Como parte de la campaña electoral en la Capital, el Partido Obrero organizó una activi­dad de visita y debate con los vecinos, que contó con la presencia del candidato a senador, Pablo Rieznik. Culminó con una reunión con los miembros y colaboradores de la Asociación Civil de la villa, Juan Chávez, Heriberto Beláustegui, Lorenzo Figueredo, Carlos Pa­lacios, Luis Bobusky y Rubén Morán.

Las Asociaciones Civiles son los represen­tantes de los vecinos ante el Estado en materia de traspaso de tierras fiscales, determinado por el decreto 1001 del Ejecutivo y el Plan Arraigo. En Ciudad Oculta, la Asociación Civil fue electo por los vecinos y desempeña todas las funciones de Junta Vecinal, aparte de la recolección de cuotas y trámites relacionados con la adjudica­ción de los terrenos.

Los compañeros reflejaron con claridad el empantanamiento que existe en el otorgamiento de terrenos. El barrio cumplió con la proporción de pagos exigidos para el otorgamiento de los títulos hace tiempo. Pero lodos los pasos poste­riores están en veremos. El compañero Chávez, por ejemplo, nos dijo que un censo a cargo de la Comisión Municipal de la Vivienda, que podría hacerse en un par de Unes de semana, ya lleva un año de demora con distintas excusas.

Aparecen otras complicaciones. Parte del barrio está asentado en tierras privadas que no están afectadas al programa, lo cual plantea un destino incierto para un número grande de familias. Una parte de los vecinos no ha aportado las cuotas o lo ha hecho parcialmente, debido a la desconfianza en el cumplimiento de estos proyectos, agregó Heriberto Beláustegui.

Las incertidumbres no terminan aquí, ya que una vez entregados los títulos por los terrenos en bloque (principal reclamo de la Asociación Civil), viene la tarea del loteo, la urbanización y la construcción de viviendas, sobre lo cual no hay nada determinado. Rubén Morán planteó que con la cantidad de arquitectos que hay en la Municipalidad, nadie vino a hacer un proyecto. Agregó que las partidas votadas en el Concejo Deliberante para las villas nunca llegan efectiva­mente, “retonum” a otros bolsillos.

Luis Bobusky, finalmente hizo una crítica al contenido de los boletos de compra-venta firmados con las Asociaciones Civiles, porque las convierten en fiscalizadoras de los vecinos, incluyendo la figura del desalojo ante la falta de pagos, y deja en sus manos todos los complejos pasos posteriores de división y otorgamiento de terrenos.

A pesar de esto, piensa Menem debe estar arrepentido de haber firmado el decreto 1001, porque ahora tiene que violarlo, como en Villa Retiro, donde están desalojando a la gente, “por­que villeros en Retiro no van a admitir”.

Chávez solicitó luego que el Partido Obrero planteara su posición ante estas cuestiones. Riez­nik dijo que el programa del PO plantea el cese de los desalojos y erradicaciones, el otorgamiento inmediato de las tierras y las escrituras a los ocupantes; que no puede separarse de la reivindi­cación de la urbanización y construcción de vivienda a cargo del Estado. Y que las cuotas por todo concepto no pueden superar el 10% del ingreso del jefe de familia con moratorias espe­ciales para desocupados, enfermos, etc. Agregó que la viabilidad de este programa reposa por entero en la organización y movilización del conjunto de las villas y barrios transitorios contra la política del gobierno y los monopolios inmobi­liarios que se proponen expulsar a los trabajado­res de la Capital.

Ante este planteo Bobusky aportó que se estaba reorganizando el movimiento villero de la Capital con participación de numerosos ba­rrios y que había una entrevista pendiente con el Intendente. Finalizó el encuentro con un intere­sante debate sobre las diferentes perspectivas que se abren a un movimiento como éste en el caso de mantener una política independiente de las autoridades y basada en las decisiones de las asambleas de los barrios; por oposición a una organización manipulada políticamente por los funcionarios de turno.