El informe del Indec sobre índice de salarios, correspondiente al mes de octubre, muestra muy claramente cómo el ingreso promedio de la población trabajadora evoluciona por detrás de la inflación. Mientras que los trabajadores en blanco experimentaron una pérdida salarial durante la mayor parte del año, el salario de los no registrados continúa sumergido.

Sin dudas, los trabajadores del sector privado no registrado se llevaron la peor parte: en ningún mes del año lograron una variación salarial que superara el índice de inflación. La pulverización de los ingresos de este universo de trabajadores se aceleró a partir de junio, con una caída real del 10,3% interanual, y continúa en declinación (-14,4% en julio, -15,6% en agosto, -18,7% en septiembre y -13,7% en octubre). Ocurre que los sucesivos gobiernos convalidan la extensión de la informalidad laboral, donde los salarios de miseria son moneda corriente.

El salario del sector privado registrado, por su parte, perdió contra la inflación en los primeros siete meses del año: -9,7 puntos en enero, -11,3 en febrero, -8,2 en abril, -5,5 en mayo, -4,6 en junio y -0,7 en agosto, en términos interanuales. Sucede que los topes paritarios, acordados entre las patronales y la burocracia sindical, han sido la norma en casi todos los lugares de trabajo, salvo honrosas excepciones como el Sutna o Aceiteros, donde mediante la organización obrera se conquistaron salarios por encima de la inflación.

El gobierno ha sido artífice de esta realidad, ya que la inverosímil proyección inflacionaria del 29% establecida en el Presupuesto 2021 dio lugar a un reguero de acuerdos salariales a la baja. Finalmente, la escalada en el índice de precios llevó a que el ministro Guzmán terminara corriendo la meta de inflación anual al 45%, sin embargo, el acumulado a noviembre ya supera ese porcentaje con lo que el año terminará con un índice más alto.

El nivel de atraso salarial generó que fuera inevitable reabrir una serie de paritarias a mitad de año. No obstante, el oficialismo busca nuevamente fijar una pauta inflacionaria falaz para el 2022, esta vez del 33% cuando los cálculos del propio Banco Central estiman que el año que viene la inflación será del 52,1%. Si los próximos aumentos se atan a ese 33%, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores está asegurada.

El informe arroja caídas más pronunciadas en el sector público registrado. El promedio salarial de los empleados estatales perdió en términos reales, de un año a otro, 12 puntos en enero, 13 en febrero, 10,9 en marzo, 13,2 en abril, 12,6 en mayo, 9,7 en junio, 4,5 en julio y 0,5 en agosto. Lo anterior da cuenta que el gobierno es el primero en hundir los salarios de los trabajadores cuando le toca oficiar de patrón. Se trata de una expresión más del ajuste aplicado por Alberto Fernández, quien subordinó sus políticas a las directivas del FMI.

Con todo, en octubre, el índice general de salarios se ubicó 0,9 puntos por debajo de la inflación interanual.  Si bien particularmente en el mes de octubre la variación salarial del 4% superó el índice del inflación mensual del 3,5%, visto de conjunto los datos evidencian una pérdida sin atenuantes.

El acuerdo del FMI -al que suscribe tanto el gobierno como la oposición de derecha- traerá aparejado un mayor deterioro salarial, ya que la agenda del organismo incluye más flexibilidad laboral, anclar los salarios, ajustar a los empleados estatales y políticas profundamente inflacionarias como devaluar la moneda y aplicar tarifazos. Se vuelve imprescindible, entonces, pelear por un salario mínimo igual a la canasta familiar, paritarias sin techo e indexadas a la inflación -discutidas por paritarios electos en asamblea- y trabajo bajo convenio para todos. No al pacto con el FMI, por una salida de los trabajadores a la crisis.