En plena campaña para la intendencia de la capital cordobesa cobró estado público a través de los principales medios de comunicación una grave denuncia que implica a dos candidatos a concejales en investigaciones vinculadas con el narcotráfico. Se trata de Cristian Chesarotti -9º candidato a concejal- y Jessica Rovetto Yapur -10º candidata a concejala,- ambos integrantes de la lista de Juntos por el Cambio que encabeza Rodrigo De Loredo.

El caso de Cristian Chesarotti da cuenta del alcance de estos vínculos con la propia campaña de De Loredo. Semanas atrás se produjo la detención del hermano menor de Chesarotti en un allanamiento en su excasa familiar de barrio Marqués de Sobremonte, hoy convertida en un bunker partidario. El procedimiento se realizó en el marco de un operativo policial en busca de cocaína proveniente de una banda con base en barrio Alberdi, pero que se habría extendido territorialmente. En el mismos se detuvieron a cinco personas, entre ella al hermano de Chesarotti, y se incautó marihuana, efectivo y material de la campaña electoral de Juntos por el Cambio. En un episodio insólito, días después se presentó ante la justicia la esposa de Chesarotti a reclamar parte del dinero secuestrado por la Policía, argumentando que estaría destinada a pagarles a los militantes.

Paralelamente, se dio a conocer que el esposo de Jessica Rovetto Yapur, Lucas Agüero, se encuentra procesado por estar vinculado a una banda dedicada al narcotráfico, e imputado por una participación en un operativo de traslado de cargamento con 270 kilos de marihuana, donde habría oficiado “punta” del vehículo que trasladaba la mercancía. La causa fue iniciada en el año 2021, momento en que se libró una orden de detención contra Agüero, quien fue interceptado en un control vehicular y finalmente detenido.

Esta causa estaría en estrecha relación con otra que investiga el lavado de dinero, ya que el principal imputado por la causa de narcotráfico sería Caro, conocido como Cañete y sindicado como el jefe de la organización, quien además habría montado una concesionaria de autos de alta gama en Carlos Paz para lavar el dinero proveniente del narcotráfico.

Las denuncias causaron un alto revuelo en el marco de la campaña lo que provocó que todas las fuerzas políticas, y varias organizaciones civiles, reclamaran a De Loredo que excluyera de la lista a los dos “candidatos narco”. La negativa del De Loredo a desplazar a los implicados revela mucho más que las propias denuncias. Es evidente que existen estrechos vínculos del radicalismo y más en general de Juntos por el Cambio con estas redes que funcionan como una de las fuentes de financiamiento de su propia campaña. El discurso antinarco, contra el crimen organizado y la corrupción,  que levanta Juntos por el Cambio a nivel nacional se derrumba tras el respaldo activo de Patricia Bullrich a la lista de De Loredo, incluido sus narcoconcejales.

Un show electoral de dos fuerzas en descomposición

Tras los escandalosos trascendidos desde el PJ montaron un show electoral para socavar la candidatura de Rodrigo De Loredo, en una elección sumamente polarizada. En este contexto, Daniel Passerini, candidato a intendente por Hacemos Unidos Por Córdoba (PJ), salió al cruce reclamando a Rodrigo De Loredo que retire de su lista a los candidatos implicados, y no perdió oportunidad para embanderarse con la lucha contra el narcotráfico.

Se trata, sin embargo, de una puesta en escena propia de una campaña liderada por dos fuerzas políticas en descomposición. El show habría comenzado semanas atrás, luego de la derrota de JxC en las elecciones provinciales, cuando Luís Juez salió a denunciar al oficialismo por el reparto de drogas a cambio de votos. Pero el narcotráfico en nuestra provincia se viene extendiendo hace años bajo los gobiernos tanto del PJ como el radicalismo en la ciudad. Basta recordar la trama del narcoescándalo que salió a la luz en 2013 bajo el gobierno de De la Sota para divisar la vinculación de unos y otros con las redes narcos.

Sin duda, la lucha contra el narcotráfico no puede provenir de fuerzas políticas que financian sus campañas con el dinero que lavan las redes del crimen organizado, y mucho menos reforzando un aparato policial descompuesto socio de los narcos que garantiza su impunidad, tal y como lo proponen ambos candidatos.

Es necesario terminar con esta impunidad, empezando por sentar en el banquillo de los acusados a los comisario y funcionarios judiciales y políticos cómplices; abrir los libros de las comisarías para divisar el funcionamiento de estas redes; y establecer un control popular mediante la elección directa de funcionarios, jueces y fiscales.

Para pelear contra los políticos capitalistas y sus narcocandidatos, este domingo 23 votemos en la ciudad de Córdoba por el Frente de Izquierda Unidad, para reforzar la bancada parlamentaria de lucha.

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