El informe de Situación y Evolución del Trabajo Registrado (Sipa), correspondiente al mes de octubre del 2022, da cuenta de un crecimiento en el número de trabajadores monotributistas, monotributistas sociales (Potenciar Trabajo) y empleados públicos, con un claro estancamiento en el sector privado. Son indicadores que expresan un deterioro en las condiciones laborales, con mayor precarización e incluso fraude laboral.

El gobierno “festeja” que se contabilicen unos 12.936.881 “empleos formales”, en la barrera de los 13 millones, con un alto componente de formas de contratación y registración que el propio Ministerio de Trabajo no reconoce como relación laboral, como es el caso de los programas sociales.

El dato tiene mucho de trampa debido a que el propio crecimiento vegetativo de la población implica una modificación positiva de los números absolutos de trabajadores.

Lo que si queda de manifiesto es que el empleo privado se encuentra prácticamente estancado –incluso a la baja si tomamos en cuenta el crecimiento poblacional- en los últimos 10 años, oscilando alrededor de los 6 millones de trabajadores.

El resto de las variantes ha tenido un crecimiento moderado y paulatino, marcando una incidencia creciente de las formas precarizadas de trabajo, con contratos basura y precarios en el Estado, formalización de beneficiarios de programas sociales (555.513 monotributos sociales) y crecimiento de monotributistas (1.903.954).

Estos últimos suelen esconder formas fraudulentas y precarias de contratación bajo la modalidad de “locación de servicios” o directamente trabajo en relación de dependencia no reconocido, como sucede con las aplicaciones de reparto, prestadores de salud, etc.

La caída del empleo privado está vinculada a la huelga de inversiones de las patronales, que demandan una reforma laboral y las destrucción de conquistas y derechos obreros, tal como ahora lo afirmó el jefe de asesores de Alberto Fernández, Antonio Aracre.

La aplicación de la agenda de ajuste del FMI también incide en el fenómeno de la desocupación, con la suba de la tasa de interés, los recortes en la inversión y obra pública y el cepo cambiario, de allí que el gobierno solo vea “posibilidades” en los sectores que implican una vaciamiento de los recursos nacionales, como la minería y el petróleo, con un alto componente contaminante y beneficios extraordinarios para las multinacionales.

La tesis de que para recomponer el trabajo es necesario deprimir las condiciones laborales ha sido probada como una estafa donde se ha aplicado, culminando en un proceso de recomposición de la tasa de ganancia capitalista y agravamiento del desempleo y los salarios.

Un plan económico de generación de empleo formal es incompatible con los programas de ajuste del FMI y solo puede estar en manos de la clase trabajadora, para poner a la inversión, la obra pública y los sectores estratégicos de la economía al servicio de las necesidades populares.

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