Es posible que Claudio Jacquelin, de La Nación, o Ignacio Zuleta, de Clarín, se hayan apresurado en la conclusión de que la aparición de los cuadernos fotocopiados de un cuidadoso informante-remisero benefician políticamente a Mauricio Macri, al hacer recaer sobre los K, otra vez, un copiosa información relativa a la recaudación de fondos ilegales. Como lo hemos explicado en una entrega anterior (ver “La larga mano de la guerra económica entre Estados Unidos y China”), la súbita irrupción de notas manuscritas durante más de una década destrabó algo todavía más importante – la aceptación no querida, por parte del gobierno de Macri y del poder judicial de Argentina, de las denuncias acumuladas en Brasil por los negociados de Odebrecht en la obra pública local (soterramiento del Sarmiento, obras de Aysa, gasoductos troncales en Córdoba).

El Lava Jato del Departamento de Justicia

A sabiendas de que las pruebas reunidas en Brasil podían ser demoledoras para los dueños de la ‘patria contratista’ criolla, y para los K y los MM, el gobierno de Cambiemos intentó evitar que pudieran ser validadas en Argentina, poniendo como exigencia que pudieran ser usadas para penalizar a la compañías y personas involucradas de Brasil, aunque hayan obtenido indultos de parte del poder judicial de ese país y otras medidas destinadas a evitar la bancarrota de las compañías acusadas. Las pruebas reunidas en el Lava Jato destruyen cualquier pretensión de que las coimas repartidas por las patronales de la construcción tuvieran que ver con financiamientos electorales u obedecieran a extorsiones de los gobiernos argentinos. Esas coimas estaban destinadas a asegurar la victoria contra la competencia en las licitaciones de obras, o para conseguir el visto bueno oficial para licitaciones cartelizadas – donde los ‘concurrentes’ vienen arreglados de antemano. La burguesía nacional y los gobiernos de turno constituyen un bloque económico político de saqueo, que se justifican con el argumento de crear un capitalismo ‘nacional y popular’. El convenio que acaban de suscribir los poderes judiciales de ambos países, para acoger las pruebas reunidas en el Lava Jato, plantea la amenaza de varios años de cárcel para sus dueños, y para la transferencia de sus compañías a postores mejores.

Como también hemos escrito, ya decenas de veces, las ‘mani puliti’ que se desencadenaron en varios países latinoamericanos fueron originadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, para quebrar la competencia que enfrentaban las multinacionales norteamericanas. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la derogación del monopolio operacional de Petrobrás en la exploración de los yacimientos pre-sal – ahora copado por las petroleras norteamericanas. Ámbito (18/7) cuenta ahora que la exoneración judicial de Odebrecht y otros, en Argentina, fue reclamada por “las autoridades de Estados Unidos cuando convocaron a los jueces y fiscales argentinos a ‘mirar’ las pruebas del Departamento de Justicia que sirvieron como primer indicio: ´¿qué es lo que van a hacer para que no quiebre la empresa?´, preguntaron antes de compartir la información”. La información que reunió el DoJ de Estados Unidos fue conseguida por medio del espionaje y la alcahuetería de los servicios de inteligencia. Adelantándose al convenio que se iba a firmar, Odebrecht presentó un reclamo de indemnización de $1.500 millones al gobierno argentino, por haber sido desalojada de las obras del Sarmiento.

El gobierno de Trump, por su lado, no oculta su intención de llevar la guerra económica contra China a América Latina y en especial a Argentina. Ya ha dicho que la base espacial de China en Neuquén afecta su seguridad nacional. A pesar de la advertencia, Macri ha viajado a la reunión de los Brics (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica), en especial para recabar “mayores inversiones”, precisamente a China (Cronista, 27/7). Electroingenería, una de las imputadas en los cuadernos, es una socia privilegiada de China en Santa Cruz y en Córdoba. Más que el propio Bonadío, la última palabra la tiene Jeff Sessions, el secretario de Justicia yanqui – al menos hasta que un tweet de Trump no lo desnuque.

Macri, la ‘patria contratista’

El ‘affaire’ Odebrecht es fulminante para la ‘patria contratista’, en especial cuando se trata de los operadores del macrismo. Es lo que advierte Alconada Mon (La Nación, 7/8) acerca de “las evidencias comprometedoras del Lava Jato, sobre esos mismos empresarios (mencionados en los cuadernos), que llegará de Brasil tras la firma del demorado (sic) acuerdo de cooperación entre los fiscales de ambos países”. Agrega que “los delatores brasileños lo identificaron (a Sánchez Caballero, de Iecsa, la firma macrista, vendida a Calcaterra y revendida a Pampa Energía) como la voz cantante para las ‘propinas’ en el proyecto del tren Sarmiento. Esta denuncia es un golpe al riñón del oficialismo, en especial luego que Calcaterra negara cualquier rol por las coimas en las obras del soterramiento. De acuerdo al insospechable Nicolás Wiñazki (Clarín, 7/8): “IECSA también fue beneficiada con obras durante la administración Macri. Entre ellas una inyección multimillonaria en pesos para que la constructora terminara el soterramiento del tren Sarmiento” – o sea un subsidio económico a una compañía del propio palo acusada de coimera. Bajo sospecha de manejo de información reservada, el conglomerado Macri construyó, a principios de 2016, cuatro empresas de parques eólicos y luego compró otra, siete meses antes de la apertura de una licitación en Miramar (Perfil, 15/7). Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción, que se ha negado a declarar, “les comunicaba (a Odebrecht) con qué empresas debían asociarse para ganar negocios en el país y a quién pagarle y cuánto pagarle por cada obra pública”. Mientras Wagner quedó en prisión, Calcaterra salió de Comodoro Py sin inconvenientes, casi como un perseguido por los K, con la coartada de que la coima que pagaba en beneficio de los K financiaba “sus campañas electorales” (sic).

