Hoy (1/12) fracasó la sesión de elección de autoridades y luego, tras cartón, JxC impidió mediante una acción de patota de sus diputados el desarrollo de la sesión que finalmente fue suspendida por su presidenta Cecilia Moreau. Ya antes de eso, el peronismo no incluyó el tema moratoria del orden del día de la sesión porque no tendría los votos para la aprobación. Este tema que involucra a tantas y tantos trabajadores era el único de importancia en el temario de la semana.

El plenario de las comisiones de Previsión y Presupuesto terminó con un dictamen favorable al proyecto de moratoria previsional del Frente de Todos que vino con media sanción del Senado. Este plantea que aquellas personas que alcancen la edad jubilatoria sin aportes suficientes, podrían jubilarse en la medida que acepten pagar la deuda mediante una cuota mensual. Serían unos 800.000 beneficiarios sobre un total de más de dos millones de adultos mayores en esa situación, lo que condena a 1.200.000 de trabajadores sin aportes que solo podrían acceder a la Puam -equivalente 80% de la jubilación mínima, hoy en $50.353- siempre y cuando demuestren estar en situación de pobreza extrema.

En los últimos cinco años, con los sucesivos cambios de actualización, las jubilaciones mínimas perdieron en poder adquisitivo 25,3% y las máximas 31,4%. La pretensión de los bloques mayoritarios de que sean las víctimas del trabajo en negro las que paguen por el incumplimiento de las patronales retrata a un régimen social que ha destruido el sistema jubilatorio.

Juntos por el Cambio presentó -en función de cumplir con las metas acordadas con el FMI- un dictamen que plantea directamente reducir las jubilaciones en relación a los años sin aportes. Todo en nombre de la “inequidad” que implicaría que los que aportaron 30 años terminen sosteniendo a los que no lo hicieron. Un cinismo compartido con el Frente de Todos que se sumó al planteo macrista de que el tema de la precarización y el trabajo no registrado no puede resolverse por la “estructura de nuestro mercado de trabajo”, planteando que hoy no hay tiempo para resolver los problemas de fondo y que habría que conformarse con este parche. Con el dictamen de JxC, si un trabajador aportó diez años cobraría un tercio de la mínima y así sucesivamente.

Ni el kirchnerismo ni Juntos por el Cambio quieren afectar conquistas estratégicas de la clase capitalista, como la reducción en los aportes patronales del menemismo, la convalidación estatal a todos los mecanismos de precarización, el negreo de los salarios, el fraude laboral, la pérdida del 82% móvil, el uso discrecional de los fondos de la Anses para toda clase de negocios y subsidios a las empresas y para el financiamiento del Estado hundido por el endeudamiento privado y del FMI. Así se va imponiendo el objetivo del gran capital de establecer una prestación asistencial para los adultos mayores.

El Frente de Izquierda defendió su dictamen propio, basado en el proyecto alternativo del Partido Obrero. Romina Del Plá planteó que los trabajadores no deben pagar para jubilarse, reivindicó su proyecto de jubilación universal y el carácter de salario diferido, el cual se ha alterado destruyendo el esfuerzo de décadas de aportes que ha sido apropiado por los capitalistas. Llamó la atención sobre la caída de la tasa de sustitución que se produce al prolongarse la vida laboral de aquellos adultos mayores que eligen continuar trabajando para no caer en la indigencia. Finalmente alertó contra las exigencias del FMI para avanzar sobre los regímenes especiales, conquistados con la lucha y los aportes adicionales que realizaron los trabajadores durante años.

El proyecto presentado por Romina Del Plá incluye a trabajadores, argentinos o extranjeros, mayores de 60 o 65 años y a actuales beneficiarios de la Puam, para quienes fija un haber mínimo equivalente a la canasta básica calculada por la Defensoría de la Tercera Edad, hoy en más de $150.000. Financia estos haberes a partir de la restitución de los aportes jubilatorios patronales al 23% del salario y aplica un impuesto del 20% a las ganancias bancarias y a las altas rentas capitalistas. Habilita a los trabajadores no registrados para denunciar esta situación al Ministerio de Trabajo mediante una simple nota escrita, telegrama o carta documento, y a intimar fehacientemente a su empleador para que en forma inmediata regularice dicha relación inscribiéndola como un contrato de trabajo en relación de dependencia. Asimismo garantiza por 48 meses la estabilidad del denunciante. En resumen, un plan integral para sacar de la indigencia a los jubilados.

El Plenario de Trabajadores Jubilados impulsa este proyecto, y el planteo de jubilación sin compra de años ha sido tomado por las organizaciones autoconvocadas de jubilados que preparan para el 14 y el 18 de diciembre nuevas jornadas de lucha.

La grieta y la crisis de poderes entre las camarillas del FdT y JxC por el control de la Justicia para garantizar la impunidad de cada uno de los sectores se devoró el interés de 800 mil personas que al menos tendrían un alivio a la situación desesperante en las que las colocó el régimen capitalista, explotándolos durante gran parte de su vida sin aportes.

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