Veinticinco muertos por envenenamiento, más de un centenar de afectados, muchos de ellos de gravedad: esta vez ha sido el vino, como ayer fueron los propóleos, la muzarella, la leche de Vicco, el agua mineral trucha, las frutas de las quintas del Gran Buenos Aires. ¿Qué será mañana?

Las muertes, como siempre, se registraron entre la población trabajadora y especialmente entre sus estratos más sumergidos, los que sólo pueden comprar vino suelto. No hay intoxicados entre los explotadores que toman las finas botellas de “tres cuartos”.

Como en todos los otros casos, también esta vez la causa de la masacre es la voracidad capitalista: por cada litro de alcohol de quemar agregado al vino se “estira” hasta siete veces su producción… y las ganancias. La vida y la salud de la población trabajadora están en manos de una gavilla —la clase capitalista— que le envenena la comida, el agua (¡las curtiembres y los frigoríficos del Reconquista!), cuando no la envía a la muerte en la ruta en micros truchos como en Santo Tomé. Como todo crimen capitalista contra el pueblo, cada uno de estos “casos” continúa impune: Vicco y Spadone siguen libres, los frigoríficos del Reconquista siguen funcionando y no hay acusados por el “accidente” de Santo Tomé.

Después de las sucesivas y sistemáticas “desgracias”, que asumen las dimensiones de un auténtico genocidio social, es un lugar común afirmar que el Estado ha dejado de realizar los más mínimos controles sobre las mercancías y servicios que usa la población. El Estado es incapaz de actuar como un “capitalista colectivo” que en nombre de los intereses generales de la burguesía limita y persigue los “excesos” de los capitalistas individuales; ha perdido toda autonomía respecto de las clases explotadoras —un síntoma evidente de crisis política— porque se ha convertido en el rehén y el gestor de distintas cliques capitalistas.

En  este caso la camarilla menemista es responsable directa de la extensión que adquirió el envenenamiento, ya que está en el centro de los intereses políticos y económicos que se movieron detrás de la masacre.

Según Clarín, la bodega que fabricó el vino envenenado siguió funcionando normalmente durante los primeros días de la intoxicación —los más críticos y en los cuales los consumidores caían como moscas— y su propietario quedó en libertad —lo que naturalmente le permitió borrar las evidencias— gracias a la “protección” del juez Julio Correa, un hombre del bloquismo sanjuanino. Son conocidas las vinculaciones entre el partido provincial sanjuanino y los bodegueros. Siempre según Clarín, el gobierno nacional “dejó hacer” a Correa para no “irritar” al bloquismo, cuyos votos en Senadores y Diputados corteja para obtener la reforma previsional y, sobre todo, la reelección. Sólo cuando los muertos superaron la docena y cuando la impunidad de los envenenadores ponía en evidencia a los ojos del país la complicidad oficial, el menemismo accedió a impulsar que la causa pasara a manos de otro juez.

Hay más. El Instituto Nacional de Vitivinicultura —el organismo que tiene la responsabilidad directa por los controles que no se hicieron— está directamente en las manos de la camarilla menemista. El mismo Clarín informó que Menem nombró en el INV a hombres de su “extrema confianza” —Eduardo Martínez y su propio sobrino, llamado también Carlos Menem— porque “la vitivinicultura es la industria de la familia del presidente”.