Rara vez un movimiento popular confinado a localidades de 50.000 habitantes puede impactar con fuerza al conjunto de un país y, por sobre todo, al Estado. Si eso fue lo que ocurrió, sin embargo, con la pueblada cutralquense, ello se debe a que por sus métodos y características alumbró una nueva realidad política, la que choca frontalmente con todo el orden existente y que, por ese motivo, muestra la vigencia de una nueva perspectiva.

Podemos afirmar con absoluta seguridad que el clima de “zozobra” y hasta de naufragio que reina actualmente en las filas menemistas, no obedece a su catástrofe electoral en la Capital ni a la evidencia de que la tasa de desocupación subió en lugar de bajar. Un relevo de personal en una administración comunal no afecta ni el poder ni los negociados de la clase capitalista, y hasta le es útil a ésta para lavar por un tiempo la imagen corrupta del Estado. Menos inquietud incluso provoca la desocupación entre quienes se valen precisamente de ella para reforzar la explotación de los trabajadores. Otra cosa ocurre frente a lo que la jueza federal a cargo (fugaz) del asunto calificó como la “sedición” de todo un pueblo.

Qué clase de orden jurídico

La desocupación existe en Cutral Co-Plaza Huincul desde hace mucho tiempo, pero sólo un levantamiento provocó la atención del gobierno provincial. El derecho al sufragio tiene una antigüedad un poco mayor, pero el acatamiento a la soberanía del pueblo se produjo, sólo por primera vez, como consecuencia de la pueblada que obligó al mandatario elegido hace ocho meses por el 63% de los ciudadanos, a abandonar apresuradamente un reunión de gobernadores patagónicos e instalar su gobierno en la ciudad de Cutral Co. La Constitución nacional niega al pueblo el derecho de petición si no es ejercitado por medio de los representantes elegidos, pero los cutralquenses pasaron por encima de esta mordaza reaccionaria y de sus propios “representantes” constitucionales, y le impusieron al Estado el reconocimiento del ejercicio de la democracia directa (asambleas populares), que viola expresamente la sacrosanta Constitución.

En Neuquén, el poder judicial calificó como “coacción agravada” y ordenó la captura y  prisión de militantes populares que participaron del ‘delito’ de reclamar, el 2 de octubre pasado, contra el atraso en el pago del seguro al desocupado establecido por ley. En Cutral Co, debido a la descomunal masividad del levantamiento popular, ese mismo poder judicial se vio obligado a ignorar que la pueblada superaba holgadamente el calificativo de ‘coacción’ y que los reclamos no eran “conforme a derecho”, porque no estaban contenidos en ninguna ley. El orden jurídico existente quedó suspendido en el vacío, inútil para responder a las necesidades sociales de la mayoría y en completa contradicción con la acción desplegada por ella.  Por la misma razón, se tuvo que retirar la gendarmería, preparada para sofocar los  movimientos que la burguesía, por su propio interés, califica de “anti-sociales”,  pero que se vio impotente ante el más “anti-social”, o mejor, el más auténticamente social de todos los movimientos —una insurrección popular.

El cutralcazo puso al desnudo la contradicción irreconciliable entre las necesidades de la mayoría popular y el Estado capitalista, incluso en su forma ‘democrática’. Mostró que la soberanía popular, completamente ficticia en el marco de la democracia capitalista, se reencuentra a sí misma en la movilización popular. El cutralcazo mostró que el Estado capitalista es una maquinaria organizada para responder a las necesidades de los explotadores, no de los explotados. El cutralcazo reveló que la victoria de cualquier movimiento popular obliga a superar las restricciones que impone el Estado capitalista a la acción directa del pueblo, y a crear organizaciones adaptadas a la lucha, que respondan directamente a la voluntad y mandato de las bases. El cutralcazo fue una clase magistral de docencia política.

Reorganización de la sociedad sobre nuevas bases

En Cutral Co-Plaza Huincul, el poder comunal del Estado ha sido sustituido por las reuniones entre el gobernador y su gabinete, de un lado, y los piqueteros, ese nuevo representante popular nacido de las barricadas, del otro. Las reivindicaciones que se impusieron en esas reuniones deben merecer una exhaustiva reflexión por parte de los movimientos de desocupados y del conjunto de la clase obrera.

El gobierno se comprometió a llamar a una licitación para efectivizar el viejo proyecto de una planta de fertilizantes. Esta receta ‘clásica’ de los capitalistas al problema de la desocupación, que no la ha resuelto sin embargo en ningún lado, ha sufrido una fuerte modificación por parte de los piqueteros. En efecto, éstos han impuesto que la pepita de oro del negocio de la planta, el yacimiento de gas del Mangrullo, sea explotado por el Estado, lo que garantizaría un ingreso anual de 20 millones de dólares a las dos ciudades. La solución popular a la desocupación, que en este caso no reconoce ninguna inspiración doctrinaria o partidista, se presenta entonces como un ataque a la privatización y a los derechos de los capitalistas, y como la imposición en principio de una gestión social de los recursos productivos. Este planteo hizo volar por los aires la tesis de quienes decían que las masas cutralquenses habían sido movilizadas por la fracción del partido oficial que quería imponerle al gobierno la efectivización de los contratos firmados por el pulpo canadiense Cominco. Es fácil de ver que el acuerdo de explotación estatal del gas, hará fracasar la licitación de la planta de fertilizantes, lo que obligará a ir al planteo más profundo de la estatización del proceso industrial del gas. Pero esto significa cuestionar el conjunto del proceso privatizador en el país y las relaciones sociales y políticas que se han montado sobre ese proceso. Por eso el acuerdo alcanzado entre los piqueteros y el gobierno es precario; porque tiene un alcance que supera los márgenes que ofrece la actual situación política. Sin embargo, este camino es el único que puede poner fin a la desocupación en todo el país: medidas profundas contra el monopolio privado capitalista y una estatización dirigida a satisfacer las necesidades sociales en su sentido más amplio, es decir, una estatización bajo la gestión obrera.

