En el primer bimestre del año, las partidas destinadas a seguridad social cayeron 30,6% interanual en términos reales. En contraste, el gasto en servicios de la deuda pública aumentó 36,8%. Queda claro que gobierno ajusta al pueblo para engrosar los bolsillos del capital financiero.

El cálculo fue realizado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), en base a datos del Ministerio de Economía y del Indec. El mismo arroja que la caída más abrupta se produjo en el presupuesto devengado para agua potable y alcantarillado, el cual retrocedió 90%. Se ve a todas luces la responsabilidad directa del gobierno en las inundaciones que provocaron destrozos en los barrios populares del Amba por falta de obras. El ajuste de Milei vulnera derechos elementales de la población.

El slogan del oficialismo de que “no hay plata” solo vale para aquellas erogaciones dirigidas a cubrir las necesidades populares. Sin ir más lejos, el recorte en las partidas destinadas a servicios sociales representó el 68% del ajuste total del bimestre. Mientras tanto, el único gasto que creció por encima de la inflación fue el que tuvo como destino cancelar intereses de deuda. Para los acreedores, la motosierra no existe.

Para dimensionar la envergadura del ajuste en curso, el informe señala que la caída en el presupuesto ejecutado para seguridad social durante enero y febrero equivalió a dejar de pagar a 8,9 millones de jubilaciones mínimas. El ajuste en salud fue equivalente a no comprar 2.000 tomógrafos, mientras que el aplicado a educación se equiparó a suspender el pago de 600.000 salarios docentes. Finalmente, los recortes en esas áreas van a contramano de la necesidad de recomponer las jubilaciones de miseria, subsanar el vaciamiento de la salud pública y revertir la pérdida salarial de la docencia.

Según la consultora ACM, el superávit del primer bimestre se obtuvo en un 60% gracias al retroceso real de partidas (plan licuadora), y, en un 40%, al recorte nominal (plan motosierra). Como vemos, el gobierno que prometía terminar con la inflación, la utiliza como principal “caballito de batalla” para cumplir con la meta fiscal del FMI.

A este gobierno ajustador, que hunde las condiciones de vida de las mayorías para enriquecer a un puñado de especuladores y congraciarse con el FMI, hay que derrotarlo con la huelga general y construir una salida de los trabajadores.