Odebrecht hará todas las denuncias del caso porque quiere seguir operando en Argentina, a partir del acuerdo de indulto empresario que ha conseguido de parte de la justicia brasileña. En la volada ha caído la compañía UCSA, una patronal sojera, citada por Bonadío, que luego de haber obtenido una participación en el gasoducto del norte, en el período K, ahora figura en la lista de contratistas de obras públicas por $8 mil millones. Se trata de un golpe duro al sistema PPP (participación pública privada), que Macri sacó del bolsillo para esconder un endeudamiento público, de un gasto que se anota por cuotas futuras (“varias de las empresas allanadas ayer son las grandes ganadoras de algunos de los proyectos de obras mediante el sistema de participación pública privada que impulsa el gobierno de Macri…”, La Nación, 2/8). También ha caído Techint, la primera en involucrarse en coimas, en 2005, por el caso Skanska, pero ahora también por el mencionado gasoducto del norte que afecta a UCSA. Techint, que obtuvo una indemnización fabulosa de parte de Hugo Chávez y la gestión de CFK, por la nacionalización de Sidor, en Venezuela, también se encuentra en el banquillo de los acusados ante la justicia de Milán. En la carpeta de acusados se encuentra también el grupo Roggio. La corrupción alcanza a obras de la hidrovía y de Belgrano norte. Con el tiempo se sabrá más.

Banqueros

Todo este entrelazamiento entre una parte del capital coimero, de un lado, y el gobierno de Macri, por el otro, se adjunta, por supuesto, a la reciente denuncia, reconocida, del uso de dinero negro o ilegal para financiar la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires. Pero le manca un eslabón fundamental, los bancos, los cuales salieron a dar  un “fuerte respaldo empresario a la investigación judicial” (La Nación, 7/8). Para el llamado Foro de Convergencia Empresarial, “no todos son lo mismo”. Sin embargo, por descuido o por jugarreta, la excusa de los banqueros es refutada en la parte de debajo de la misma página del diario, donde el periodista estrella de este ‘affaire’ relata lo obvio – que los dólares salían de los bancos, sea cuando había cepo, bajo supervisión de la Afip (y el Banco Central) y cuando dejó de haberlo (bajo el control del Banco Central). La ‘trazabilidad’ del dinero de las coimas (expresión de un banquero del Foro) compromete a los mismos banqueros, que debe vigilar que el dinero entre o salga por operaciones ilegales. Los banqueros recuerdan el lugar vital de las finanzas cuando necesitan un rescate, y lo olvidan cuando financian operaciones ‘non sanctas’. Para algunos estudiosos, si los bancos dejaran de currar, irían todos a la quiebra.

Cadáver

El kirchnerismo ha vuelto a elegir el ‘me ne frega’, como con Jaime, Lázaro Báez, José López y otros. El cuestionamiento a los cuadernos, a la escritura, a la validez de los dichos de un arrepentido son tecnicismos para la sede judicial – no se hacen cargo de la crisis política, ni del entrelazamiento corrupto con el gran capital. El acuerdo con Chevron aún sigue guardado, la indemnización a la vaciadora Repsol es superior a todos los afanos que se imputan a los K, lo mismo que los pagos al Club de París. Los medios K creen que la denuncia de la masacre de Moreno tapa los negociados que ha compartido con el macrismo – incluso los negociados inmobiliarios avalados por la Legislatura macro-kirchnerista de la Ciudad. El kirchnerismo, como acaba de insistir Guillermo Moreno en una polémica por TV, plantea la alianza de clases, ‘nacional y popular’, bajo la batuta de Techint y Aluar – y la Cámara de la Construcción, los monopolios de la energía, el gas y el petróleo. Una réplica de Lula en Argentina – el espejismo que sólo ven los K –, se reduce al porcentaje, incluso exiguo, de un sondeo electoral, porque el PT, como movimiento de masas, es un cadáver insepulto.

Crisis de conjunto excepcional

En resumen: en medio de una bancarrota financiera que se ha desmadrado ya en crisis política, el gobierno tiene que hacer frente a un cuestionamiento por corrupción contra él, contra el conjunto de la patronal de Argentina – su base social, y contra todo el sistema político. Esto es lo que afecta su futuro político e incluso lo envuelve en la trama de negociados del kirchnerismo. Con la entrada en el escenario como acusado de Javier Fernández, convertido en auditor por el macrismo y el futbolero Angelici, la red de la corrupción atrapa al servicio de inteligencia de los K y los Stiuso. El derrumbe del estado ‘democrático’ no tiene atenuantes. Es el estado que va a votar mañana contra el derecho al aborto. Todas las categorías que conforman una situación pre-revolucionaria van ocupando su lugar, a distintas velocidades: quiebra estatal, bancarrota financiera, retroceso económico, indignación popular en aumento, movilizaciones sociales y políticas cotidianas. Todos los partidos del capital cargados en la misma bolsa. Todas las cuestiones sociales, en el sentido más amplio, se van resumiendo en una cuestión de poder. Que toda esta crisis no se empantane en un prolongado impasse, como ya ha ocurrido en otros países, dependen fundamentalmente de la conciencia y la capacidad de organización de los más avanzado de la clase obrera y las masas.