En la ultima sesión de la Legislatura porteña se aprobó, con apoyo de bloques de la oposición, el proyecto de ley de “Economía Popular y Social” presentado por el PRO.

Se trata de la consolidación de una política de precarización del trabajo a través del incentivo de un mercado laboral paralelo denominado “Economía Popular”, un mercado laboral precario a través del cual se pretende absorber los ciento de miles de nuevos desempleados que genera la crisis a diario y que están imposibilitados de acceder a un empleo formal de calidad.

De esta forma se cristaliza un sistema en el cual miles de trabajadores realizan tareas a cambio de remuneraciones de indigencia y sin ningún derecho laboral. Días antes de la presentación del proyecto, la Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, una de las impulsoras del mismo, declaraba que “la economía popular llego para quedarse”, dando cuenta de los métodos de contratación que el propio estado ejecuta para los trabajadores de sus dependencias. Sin ir mas lejos, el 80 % de los trabajadores del Ministerio de Desarrollo son empleados bajo modalidades informales como contratos precarios, monotributistas, etc., violentando la ley 471 de convenio colectivo de trabajo.

El proyecto crea un Fondo de Garantía a través del cual el Banco de la Ciudad otorgaría créditos a las cooperativas, junto con un fondo fiduciario de capitales públicos y privados (FONDES) con el mismo fin. De esta forma las cooperativas se endeudan, para luego competir con empresas privadas en el mercado ya sea para colocar sus productos o servicios o para ser proveedoras del Estado, un beneficio que no esta asegurado en la ley votada.
Las cooperativas pueden desarrollar emprendimientos de elaboración de alimentos, de construcción, comercio, textiles, etc.

En ningún articulo de la ley se menciona bajo que modalidad realizaran estas tareas los trabajadores de las mismas, ni se asegura una equiparación de derechos laborales y salariales con los contemplados por los convenios de trabajo de estas ramas de la economía: se puede dar la situación que un trabajador de una cooperativa de construcción realice el mismo trabajo que un trabajador de una empresa constructora con la diferencia que recibirá un salario de indigencia y no contara con aguinaldo, licencias, ni ningún derecho laboral conquistado con años de lucha en el convenio colectivo de su rama económica.

Desde la banca del PO-FIT intervino Gabriel Solano denunciando el proyecto: “se busca encubrir a través del pretencioso nombre de ‘economía popular’ una política de ajuste y precarización. En esta Legislatura no se dio tratamiento al proyecto de ley presentado por nuestra banca para reconocer los derechos laborales de los trabajadores de los comedores populares”. Por otro lado tampoco se discutió ningún plan de obras publicas ni de viviendas populares para generar empleo de calidad.

Las organizaciones sociales, en las cuales se organizan miles de desocupados, rechazan esta orientación precarizadora. La enorme movilización del Frente de Lucha Piquetero y otras organizaciones sociales que copo la Plaza de Mayo con el reclamo de “trabajo genuino”, así lo demuestra.