Este martes fue el turno de reunión por teleconferencia de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, con la participación de la ministra Sabina Frederic. Como hemos hecho ante cada ministro, nuestra diputada Romina Del Plá aprovechó la oportunidad para llevar una cantidad de denuncias y reclamos, que atienden en este caso al fenomenal despliegue represivo que habilitó el gobierno con la excusa de hacer cumplir la cuarentena, y que se traduce en abusos, amedrentamiento y hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad contra los sectores populares (ver detalle de denuncias y preguntas presentadas al final de esta nota). 

En la apertura de la Comisión, Frederic informó sobre la creación de un “comando unificado para combatir el Covid 19” que integra el gabinete del Ministerio de Seguridad, las cuatro fuerzas federales, la policía de CABA y un delegado del estado mayor conjunto del Ejército. Elogió a todos los gobernadores por el trabajo conjunto, con especial mención a Rodríguez Larreta y su Ministerio de Seguridad – sin reparar en que se trata de una de las policías con más denuncias de gatillo fácil, torturas y atropellos de todo orden contra la población.  

En el detalle de las acciones realizadas, incluyó una nueva función de todas estas fuerzas: el “ciberpatrullaje”. Explicó que consistía en el “patrullaje en las redes sociales” para “prevenir el humor social”, lo que “nos permitió trabajar en alertas tempranas para prevenir diversas situaciones”. En criollo: tareas de inteligencia a través de las redes sociales, para contener la bronca popular ante el drama social y sanitario que se vive entre los más pobres en esta cuarentena… ¡con la intervención policial! 

Romina Del Plá, en su intervención,  fue al hueso del problema: “Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda tenemos una preocupación muy seria, porque vemos que el despliegue de las fuerzas de seguridad en el país, e incluso de las Fuerzas Armadas -realizando tareas que bien podrían desarrollar entidades civiles- no tiene que ver con resolver los problemas que afectan el humor social, salvo que se piensen resolver con represión”. Y denunció que si quieren combatir el malestar de la población, lo que tiene que hacer el Estado es garantizar que se respete el derecho al trabajo, el acceso al salario, a la alimentación, “y no con medidas represivas que vemos que están aumentando en forma exponencial”.   

Quedó en evidencia que el progresismo que dirige el ministerio no hace más que profundizar las típicas prácticas de la derecha en materia de “contención social”. Lo único novedoso es el neologismo, poco feliz, de reivindicación de la figura del “patrullero”. 

Frederic se refirió también a “la violencia institucional”, e informó sobre 10 casos denunciados que involucran a fuerzas federales, sobre los cuales hay 3 efectivos policiales puestos “a disponibilidad” (una figura que no los separa de la fuerza, y por lo tanto habilita su eventual reincorporación a las mismas) y otros 22 que están siendo investigados. Luego presentó unas filminas con “recomendaciones” a las fuerzas de seguridad para actuar en el marco de la cuarentena, que parecen una tomada de pelo. Allí solo se enumeran como “sugerencias” cuestiones elementales que en realidad son obligaciones para todas las fuerzas policiales –con o sin pandemia- y que  van desde un llamado a que “prime el buen trato, el respeto y el diálogo”, hasta “estar debidamente identificados” o “informar las razones” de una detención. Llamó la atención que el diputado Leo Grosso, del Evita, no se sonrojara al pedir la palabra para destacar “las recomendaciones del Ministerio de Seguridad para el respeto de los derechos humanos”… ¿De verdad cree que de esta manera se van a terminar con las aberrantes prácticas de la “maldita policía”?

En contraste, Romina polemizó duramente con este informe, denunciando que son muchas más las situaciones represivas y de hostigamiento a los trabajadores y la juventud, a quienes se persigue con la policía en nombre de garantizar la cuarentena sin atender el problema de fondo: el hecho de que la informalidad no brinda protección laboral para quienes son obligados a continuar en actividad (en muchos casos por presión patronal), y que “los despidos y suspensiones sin pago de salarios se extienden en el país, aun cuando está vigente un decreto de supuesta prohibición de estas prácticas” –mostrando que el gobierno ni se toma el trabajo de hacer que las empresas lo cumplan. Y presentó numerosas denuncias concretas, como la reciente detención de trabajadores en las localidades bonaerenses de Lomas de Zamora y Lanús. Agregó además que en provincias como en Neuquén, Chaco y Jujuy “prácticamente está rigiendo un estado de sitio” y reclamó que tras la brutal golpiza y detención de los compañeros docentes en Zapala (Neuquén), no ha habido acciones judiciales contra esa policía que se encuadre en “los tipos penales que corresponde, como tormentos, torturas y otros”. Este punto fue un contraste con la diputada Alma Sapag, del MPN (partido de gobierno de la provincia), que pidió la palabra para desvivirse en elogios a la policía neuquina y el respaldo que recibe para su accionar por parte del gobierno nacional. 

Sobre la enorme cantidad de denuncias de abusos de las fuerzas federales y policiales de cada provincia, también abundó en su intervención Nicolás Del Caño, pidiendo informes sobre cuál es el lugar que tienen en las fuerzas actuantes en la actualidad (empezando por Gendarmería) de todo el personal implicado en el encubrimiento de los crímenes de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado –cuestión que la ministra ignoró olímpicamente en su informe de cierre. 

Finalmente, Romina también pidió informes sobre la actuación del Ministerio de Seguridad en relación a los femicidios, que aumentaron seriamente bajo la cuarentena que obliga a mujeres víctimas de violencia a permanecer en los hogares, conviviendo con sus agresores. Nuestra diputada denunció que en numerosas situaciones las fuerzas policiales “desestiman la denuncias y hostigan a las denunciantes”. Frederic le respondió sobre este punto con el protocolo de procedimiento policial que acaban de emitir “para que no pase que las mujeres que se animan a denunciar, sean forzadas a regresar a su hogar por las fuerzas policiales” –como si se tratara de un problema administrativo y protocolar. Confesó el fracaso anunciado al agregar: “no sé si pudimos resolverlo, pero por lo menos darle un direccionamiento”. Ministra, le respondemos: “por lo menos” es poco cuando se juega la vida de cada vez más mujeres en las actuales circunstancias.  

Queda planteada la necesidad de reforzar las denuncias y la alerta frente a todos los atropellos represivos. No será la ministra del “progresismo” de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA la que revierta la naturaleza represiva contra la clase obrera de las fuerzas de inseguridad en  nuestro país.