El XIV Congreso del Partido Obrero y la VI Asamblea Nacional de Trabajadores sesionarán en un escenario político excepcional, signado por la descomposición política del régimen, la intervención creciente de las masas y una crisis de poder en gestación.

Un indicador riguroso que relativiza todas las encuestas es la decisión de las masas de actuar. La movilización del 1° de abril, la lucha triunfante de Metrovías, las cinco semanas de huelga docente en Santa Cruz, la completa paralización de la explotación petrolera en el norte de Santa Cruz y, no olvidarlo, la enorme movilización del 24 de marzo, con una masiva concurrencia piquetera, muestran la actividad de las masas.

En la movilización del 1º de abril estuvieron las asambleas populares, los familiares de los 1.500 caídos a manos de la Bonaerense por el ‘gatillo fácil’, los estudiantes, la clase media en pleno. La “movilización espontánea más importante desde la vuelta de la democracia” (La Nación, 4/4) fue de todo menos “espontánea”: fue preparada por las marchas por María Soledad, por Natalia Mellman, el chico de El Jagüel y cada una de las víctimas de Bonaerense. Fue una inmensa movilización nacida del repudio popular a la Bonaerense y la mafia judicial. Apuntó al poder político y no solo al de la provincia de Buenos Aires. En una acción no prevista y desalentada por los organizadores, una gruesa columna marchó a la Casa Rosada, dejando en claro la vigencia de la rebelión popular.

La derecha se lanzó a colonizar la Marcha por Axel y a fijarle un programa de “mano dura” que preserva a la columna vertebral de la inseguridad y propone como alternativa un Estado policial. Detrás de la agitación, la derecha apunta contra la Corte Suprema que intenta establecer Kirchner y apunta a inviabilizar la anulación del indulto. Pero el programa de la “mano dura” está en completa contradicción con las necesidades del movimiento que intenta manipular: la causa de la inseguridad no es la falta de leyes (o su “blandura”) sino la policía. Más poder para los policías y los jueces es mayor inseguridad.

 

¿Vuelco en la clase obrera?

Para varios analistas, la movilización del 1° marcó el fin del “período de gracia” del gobierno. Sin embargo, los elementos que llevaron a la crisis política vienen madurando desde hace mucho tiempo. La última oportunidad fue el acuerdo con el FMI, calificado masivamente en los lugares de trabajo como una “rendición”. Este “plebiscito” fue el prólogo de un vuelco en la intervención de la clase obrera a lo largo y ancho del país y por reivindicaciones que entrañan la recuperación de las conquistas históricas perdidas bajo el menemismo y una demolición de la burocracia sindical. La victoria de los trabajadores de Metrovías es la derrota del desconocimiento de las seis horas, de la flexibilidad laboral y del intento de desconocer y destruir al cuerpo de delegados que recuperó la organización gremial. Los petroleros de la zona norte de Santa Cruz han cumplido una semana de ocupación de las plantas con piquetes reclamando por el salario pero en particular por una escala común con el resto de los trabajabadores de la industria. En las próximas horas la Legislatura de la provincia de Santa Cruz votará una ley de emergencia, habilitando el reclutamiento de maestros rompehuelgas al margen del estatuto del docente o de cualquier norma legal para quebrar la huelga docente que entró en su quinta semana (esto luego de declararla ilegal). En Carrefour, una huelga con piquetes arrasó con el intento de disminuir el básico a cambio de “premios” y de desconocer a los delegados propios, esta vez en oposición al sindicato camionero. Debe incluirse en esta lista la decisión del juez actuante de entregar a los trabajadores de Gatic la tenencia provisoria de las plantas de San Martín y Pigüé, previamente ocupadas.

Estamos asistiendo a un viraje en el carácter y alcance de las luchas obreras y populares que empalma con una agudización de la crisis política.

 

Descomposición política

La pregunta acerca de si el gobierno salió indemne o aun victorioso de la crisis política que estalló en la Esma y el Congreso del PJ ya tiene respuesta. Los signos de descomposición política se desenvolvieron con características explosivas. La Marcha por Axel terminó por colocar al gobierno de la provincia más importante del país al borde del derrumbe, y al propio gobierno nacional frente a un desafío que es incapaz de afrontar. No hay “crisis de seguridad” sino descomposición política. Los secuestros desnudan la envergadura de esta descomposición, a partir de la existencia de una mafia policial, judicial y política que monopoliza todas las formas del delito en la provincia. El régimen democratizante es incapaz de “poner en caja” a la Bonaerense y al aparato judicial. La candidatura de León Arslanián o quien él designe para el Ministerio de Seguridad de la provincia es la confesión a gritos de esta impotencia: fue ministro de Duhalde y fracasó luego de intentar una depuración selectiva de la Policía y el control de los “negocios grandes”. La Bonaerense fue inmune a la “mano blanda” y a la “mano dura” por la sencilla razón de que el régimen político la necesita para reprimir a los piqueteros y al pueblo. Hugo Curto, intendente de Tres de Febrero, sería la cabeza del lote de intendentes con el que Kirchner piensa que puede construir una base propia en la provincia de Buenos Aires: ¿Un hombre de la patota de Lorenzo Miguel para desmantelar la mafia bonaerense?

La demora del gobierno nacional en anunciar el plan de seguridad es simplemente expresión de la crisis. Kirchner rechazó el reclamo del gobierno de la provincia –y de la patota duhaldista- de un fondo extra de 800 millones de pesos para reforzar la presencia policial en el Conurbano. La creación de una policía alternativa para “delitos complejos” con jurisdicción en Capital y el Conurbano plantea una guerra entre la Bonaerense, la Federal, el Servicio Penitenciario y la Gendarmería por los “negocios” que financian mucho más que los escalones altos de las fuerzas de seguridad (“nadie puede negar el financiamiento policial de la política a través del narcotráfico, el juego y la prostitución”, aseguró Marcelo Siain, ex viceministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en agosto de 2002).

