A partir de marzo, habrá nuevos aumentos en la boleta de gas, del 39% para los usuarios de menores ingresos y de al menos el 50% para aquellos de ingresos medios y altos, según los criterios adoptados en la segmentación tarifaria. En los comercios e industrias, las subas podrían superar el 70%. Este nuevo golpe al bolsillo de la población persigue el objetivo de complacer al FMI y beneficiar a las patronales que intervienen en toda la cadena.

En ese sentido, las subas por encima del 50% afectarán a 6 millones de hogares aproximadamente, y, las del 39%, a 3,5 millones.

El incremento concierne a más de un componente de la factura de gas. Por un lado, sube el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (la oferta mayorista) como correlato de la reducción de subsidios energéticos en función de arrimarse a la meta fiscal del FMI. Ahora bien, dicho recorte no afecta a las petroleras ya que es compensado con aumentos en la tarifa de gas que pagamos los usuarios.

Cabe destacar que el precio mayorista del gas se desprende, por un lado, del precio dolarizado del gas en boca de pozo extraído en las cuencas locales, el cual no guarda relación con los costos de producción, y, por otro, del precio del gas importado, en alza desde que se desató el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. La razón por la cual Argentina debe abastecerse de gas proveniente del exterior es debido al déficit energético al que nos conduce la falta de inversiones por parte de las petroleras que operan en suelo criollo.

Por otra parte, también se encarecen otros ítems de la boleta de gas: el valor de distribución y transporte, lo cual va directamente al bolsillo de las empresas distribuidoras y transportistas como por ejemplo Metrogas, Naturgy, Camuzzi, TGN y TGS. Aumentos concedidos a libro cerrado, sin verificar cuáles son los costos reales y soslayando que esas empresas se favorecieron enormemente del tarifazo del 1.900% entre 2015 y 2019. A su turno, la desinversión es la norma, la cual incluso fue autorizada por el propio gobierno cuando en 2021, a través de Energas, les permitió a las distribuidoras y transportadoras frenar su plan de inversiones para “compensar” que la suba de tarifas en ese momento había sido inferior a lo que pretendían las compañías (Ecojournal, junio 2021). La postración del Frente de Todos ante las patronales es total.

El aumento de marzo acompañará la llegada del otoño, con lo que se hará sentir con fuerza en cuanto bajen las temperaturas y el consumo de gas sea mayor. Así las cosas, hogares enteros se verán obligados a acotar el uso de calefacción para ahorrar dinero, ya que la suba de tarifas pesará sobre salarios sumamente deteriorados. Indefectiblemente, la población de menos recursos queda condenada a pasar más frío durante el invierno, lo cual derriba cualquier discurso de “equidad” que pueda enarbolar el gobierno.

Por otro lado, el tarifazo sobre los comercios y las fábricas también golpeará el bolsillo popular ya que será trasladado a los precios finales que pagamos los consumidores. Aparece nítidamente cómo el gobierno es el primero en incentivar el desmadre inflacionario con sus políticas fondomonetaristas, mientras intenta disimular esa responsabilidad insistiendo en medidas inocuas, como Precios Justos, y carga las tintas sobre la emisión inflacionaria como pretexto para profundizar el ajuste sobre el gasto social.

Es fundamental recomponer el poder de compra de los salarios frente a estos nuevos ataques, luchando por un sueldo inicial de $240 mil, aumentos salariales indexados a la inflación y trabajo bajo convenio para todos. A su vez, se debe proceder a la apertura de los libros de toda la cadena energética a fin de evaluar los costos reales y fijar tarifas acordes a las necesidades sociales, en el camino de nacionalizar bajo control obrero la industria hidrocarburífera para ponerla al servicio del desarrollo del país en beneficio de las mayorías. Abajo el ajuste del FMI.

 

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