La cuestión de la gestión de los trabajadores aparece claramente en el punto del acuerdo referido a la distribución de los víveres, donde los piqueteros impusieron su derecho a voz y voto en la comisión encargada; ésta es una reivindicación que deben hacer suya rápidamente los movimientos de desocupados del resto del país. Cuando formularon esta exigencia, los piqueteros denunciaron la completa inacción de las municipalidades ante la desocupación creciente, es decir que vincularon el reconocimiento del derecho a la gestión popular con el derrumbe de las instituciones estatales existentes. Consecuentemente, en ambas ciudades se ha desatado una crisis política municipal irreversible.

En un país que está desmantelando los centros de salud, las masas cutralquenses hicieron firmar a Sapag la construcción de varios hospitales. Cuando una periodista le preguntó al gobernador si todo esto no pulverizaba sus planes presupuestarios, Sapag respondió que así era efectivamente, pero que no había otra salida. Es decir que la lucha cutralquense impuso las ‘imposibles’ soluciones populares, y  plantea de aquí en más la necesidad de hacerles pagar a los ricos y a los explotadores, que han acumulado fortunas inmensas a costa del sufrimiento popular.  La pueblada de Cutral Co-Plaza Huincul es una demostración irrefutable de que en todo movimiento profundo de los explotados se expresa instintivamente la tendencia a la reorganización de la sociedad sobre nuevas bases.

Otra conquista del movimiento fue extender en 500 personas más a los beneficiarios del seguro al desocupado, lo que viola la disposición de la ley que los restringe a jefes de familia, varones, mayores de edad y a residentes documentados con más de cinco años en el país. Según algunos diarios, Sapag habría elevado el seguro a 200 pesos,  anulando la rebaja de 50 pesos que estableció por decreto y que provocó la reacción de los movimientos de desocupados. El seguro sigue siendo insuficiente y restrictivo, pero la pueblada demostró que es posible imponer un seguro no discriminatorio en un nivel mínimo de 500 pesos. La pueblada asestó un garrotazo a los pequeño burgueses que se oponen a la lucha por el seguro al desocupado.

Esto recién empieza

La pueblada cutralquense fue una revolución, porque se abrió paso golpeando al Estado capitalista, porque lo redujo en gran parte a la impotencia y porque en esa misma medida lo sustituyó por una organización, incipiente pero real, que asumió la representación y la autoridad de las masas. Las noticias que llegan en las últimas horas comprueban que la ‘epidemia’ cutralquense se extiende a Chos Malal y a otras ciudades del norte neuquino. Cerca de la capital, las ciudades de Centenario, Plottier y Senillosa están a la expectativa.

No se puede interpretar adecuadamente el fenómeno cutralquense si no se lo vincula al conjunto de la movilización de desocupados en Neuquén, que comenzó con la toma de la municipalidad de Centenario en junio del año pasado y que siguió con movimientos similares en San Martín de los Andes. De aquí surgieron las coordinadoras de desocupados de diez localidades neuquinas; contra este movimiento se desató la represión que hoy tiene presos a Panario y Christiansen. Los gobernantes que creyeron haber acabado con esta ‘amenaza’ cuando reprimieron la movilización del 2 de octubre pasado, ahora recibieron el ‘vuelto’ —los quinientos reprimidos en la capital de Neuquén se convirtieron en los cincuenta mil insurgentes del cutralcazo.

En mayo pasado tuvo lugar un congreso de desocupados en Neuquén, altamente representativo, que estableció un programa para el conjunto del movimiento. Este programa ha quedado reivindicado por el cutralcazo. Este hecho debería impulsar a emprender una acción más osada, más masiva, para reclamar medidas anticapitalistas vinculadas a la lucha contra la desocupación. El seguro indiscriminado de 500 pesos, mínimo, a los desocupados; reconocimiento de todos los derechos laborales a los compañeros desocupados contratados en ‘programas de empleo’;  un impuesto extraordinario a las grandes fortunas de la provincia, en especial a los pulpos gasíferos y petroleros, que aportan menos de un 12%, cuando hace diez años debían contribuir con el 50% de los beneficios; un plan de obras sociales necesarias, bajo control de los trabajadores; derogación de la flexibilidad laboral y reducción de la jornada laboral a seis horas, con un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar; cese de todo subsidio a los capitalistas, confiscación a los grandes deudores ‘morosos’ del banco provincia y no pago de la deuda externa.

El cutralcazo abre una nueva y fuerte perspectiva a la realización de un Congreso nacional de trabajadores desocupados, con delegados elegidos por sus bases.