En la movilización por Axel, el Partido Obrero, junto a los Familiares de Víctimas del Gatillo Fácil, enarboló un cartel con la consignas de “Juicio y Castigo. Disolución de la Bonaerense. Elección Popular de los jueces”, que tuvieron una notable acogida en la multitud.

 

Quiebra en la base del poder

El acto en la Esma, el Congreso del PJ, la crisis política en la provincia de Buenos Aires y la intervención a Santiago del Estero (resistida hasta el último minuto por la patota bonaerense) pusieron de relieve una crisis en el pacto Kirchner-Duhalde, que es la base de sustentación del gobierno. Esto se expresa de mil maneras. El gobierno de la provincia de Buenos Aires se ha alineado con Eduardo Duhalde y en la recomposición del gabinete bonaerense ha sido colocado un hombre de Mauricio Macri, extendiendo la alianza que ya existe en la ciudad de Buenos Aires. “El peronismo (de Santa Fe) está firmemente alineado con Reutemann”, acaba de declarar Obeid, prolongando el quiebre con la Casa Rosada. El gobierno nacional se apresta a dar vida al Consejo Federal de Asuntos Municipales, una estructura de relación directa con las intendencias que estará a cargo del mismísimo Kirchner y que servirá “para consolidar su proyecto de construcción política transversal”.

No ha habido acuerdo con los gobernadores por la nueva ley de coparticipación, el quiebre de un compromiso “estratégico” con el FMI.

 

La bancarrota en el horizonte

La deuda pública total, incluyendo la de las provincias, es de 200.000 millones de dólares. A partir del año entrante, los vencimientos de la deuda que se paga exigirán 6.000 millones de dólares, un 50% por encima del superávit que el gobierno destina a este fin. Aun con una quita sustancial, el pago de la deuda que se paga (y que se encuentra en manos de los bancos) impediría pagar cualquier otra.

El gobierno tiene un horizonte de insolvencia que marca los límites de una “recuperación” fundada en la gigantesca confiscación del salario y las jubilaciones producida por la devaluación y en la renta extraordinaria de la exportación. Del 2000 al 2003 la Argentina acumuló un superávit comercial de 43.000 millones de dólares que se fue del país por la fuga de capitales, el giro de dividendos de las empresas y el pago de servicios e intereses de la deuda externa.

En este cuadro, la “agenda” del FMI para el pago de la deuda tiene características extorsivas y se concentra en tres ítems fundamentales: reformar la coparticipación federal, aprobar una reforma previsional para reducir las jubilaciones futuras, y reducir drásticamente los planes sociales. En este último caso, con una doble finalidad: apropiarse del excedente y eliminar el “piso salarial” que suponen los 150 pesos del plan Jefes y Jefas.

 

Gobierno rehén

Un conjunto de maniobras e improvisaciones delatan el empantanamiento oficial. Un grupo de kirchneristas afines al diputado Bonasso acaba de proponer “romper con el PJ” e instrumentar “mecanismos de consulta popular”, es decir un instrumento de rescate plebiscitario del gobierno frente a la crisis.

De todos modos, Kirchner es incapaz de romper con el peronismo, porque lo necesita como parte del cuerpo de sostenimiento político del régimen, máxime en el momento en que, desde las manzaneras, se está produciendo un desplazamiento político de los trabajadores peronistas hacia posiciones revolucionarias.

Si se quita la hojarasca de las palabras, se verá que el gobierno cede sistemáticamente ante la extorsión del imperialismo y de los pulpos.

El Congreso acaba de aprobar la ley de ingreso y egreso de tropas que faculta al Poder Ejecutivo para disponer por sí mismo el envío de tropas sin consultar al Congreso y a “informar” sobre el tipo de inmunidad requerido por las tropas extranjeras, un galimatías jurídico concebido para ocultar que la última palabra la tiene el Pentágono.

Firmó el acta de rendición frente a los pulpos de la energía. Las industrias irán sufriendo aumentos paulatinos del precio del gas hasta alcanzar un 50% de aumento en julio del año próximo, el cual se descargará sobre los consumidores y, al mismo tiempo, abrirá nueva crisis con los capitalistas usuarios. Fue una rendición a ciegas porque el gobierno no tiene forma de saber si es cierto que no alcanza el gas o los monopolios lo están reteniendo en función de una política extorsiva. En lugar de intervenir los yacimientos y depósitos, ha cedido a la extorsión: el GNC acumularía en mayo una suba del 20% respecto de los valores de una semana atrás, y el gas en garrafas se ha tornado inaccesible. La tendencia a la carestía, de conjunto, ya está presente.

Se plantea la batalla general por el salario, por la defensa y extensión universal de los planes –y la duplicación de sus montos–, por la jornada de ocho horas, por la eliminación de la flexibilidad laboral. Una batalla política, porque la política del gobierno atado al FMI es el congelamiento y la destrucción de los planes sociales; y doblemente acuciante, por las necesidades apremiantes de las masas y las oportunidades que crea la crisis política.

El Congreso del PO, la Asamblea Nacional de Trabajadores y el Congreso Internacional, en ese orden, serán escenarios de privilegio para que la vanguardia obrera y piquetera pueda elaborar esta realidad y sacar todas las conclusiones