La llamada segunda reforma del Estado no sólo importa el despido de miles —se habla de 20.000— de empleados públicos. Es un paso decisivo en la eliminación de la indemnización por despido y un ‘brillante’ negocio para los grandes grupos económicos.

Es que “los empleados estatales que quedarán cesantes” serán transferidos “a través de pasantías y entrenamientos específicos en empresas privadas”, haciéndose cargo el gobierno del pago de los sueldos “durante 12 meses” (El Cronista, 29/5).  “Al final, las empresas podrán emplear o no a esas personas, y dependiendo del resultado del entrenamiento (si logran empleo o no) recibirán el total o una parte de la indemnización que les corresponda” (ídem).

Tenemos, por lo tanto, varios ataques contra el movimiento obrero y la legislación laboral al mismo tiempo :

* se transforma a los empleados públicos despedidos en ‘pasantes’, lo que implicará una rebaja salarial;

* la nueva patronal no pagará los salarios durante un año, sino que lo hará el Estado;

* la clase capitalista recibe así mano de obra gratuita, sin comprometerse a contratarla;

* se elimina la indemnización por despido.

Pero hay más. “El gobierno proyecta eliminar todos los estatutos del personal estatal”, “reducir las remuneraciones del personal contratado” y cambiar el escalafón (Clarín, 21/5).

Con todo, esto no es sino la antesala de un operativo antiobrero más vasto: “eliminar la indemnización para sustituirla por un sistema de ahorro, según el cual el propio trabajador guardaría un porcentaje de su sueldo mensual —se habla de alrededor del 2,5%— para integrarlo en una cuenta individual de la que se apropiaría en caso de perder el empleo o, en su defecto, en el momento de su retiro voluntario” (La Nación, 22/5). Lógicamente, el descuento del salario lo haría la patronal en forma compulsiva y el dinero de los trabajadores sería manejado por los bancos o las AFJP, que cobrarán una suculenta comisión por administrar esos fondos. Además, inyecta dinero en la Bolsa, con el riesgo a cargo de los trabajadores.

Que el trabajador financie su propio despido con una rebaja salarial demuestra la perfidia del gobierno y la gran patronal. Con esto, además, confiesan que prevén despidos en masa y que no están dispuestos a pagar las indemnizaciones, como lo revela la pretensión de echar a los 20.000 empleados públicos y transformarlos en ‘pasantes’ de la clase capitalista.