A raíz del choque de trenes del 30 de junio en Chacabuco (estación Rawson, provincia de Buenos Aires), la Subsecretaría de Servicios Públicos del Ministerio de Infraestructura bonaerense decidió suspender todos los servicios de Ferrobaires para preservar la seguridad de usuarios y operarios.

 

Mediante un comunicado extemporáneo -ya que el estado de abandono se arrastra hace un cuarto de siglo-, la CNRT y la AGN calificaron de “crítico el estado de la empresa y deficiente el estado de vías y material rodante”.

 

El informe de la AGN señala “La mayoría de las unidades poseían kilometrajes que excedían lo recomendado, y se acumularon reparaciones no realizadas equivalentes a 83.040.000 kilómetros de exceso, lo cual demuestra el mal estado y avanzado deterioro del parque ferroviario que prestaba servicios”. “No sólo el material rodante estaba deteriorado sino también la infraestructura de vías, señalamientos y telecomunicaciones, debido a la nula inversión en mantenimiento”.

 

Esto no es una novedad, sino que debería ser parte de la carátula de procesamiento a las autoridades salientes y a los concesionarios.

 

En el marco del accidente, apareció un decreto que anuncia obras públicas destinadas a los ferrocarriles.

 

El soterramiento de las vías del Sarmiento demandará 45 mil millones de pesos. Otras obras previstas (viaductos, electrificación y puesta en valor de diversas líneas) tendrán recursos por 23 mil millones de pesos. En total, tomando en cuenta otras obras menores, el monto para proyectos ferroviarios suma 83.114 millones de pesos.

 

En el festival de los créditos internacionales junto a la deuda pública contraída juegan un fuerte papel parientes y contratistas amigos. “El mayor desembolso está destinado al soterramiento del Sarmiento, donde participan de la italiana Ghella, la brasileña Odebrecht (cuyo titular está detenido por sobreprecios) y IECSA, de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri” (Inforieles, 25/6).

 

Luego del accidente ha saltado la liebre; Vidal había establecido un convenio de tercerización para alquilar locomotoras a una UTE conformada por contratistas K: las empresas CPCSA y Solana SRL, ligadas a Cristóbal López y Lázaro Báez.

 

Estas empresas están acusadas de ser responsables de la instalación de durmientes de cemento que se fisuraron, lo que derivó en la paralización de los trenes a Mar del Plata. De acuerdo al relevamiento e inspecciones en las obras, se detectaron 14.479 durmientes quebrados en el corredor Buenos Aires-Mar del Plata, provistos por la empresa Solana SRL-Dhasa. Estos datos fueron suministrados mediante pruebas de aptitud realizadas por la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Ingeniería de la UBA, el Laboratorio de Materiales y Estructuras de la UNLP, el Grupo de Ensayos Mecánicos Aplicados, la Unidad de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Civil, el Inti y el Instituto de Mecánica Aplicada y Estructuras.

 

Según especialistas, el recambio de durmientes averiados podría demandar hasta dos años de trabajo, para lo cual se deberán invertir cerca de 73 millones de pesos. 

 

En la investigación iniciada por los contratos de alquiler de material rodante de Ferrobaires a las empresas Solana, CPC Ingeniería y Ferroexpreso Pampeano, se descubrieron cuatro nuevos contratos ocultos. Hay seis compañías privadas a las que se les alquilan locomotoras. Y cuatro de ellas que le restan operatividad a Ferrobaires: Ferrosur; Industria Ferroviaria Dycasa; Super Cemento (Franco Macri); Marcalba. Con las tercerizaciones a toda vela, las formaciones de Ferrobaires se oxidan en Kilo 4, por falta de mantenimiento.

 

Solana SRL que tiene contratos millonarios con Ferrobaires, aún no abonó ni la primera cuota de una deuda de más de 2.000.000 de pesos con la empresa estatal (Hoy, 14/6).

 

Otro dato de la negligencia con que el gobierno de Vidal tomó Ferrobaires es que el titular nombrado es el coronel de Caballería (RE) Fernando Diotti, un inexperto en temas ferroviarios.

 

Cientos de obreros de la UF y La Fraternidad se movilizaron el 1° de julio a Constitución y a Temperley para exigir a sus sindicatos la defensa de los puestos de trabajo ante el larguísimo vaciamiento desenvuelto por menemistas, nac&pop y UCR/PRO.

 

Que se abran los libros de Ferrobaires bajo control obrero.

 

Juzgar y encarcelar a los vaciadores del presente y del pasado.