Según la estadística oficial el cuarto trimestre del 2021 cerró el año sumando una fuga de 18.806 millones de dólares, totalizando 360.082 millones de dólares privados en activos el exterior o afuera del sistema financiero local. Las facilidades del gobierno para las patronales acentuaron la salida de divisas y ni las negociaciones con el FMI y el ajuste lograron revertir la huelga de inversiones privadas.

El informe surge del Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa, publicado por el Indec, para el cuarto trimestre del 2021, y arroja que el saldo de la fuga de capitales para todo el año coincide con el superávit comercial para el último periodo, que se ubicó en 18.696 millones de dólares.

Las limitaciones impuestas por el gobierno para la compra y/o adquisición de dólares solo alcanzan a la población trabajadora, mientras los grandes capitalistas son beneficiados por convenios y acuerdos que les permiten remitir las divisas excedentes a sus respectivas metrópolis.

Los 360.082 millones de dólares se componen de moneda extranjera, depósitos en el exterior, propiedades, inversiones, acciones y otros títulos, de tenencia privada, declarados y no declarados, en el extranjero, y lo que está por fuera del sistema financiero local, por un total que se asemeja al conjunto de la deuda pública nacional.

El crecimiento de este fenómeno ha sido una tendencia de los últimos gobiernos. En 2009 representaba unos 161.918 millones de dólares, saltando a 232.323 millones en 2015 y a 334.740 millones en 2019. Del 2019 a fines del 2021 saltó otros 25.342 millones de dólares.

Cristina, Mauricio y Alberto, todos ellos, expresan la continuidad de una política saqueadora y el respaldo de los intereses del gran capital, que utiliza a la economía argentina para sacar una mayor tajada en sus negocios internacionales.

Cuando el ministro Martín Guzmán y el presidente Alberto Fernández repiten el libreto de la “escasez de divisas” lo hacen obviando, deliberadamente, este proceso de expoliación de capitales. La Argentina genera divisas en miles de millones y estas se retiran del país con el aval oficial.

La extensión de la megaminería en distintas provincias del país, así como la explotación petrolera en el Mar Argentino, son proyectos que encubren esta misma realidad, ya que para desenvolver cualquier tipo de inversión estas reclaman convenios específicos para la remisión de ganancias y divisas a las casas centrales y dejando solo algunas migajas para el Estado, que el gobierno pretende emplear en el pago al FMI y los acreedores privados: más fuga.

El grueso de lo fugado del país se encuentra en moneda extranjera y en depósitos en cuentas del exterior o bajo diversas modalidades, no todas declaradas, y asciende a unos 238.273 millones de dólares, seguido por 80.127 millones en activos financieros y 41.682 millones en inversión directa.

Para este servicio se prestan, además de los “canales formales”, las sociedades offshore, que, como revelaron los Pandora Papers, incluyen a gran parte de la clase política patrona del país.

El proceso de ejecución de divisas del Banco Central para contener la escalada del dólar a expensas del ahorro nacional va directamente a financiar esta fuga de capitales, agravando aún más la huelga de inversiones y dejando en saldo negativo las reservas nacionales.

El gobierno aprieta a los pequeños ahorristas, jubilados y trabajadores que buscan resguardar sus ahorros contras la inflación y libera de presiones al capital internacional que fuga las divisas según lo pactado con el gobierno y/o por medio de diversos artilugios. Se trata de un régimen montado para saquear a los trabajadores y premiar a los explotadores y usureros.

La nacionalización de la banca y el control de cambios son dos medidas urgentes y necesarias para parar esta sangría de los recursos nacionales, y para terminar con la huelga de inversiones que utiliza todo ese capital extraído para presionar sobre una mayor reforma laboral, tributaria y previsional. Junto al no pago de la deuda externa y la expulsión del FMI, para evitar que el ahorro nacional se vaya derecho a la mano de los usureros internacionales.

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