan Manzur.

En Córdoba, que “tiene por lejos el valor agregado de distribución [uno de los componentes de la tarifa] más caro del país”, según el secretario de energía de la Nación, Darío Martínez (Puntal, 8/11/21), el gobierno de Juan Schiaretti habilitó a la estatal Epec a una suba del 21% el año pasado.

Desde las privatizaciones en los ’90, las distribuidoras de energía se han visto favorecidas por tarifas dolarizadas bajo el menemismo, subsidios multimillonarios con el kirchnerismo, y una combinación de tarifazos y subvenciones con el gobierno de Alberto Fernández. La población, mientras tanto, es víctima de los apagones y la desidia empresaria.

Planteamos el rechazo a todo tarifazo, la apertura de los libros de las empresas y la nacionalización del sistema energético bajo control de los trabajadores.