La jueza Servini de Cubría acaba de aceptar el decreto del gobierno porteño, que convoca a elecciones de legisladores locales para el 29 de marzo de este año.

El gobierno nacional, que no quiere una prueba electoral en la Capital previa a las legislativas de este año, declaró que ya era una decisión tomada apelar el fallo (Clarín, 31/12).

Pero la convocatoria por la vía judicial, que contó con el apoyo de todos los partidos de la Estatuyente, incluido el PJ, ya preveía la apelación del gobierno a la Cámara Electoral y, finalmente, a la Corte Suprema (Clarín, 4/12). Un trámite que, feria judicial mediante, apunta a resolverse bastante más allá del 30 de marzo.

Claudia Bello, presidente del PJ capitalino, declaró que “acompañaría a las fuerzas del distrito, pero puso en duda la voluntad de De la Rúa de ir a elecciones… (que)… ‘no están incluidas en el presupuesto municipal’” (ídem). El secretario de gobierno de la comuna, Gauna, al comentar el fallo de Servini, dijo: “nos reconoce la autonomía y la facultad del jefe de gobierno de llamar a elecciones”… “pero también establece los inconvenientes técnicos para llevar adelante la elección” (Clarín, 31/12). De la Rúa manifestó numerosas veces que, más allá de su voluntad, la ciudad no contaba con los padrones electorales y otros dispositivos que dependen del gobierno nacional.

Los datos políticos centrales son que el gobierno surgido de la Estatuyente aceptó las condiciones del co-gobierno con un Concejo Deliberante de mandato vencido, antipopular y con una presidencia menemista, que ahora acaba de renovarse con consenso de todos los partidos. En un marco en el que prima el pacto de “gobernabilidad” entre las fuerzas‘antimenemistas’ y el gobierno, con eje en De la Rúa (ver nota), la vía judicial de convocatoria a elecciones es la del empantanamiento. La convocatoria a la movilización popular de “la ciudadanía de la capital, impedida de elegir democráticamente a sus legítimos representantes” (La Nación, 13/12), no está en los cálculos de ninguna de estas fuerzas.