El gobierno de Javier Milei festeja que el Banco Central obtuvo en enero un saldo comprador de U$S 3.272 millones. Sin embargo, ese logro fue posible porque en el mismo mes se pisaron importaciones por el mismo monto. Los compromisos con los proveedores del extranjero, los vencimientos de deuda externa y la presión devaluatoria de los exportadores pone en duda la posibilidad de recomponer las reservas y de mantener planchado el dólar.

En enero, se importaron bienes y servicios por U$S 4.372 millones, sin embargo, solo se pagó con dólares oficiales el 24% de esa cifra. De lo contrario, el BCRA no hubiera podido realizar compras netas de divisas. El gobierno prevé sostener el cepo importador hasta abril, cuando comience la liquidación de la cosecha gruesa.

Ahora bien, lo más probable es que el agro acepte liquidar en ese momento a cambio de una nueva devaluación. Sucede que el salto cambiario de diciembre desató una inflación que hizo caer el tipo de cambio multilateral (competitividad). A su vez, el gobierno prevé eliminar en junio el “dólar blend” para alcanzar la meta de acumulación de reservas del FMI. Recordemos que ese esquema les permite a los exportadores liquidar el 20% de sus exportaciones al dólar CCL y el BCRA se pierde de comprar esas divisas. Si ese beneficio se elimina, las patronales exportadoras exigirán ser compensadas mediante un aumento en la cotización del dólar oficial como condición para liquidar.

Una nueva megadevaluación volverá a enardecer los precios de los bienes transables y ejercerá presión sobre las tarifas, pulverizando aún más los salarios y jubilaciones. El gobierno dilata lo más posible esta medida, a sabiendas de que podría desencadenar una reacción popular de la que difícilmente logre reponerse. Además, la eliminación del dólar blend mientras se mantiene el cepo cambiario generaría un crecimiento de la brecha cambiaria, puesto que mermaría la oferta de CCL, reforzando así la presión devaluatoria.

Sin embargo, en caso de sostener el esquema del dólar blend hasta fin de año, habría unos U$S 15.600 millones de las exportaciones que ingresarían vía CCL y no irían a las reservas, según los cálculos de Fundación Capital. De ese modo, muy poco del superávit comercial previsto para este año de U$S 19.025 millones (debido a la caída que se espera en las importaciones por el cuadro recesivo) sería comprado por el Banco Central.

El pago de la usuraria deuda externa también implicará un golpe a las reservas. Habrá vencimientos por U$S 4.357 millones con los bonistas privados y pagos netos al FMI por U$S 828 millones. En cuanto a la deuda externa privada (gran parte de la cual está compuesta de autopréstamos entre filiales de la misma multinacional), según al consultora citada, se deberán cancelar este año U$S 8.500 millones. También proyecta una salida de U$S 773 millones en concepto de formación de activos externos. Como vemos, la fuga de divisas bajo diferentes formas continúa su curso.

Esto, cuando la previsión de las exportaciones del agro disminuyó en U$S 5.980 millones respecto de las estimaciones iniciales, como resultado de la caída en los precios internacionales del maíz y la soja (por mayor oferta desde Estados Unidos, Argentina, Rusia y Ucrania, y menor demanda de China) y una caída en la cosecha local tras los efectos de la ola de calor de enero.

Así las cosas, la mejora en las reservas de estos primeros meses de gobierno está atada con alambres. Para que perdure en el tiempo el oficialismo deposita esperanzas en posibilidad incierta de que aparezcan préstamos internacionales y en profundizar la caída de la actividad para planchar aún más las importaciones. Una vía de más endeudamiento, cierres, despidos y suspensiones. Tampoco descarta devaluar nuevamente para sostener la liquidación de exportaciones, cual es un espiral sin salida, porque rápidamente la inflación volverá a restar competitividad y resurgirán las presiones devaluatorias, generando una situación insostenible para el bolsillo popular.

Una perspectiva de mayor derrumbe salarial y desempleo. La CGT y la CTAs deben llamar a un paro de 36 hs ya mismo exigiendo un salario mínimo de $600 mil y cláusula gatillo ajustada a la inflación, prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Debemos organizarlo desde abajo, para lo cual, poner en pie una asamblea de trabajadores ocupados y desocupados, asambleas barriales y movimiento de la cultura, será un paso muy importante en esa dirección. El 1° de marzo, nos toca movilizar a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso para rechazar la agenda antiobrera de Milei y el FMI.

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