Néstor Pitrola: –La gran irrupción popular que se veía venir y que culminó el 10 de mayo con medio millón de personas en la Plaza de Mayo, 120 mil en Córdoba, 70 mil en Rosario y así en todo el país, arrancó un tratamiento extraordinario de la ley en la Cámara de Diputados que incluyó un debate que duró siete horas. El Partido Obrero asistió de entrada con el reclamo del juicio político a los jueces que avalaron el fallo del 2×1. Pero esta ley se urdió para emparchar esa situación, para darle una excusa a la misma Corte del fallo del 2×1 para que no sigan saliendo en libertad los genocidas como resultado de la presión popular. Se arrancó eso. Y es muy importante: ya se le ha denegado a Astiz, Etchecolatz y otros.

 

¿Pero qué hacemos? ¿Dejamos en pie a una Corte que preparó largamente este fallo, que está ideológicamente comprometida con ese fallo? ¿Que quiere cambiar el carácter del régimen político en la Argentina para que vuelvan la Fuerzas Armadas a la vida política y a las cuestiones internas? Lo que se conjuga con la política de reconciliación entre las víctimas del terrorismo de Estado con sus victimarios, con los asesinos, con los genocidas. Se trata de una política que planteó la Iglesia mediante la cúpula del Episcopado 24 horas antes de que se dictara el fallo, y por eso estimamos que de ninguna manera fue casual.

 

El fallo es producto de una política de Estado, que lo preparó. El mismo gobierno de Macri dictó el decreto 721 que hemos denunciado de inmediato. Fuimos a la Comisión de Defensa del Congreso, tuvimos un debate con Elisa Carrió por el tema. Se trata de un decreto de Macri del año pasado que le otorga autonomía a las Fuerzas Armadas con una cantidad de prerrogativas como la designación de mandos, traslados, de formación de nuevos oficiales por parte de viejos oficiales comprometidos con causas de lesa humanidad. Se trata además de una política del Departamento de Estado norteamericano que ya vimos con Milani, un genocida sostenido tenazmente por Cristina Kirchner al frente de las fuerzas armadas. Un oficial de inteligencia que está vinculado a la ley antiterrorista contra toda rebelión popular, con el Proyecto X.

 

Se trata de una política muy elaborada de reforzamiento del carácter represivo del Estado de cara a los grandes choques que está produciendo a nivel social, con el movimiento obrero, con el pueblo argentino a través del ajuste de Macri y los gobernadores. En definitiva, no podemos dar por terminada la cuestión. Acá está planteado el juicio político para dar un golpe a la represión del Estado. No se debe perder de vista que dos de los jueces fueron propuestos por Macri y votados por el Frente para la Victoria en el Senado. 

 

–Elia, ¿cómo fue recibir la noticia de que los genocidas podrían cruzarse con usted por la calle debido al fallo de la Corte que propiciaba su liberación?

 

Elia Espen: –Fue muy fuerte, una mezcla de bronca e impotencia. De querer ver cómo podía hacer para deshacer todo eso. Cuando declararon mis dos hijas, protegieron a los genocidas. No querían que estuvieran en la sala con nosotros. Ahí pueden ver desde cuándo viene esta protección a los genocidas. Por no lastimarlos, "por no levantarlos temprano", como nos decían. ¿Y lo que nosotros sufrimos? La falta de mi hijo es lo principal de ese dolor. ¿Yo voy a querer que esos genocidas, asesinos, salgan en libertad? Bajo ningún punto de vista. Que la paguen. 

 

Y acá también está involucrada la Iglesia. Cuando estaban desaparecidos, los curas iban a darle "contención" a los detenidos pero en realidad iban para sacarles información. La Iglesia debe tener sus archivos guardados. ¿Y por qué no los quieren dar a conocer? Porque hay un montón de ellos involucrados. Salvo algunas excepciones de unos curas que nos ayudaron muchísimo, la mayoría no nos ayudaba. Al revés, cuando íbamos a pedir ayuda, se quedaban como diciendo "no tenemos nada que ver". Una vez, casi al principio de las marchas, nos corrieron de la Plaza con la metralleta en la espalda y tuvimos que entrar a la Catedral. Y de la catedral llamaron y entraron los milicos a sacarnos. Entonces, ¿son cómplices o no son cómplices?

 

Néstor Pitrola: –Es muy importante lo que plantea Elia. En parte lo tomé en mi intervención en la Cámara de Diputados citando a Nora Cortiñas, que dijo lo mismo que Elia. Hay que abrir los archivos de la Iglesia, los archivos de los servicios de inteligencia, los archivos de las Fuerzas Armadas. Un conjunto de instituciones han estado atrás de la dictadura. Y hubo una clase social que quedó completamente impune, desde Martínez de Hoz para abajo, y que siguen gobernando tras bambalinas con los distintos gobiernos.

 

Otro tema muy sensible es la cuestión de las domiciliarias a los acusados y condenados por delitos de lesa humanidad, que son mas de 700 y se les está otorgando prisión domiciliaria. Hay que escuchar a Elisa Carrió en la sesión por el 2×1 y advertir el carácter profundamente reaccionario de su intervención, que además no votó, porque se ausentó. Carrió defendió una amnistía al recordar el perdón del apartheid sudafricano. Mencionando ese perdón, ella busca perdonar a los genocidas. Preguntó si les íbamos a negar la prisión domiciliaria a "viejitos de 90 años". Pero esos viejitos son los Etchecolatz, que desde la cárcel urdió el secuestro de Jorge Julio López, desaparecido en democracia y que era testigo en el juicio que investiga a Etchecolatz.

 

El operativo de impunidad es muy amplio y está presente en todos los pliegues del gobierno. Por eso el Partido Obrero ha tenido una disidencia muy grande con el discurso pronunciado la jornada del 10 en la Plaza. Fue un documento que no mencionó el compromiso de los regímenes políticos ni de instituciones como la Iglesia con el operativo de impunidad. No se mencionó a Macri, a Milani, a ninguno de los responsables de una política de Estado, como si el fallo estuviera suspendido del aire. No estamos de acuerdo.

 

Vamos por el juicio político, vamos por el fin de las domiciliarias a los genocidas. Esas domiciliarias cumplen el mismo rol que la domiciliaria de José Pedraza, el autor intelectual del asesinato de Mariano Ferreyra, que pasa sus últimos años de condena en un piso en Palermo chico. Es un gran debate que vamos a recuperar el 23 con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, con  Elia, con Nora, con Pérez Esquivel, con el Sueco Lorkpardinise y la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, con Apel y con todas las organizaciones autónomas que luchan contra la impunidad y que no han sido cooptadas por ningún gobierno. Vamos a levantar estas banderas muy alto el 23. 

 

–Elia, ¿qué opinión le merecen los jueces que votaron el fallo del 2×1?

 

Elia Espen: –Pienso que esos jueces votaron así porque detrás tienen un currículum nefasto. Al votar el fallo y favorecer a los genocidas quedaron cubiertos. ¿Quién dice que la domiciliaria es un castigo? Nadie. Tienen visitas, comida, de todo. Es un premio que les quieren dar. Estamos en contra de ese premio después de todo lo que han hecho. Entonces el juicio político a ellos, tiene que ser.