Más de un centenar de familias que ocuparon las nuevas viviendas del Barrio Córdoba Sud, en La Rioja, rechazaron la intimación del gobierno provincial para que las desalojaran. Su argumento fue sencillo y contundente: “estamos cansados de promesas, no vamos a aceptar la injusticia que se comete desde el gobierno”. Recordemos que el jefe de ese gobierno es el hombre que promete “llevar a los humildes al poder”, Carlos Menem.

Al igual que los trabajadores estatales, que vienen sosteniendo una larga lucha por su salario, los trabajadores sin techo han tenido una amarga experiencia de lo que significa la demagogia patronal. Desde que sus viviendas fueron destruidas entre 1985 y 1987 por inclemencias climáticas, el gobierno provincial los alojó “en un tinglado de madera, desprovisto de servicios esenciales” (La Prensa, 4/7). Los sin techo dijeron basta y ocuparon las viviendas.

Los ocupantes denunciaron “la adjudicación de viviendas del Fonavi a solicitantes que poseen casas, solteros sin grupo familiar o que tienen empleos con sueldos elevados, gracias a sus Influencias políticas” (ídem). Esto es natural en una provincia que convirtió la evasión (y la corrupción que de ella se deriva) en una “industria promovida” y cuya fuente de ingresos es el juego.

El vicegobernador riojano se quejó porque los ocupantes “no respetan la ley y el derecho ajenos”. Le faltó agregar que el “derecho” que no respetan es el que tienen unos pocos especuladores de monopolizar la tierra para esquilmar a los trabajadores. Fracasada la demagogia, el gobierno provincial comenzó la acción judicial en defensa del “derecho”, la que dará lugar a un desalojo “democrático”, con fuerzas policiales, perros y gases contra las familias obreras, como en San Telmo y Quilmes.

Prebendas a la especulación capitalista, hambre para los empleados estatales, “tinglados” para los sin techo. Este es el famoso “milagro riojano”.

En este punto, Cafiero y Menem — que diariamente compiten por el favor de los grandes banqueros e industriales— son dos gotas de agua. Tampoco en Buenos Aires se construyeron viviendas para los trabajadores; cuando las inundaciones se llevaron sus casas, tampoco el “gobernador del pueblo” encontró solución y cuando decidieron ocupar terrenos baldíos, se los persiguió en nombre del “derecho” del especulador.