Pasar de copar un gremio para ganar una elección a un asesinato implica que se rompieron todos los códigos”, le dijo un funcionario judicial a La Nación (28/1). En verdad, no es tan así: los códigos de la mafia no prohíben a los mafiosos asesinarse entre ellos y los sindicatos argentinos están, desde hace mucho, en manos de gánsteres y pistoleros. ¿Quién mató a Roberto Roger Rodríguez, tesorero del Sindicato de Obreros de Maestranza y titular la obra social de esa organización? Posiblemente nunca se sepa. Rodríguez es el octavo burócrata asesinado en circunstancias parecidas en poco más de cuatro años. Ni uno solo de esos casos fue resuelto. Pero, como fuese, su secuestro y fusilamiento sacó a la luz pública otra trama nauseabunda.

Los asesinos de Rodríguez no quisieron dejar dudas. Se llevaron a su víctima a punta de pistola de un club donde el hombre estaba reunido con amigos, lo subieron a su camioneta, lo trasladaron hasta un paraje desolado, lindero a Campo de Mayo, lo pusieron de rodillas y le pegaron un tiro detrás de la oreja izquierda. Se llevaron la cápsula servida y le dejaron al muerto sus 600 pesos, el reloj de marca, un anillo, una cadena de oro y varias cosas de valor que tenía en la camioneta. Sicarios profesionales.

La mafia de los medicamentos

La obra social dirigida por Rodríguez estaba bajo investigación judicial y su edificio fue allanado en diciembre por orden del juez Norberto Oyarbide. Su único proveedor era la droguería San Javier, propiedad de Néstor Lorenzo, uno de los principales acusados en el caso de la mafia de los medicamentos.

La operatoria de la obra social del SOM era simplemente escandalosa. Entre 2006 y 2009 transfirió a la droguería San Javier todos los reintegros que le pagó la Administración de Programas Especiales (APE), se supone que por deudas anteriores. En 2008, la entonces ministra Graciela Ocaña denunció a Rodríguez por presentar troqueles falsos de medicamentos de alto costo, remedios que jamás se habían entregado, para estafar al Estado y a los afiliados de su gremio.

Esa obra social registró un crecimiento de vértigo desde que se vinculó con Lorenzo. En 2008, recibió unos 4 millones de pesos en concepto de reintegros por casi 500 expedientes de supuestos enfermos que habrían recibido remedios oncológicos. En 2010, los reintegros saltaron a más del doble: 8.298.667 pesos por 341 expedientes. En los primeros días de 2011, recibió más de 600 mil pesos. Casi 16 millones de pesos en tres años. Esos montos, para un sindicato de apenas 20 mil afiliados, tal vez expliquen por qué Rodríguez tenía, entre otras cosas, una camioneta Honda CRV 4×4, cuyo costo es de 42 mil dólares. No todos los obreros de limpieza y mantenimiento se compran camionetas así…

No puede saberse de dónde le llegó ese tiro detrás de la oreja a Roberto Roger Rodríguez, porque parece que el hombre tenía trapos sucios en varias partes. La familia, sin embargo, cree saberlo: por lo menos, echaron del velorio, de mala manera, al secretario general del sindicato, Oscar Guillermo Rojas.

De todo esto se desprende una deducción elemental: el movimiento obrero argentino no puede permitir por más tiempo que sus sindicatos y su sistema de salud sigan en manos de estos Al Capone enanos. Barrer a la burocracia sindical, poner las organizaciones gremiales en manos de trabajadores y las obras sociales bajo administración obrera ya es una necesidad de salud pública.