La reciente presencia de Amado Boudou en el Congreso tuvo como propósito de apurar la aprobación de la Ley de Quiebras, un proyecto que tiene media sanción del Parlamento y que contaría con el apoyo de la oposición, incluso de Proyecto Sur.

En relación con las empresas recuperadas, el proyecto abriría una puerta para resolver la cuestión legal de su propiedad, ya que establece que los trabajadores, una vez organizados bajo la forma de una cooperativa, canjearían sus derechos y créditos laborales (salarios adeudados, indemnizaciones) a cambio de acciones de la empresa que, por encontrarse en quiebra, se hallan completamente desvalorizadas. La compra del paquete accionario implica la obligación de asumir la totalidad de la deuda dejada por los ex propietarios. La solución del problema propietario viene acompañada, entonces, por una confiscación de los trabajadores, que deberán lidiar con una enorme hipoteca.

La adjudicación de la empresa, por otro lado, está lejos de ser un mecanismo directo y cristalino. Aunque la reforma “establece la continuidad automática de las compañías quebradas, cuya gestión y propiedad pretenda ser asumida por una cooperativa de trabajadores” (Página/12, 12/8), también establece que “la cooperativa tiene 24 meses para llegar a un arreglo con los acreedores hipotecarios o prendarios, cuyos derechos no desaparecen” (ídem). A cambio de aplazar la perspectiva de un desalojo, los trabajadores quedan enredados en la quiebra, a merced del juez y del arbitrio de los acreedores. Uno de los representantes de la semioficialista Facta (federación de cooperativas) admite que “en la propuesta del Ejecutivo no se prevén modificaciones para la etapa concursal. Es ahí donde se suelen dar los vaciamientos. Además, los concursos se extienden por tanto tiempo que las cooperativas muchas veces no aguantan” (Página/12, 5/9). En otras palabras, el reconocimiento de la propiedad de las empresas en beneficio de las cooperativas se produce cuando el vaciamiento está consumado.

Pero, por otra parte, la prioridad para comprar la empresa está condicionada a que la oferta “iguale la tasación” de su patrimonio, o sea que pone a los trabajadores de una cooperativa en la misma condición que cualquier otro capitalista que puede reunir recursos de los bancos. En ese período de 24 meses, los trabajadores administran el activo pero sin liberarse de las deudas.

A los fines de la compra de la fábrica, la reforma reconocería los créditos laborales al 100 por ciento, cuando en la actualidad sólo se les reconoce la mitad. Además “se igualan los derechos entre acreedores hipotecarios o prendarios y los de los trabajadores” (ídem). Ahora todos estarán en el mismo nivel de privilegio, en lugar de lo que ocurría con anterioridad, cuando los créditos laborales tenían que ir a la cola. Pero aun así, al tener que cancelar su propia deuda, los trabajadores resignan una retribución amasada luego de años de sacrificios. Además, deberán seguir aportando económicamente para poner nuevamente en marcha la producción, aun a expensas, si hiciera falta, de su propio salario. Incluso aquéllos que le han dado la bienvenida a este proyecto han debido reconocer que “en muchos casos los edificios y máquinas son demasiados caros para poder comprarlos con los créditos laborales” (Página/12, 5/9).

La nueva Ley de Quiebras está por detrás de las leyes de expropiación parcial que se aplicaron a las empresas recuperadas a partir de 2002, en las que se les transfieren a éstas, aunque en forma declarativa, los bienes de las empresas pero no las acciones y, por lo tanto, tampoco las deudas contraídas por sus antiguos dueños con sus acreedores. La reforma serviría para darle un canal “judicial” a los conflictos que se vayan planteando y para descomprimir la presión, que hoy se concentra en el poder político y sobre las Legislaturas. Con este nuevo marco jurídico, se pondría fin a las expropiaciones, dando satisfacción a los reclamos de importantes sectores de la burguesía que vienen cuestionando este procedimiento. Es lo que ya está haciendo el kirchnerismo en los casos de Massuh, Mahle o recientemente con Paraná Metal. Hay que tener en cuenta el potencial explosivo de la situación y el cuadro de bancarrota de la economía mundial: por más que el gobierno se jacta de la recuperación de la economía, “en 2009 quebraron 1.084 firmas y en lo que va del año, fueron otras 488” (Página/12, 20/8).

Las demandas de los trabajadores que enfrentan los vaciamientos, que son protagonistas de las luchas y ocupaciones de sus respectivas empresas, serán derivadas a la Justicia, donde quedarán sometidos y atrapados en ese laberinto legal. El paquete apunta a contener la `presión obrera y a encauzar al movimiento de fábricas recuperadas dentro del proceso de de reconstrucción de la economía capitalista en crisis.

En oposición a este rescate del capital en quiebra a costa de los trabajadores, planteamos:

1) expropiación de toda empresa que cierre o despida, sin compensación económica alguna a la patronal vaciadora;

2) que el Estado se haga cargo de las empresas vaciadas y las ponga a funcionar bajo gestión de los trabajadores;

3) garantía salarial, estableciendo como piso las escalas de convenio a través de un fondo compensador financiado por el Estado;

4) subsidios no reintegrables para sostener económicamente estos emprendimientos de la clase obrera;

5) nacionalización de los bancos e incorporación en su directorio de representantes de las fábricas bajo gestión obrera;

6) por un congreso de trabajadores para discutir un plan que reorganice la industria y la economía en función del interés popular y un desarrollo independiente del país.