La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, acaba de confirmar que el gobierno estudia distintas variantes de “intervención” directa en el mercado de alimentos, para enfrentar la inflación. Incluso se habla de una posible Empresa Nacional de Alimentos (ENA): una iniciativa refrita e impotente, que no pasa de un blef oficial.

La medida aún se encuentra en su etapa de formulación y podría ir desde las gestiones del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, de un esquema de financiación anticipada a pequeños y medianos productores para ampliar la oferta de frutas y verduras, coordinado con el Mercado Central a través de una sociedad de Estado; a proyectos más ambiciosos como el del director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, Rafael Klejzer.

Klejzer señala que una “Empresa Nacional de Alimentos, directamente asociada con los productores, permitirá impulsar el rol activo del Estado, en cuanto a la planificación, regulación, control, producción, análisis de costos y comercialización de los alimentos…”.

Se supone que esta medida contrastaría con el dominio del mercado por parte de una decena de empresas oligopólicas, por medio de “precios de referencia” en alimentos de consumo masivo. Sin una nacionalización integral de la industria alimenticia y el comercio exterior, la propuesta tiene, más bien, tintes publicitarios, propagandísticos y acotados.

Este Estado no es ninguna garantía

Klejzer va más a fondo y toma como referencia la experiencia de la empresa “nacional” YPF, en cuanto a la producción petrolera. Sin embargo, se olvida de señalar que la misma opera de referencia de precios para el mercado de combustibles, siendo la que lidera las remarcaciones en los bastidores y la que acaba de aumentar un 11% los mismos, con un alto componente de incidencia en los precios de los alimentos.

El gobierno también ha impulsado programas como el Barril Criollo y el Plan Gas, lo cuales siempre redundan en subsidios a las patronales productoras, financiados con los recursos de los trabajadores y que nunca implican ningún abaratamiento de los precios finales.

Como referencia histórica en el ámbito de la regulación de la producción y comercialización de alimentos y sus materias primas, se encuentra la experiencia del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (Iapi) bajo el gobierno de Perón, el cual operaba de intermediario entre los productores y exportadores, centralizando el conjunto del producido. Esto formó parte una “vuelta al campo” de Perón, con un giro hacia la oligarquía.

El saldo de esta experiencia, que comenzó volcando el excedente en subsidios a la industria nacional y a políticas sociales, culminó con un déficit enorme del Banco Central, transfiriendo recursos a la propia oligarquía, debido a la caída de los precios internacionales y al sostén del agro ante las malas cosechas.

“No lo sé Rick, parece falso”

Para que la propuesta pudiera tener alguna incidencia la ENA debería acaparar una porción significativa del mercado, como ocurre con YPF en los combustibles, lo que demandaría una inversión colosal del Estado, no solo para montar la infraestructura y logística propia sino también lo erogado en concepto de financiación y subsidios.

Esto resulta poco factible en medio del acuerdo con el FMI que supone la reducción del gasto público y el déficit fiscal, por los cual la medida aparece como “poco” probable. Además, el capital privado no responde muy bien a la competencia monopólica del Estado, lo cual arrojaría nuevas crisis de distinto índole, acentuando la huelga de inversiones privadas y el rechazo a las regulaciones que ya se expresa en los principales medio de la burguesía.

El gobierno siquiera logra que las patronales de la alimentación levanten los cupos que imponen a los supermercados, respecto a los productos del programa Precios Cuidados. Y en la crisis de la empresa Vicentín, tras el discurso de la soberanía alimentaria, retiraron sus pretensiones “estatistas” de inmediato, incluso tratándose de una empresa quebrada, con el Estado como principal acreedor.

Además, como ha sucedido con todos los gobiernos peronistas que bravian contra la oligarquía, el gobierno propone una planificación alimentaria sin tocar la concentración de la tierra en manos de los terratenientes. La Ley de Agroindustria del gobierno promueve una mayor dependencia de los productores de las grandes multinacionales propietarias de las semillas fiscalizadas y agrotóxicos.

La salida a la crisis alimentaria y al impacto de los precios en los bolsillos de los trabajadores debe partir de la nacionalización del comercio exterior, para evitar el traslado de los precios a la mesa de las familias trabajadoras. Junto a la apertura de los libros de las grandes empresas de la alimentación y la intervención del Estado, bajo control obrero, de toda la cadena de valor de los alimentos. Tarea que debe ir de la mano de una recomposición general de los salarios.

https://prensaobrera.com/sindicales/controladores-aereos-vuelven-al-paro-por-salario-y-condiciones-de-trabajo/

https://prensaobrera.com/politicas/el-gobierno-monta-un-show-de-medidas-mientras-suben-los-precios/