Todos los medios han salido a registrar un hecho que la población ya ha verificado en los comercios y mercados: los precios de las frutas, verduras, carnes y otros productos esenciales se han disparado en medio de la cuarentena. Si algo le faltaba al recorte de los ingresos de millones de trabajadores golpeados por la crisis es una remarcación de precios de los principales comercializadores y productores. Así las cosas, las medidas paliativas resueltas por el gobierno irán a parar al bolsillo de quienes especulan en medio de esta crisis sin precedentes.

Los datos se han concentrado durante las últimas dos semanas y revela un salto en los precios durante el periodo de cuarentena.

Las frutas y verduras, fundamentales para una buena alimentación, más aun en tiempos de aislamiento, son las que encabezan el ranking. Según informan los medios, en algunos casos los aumentos pueden llegar a duplicar el precio que ofrece el Mercado Central (MC). Así, los zapallitos, en una verdulería porteña, pasaron de $35 el kilo a $140, cuando en el MC esta solo a $50; por la rúcula se pide hasta $30, mientras en el MC ofrece a $10 el paquete; la lechuga cuenta con una diferencia de casi el 70% entre los precios mayoristas y lo que se ofrece en el mercado (TN 31/3). El tomate duplica su valor en verdulerías y las naranjas han pasado de $43 a $79, en un reconocido supermercado. El kilo de papa casi que duplica su precio (Clarín, 30/3). Y así se sigue de corrido en la mayoría de estos productos.

Mientras que en los supermercados algunos precios llegan a duplicarse, en las verdulerías estos se triplican. Los consumidores se ven obligados a pagar esos precios inflados debido a que por la cuarentena tampoco puede buscar precios. Aquí se anula la máxima popular de Líta de Lázzari "camine señora [o señor], camine".

Una de las principales razones que dan cuenta de este fenómeno es que el gobierno no ha establecido precios máximos para frutas y verduras, por lo que en la cadena de comercialización la remarcación es antojadiza, o más bien responde al viejo juego de la oferta y la demanda, cuando los bienes escasean y la gente requiere de los mismos.

En el caso de los productores de fruta estos se escudan en un aumento en los costos de logística debido a que por la cuarentena los camiones van cargados con frutas pero vuelven vacíos, mientras que antes lo hacían con otro tipo de mercaderías que no son esenciales, bajando así el costo de traslado. Otros, como las verduras de hojas se producen en quintas del conurbano bajo la informalidad y condiciones de explotación, por lo que los dueños no cuentan con los papeles que avalen la circulación de sus mercancías y de sus empleados.

A esto debemos sumarle lo que está ocurriendo con los precios de la carne, los cuales en hacienda subieron entre un 10% y 12%. Estos se ven afectados por una mayor demanda tras la cuarentena y por las medidas tomadas por el campo en cuanto al cese de la comercialización en la segunda semana de marzo. También fueron afectadas por la industria curtiembrera que ha dejado de retirar los cueros para su producción, lo que redunda en un costo adicional a los frigoríficos. El único compromiso asumido por el gobierno es monitorear los precios, medida que ya hemos escuchado en el pasado y que nos ha llevado a esta situación.

La resolución del gobierno nacional que obliga a retrotraer los precios al 6 de marzo es evadida en cada rincón del país. Más aun cuando no es tiempo de las “huestes” controladoras de precios que intendentes y organizaciones afines habían comprometido. Según fuentes de AFIP, existen diferencias en relación con los precios declarados en 8 de cada 10 supermercados (Clarín, 30/3).

Esta sangría en los bolsillos del pueblo trabajador debe ser detenida interviniendo la cadena de comercialización y abriendo los libros de las productoras de alimentos para establecer el costo real de su producción y también de los grandes supermercados. Allí donde las patronales retengan la producción para especular con los precios debe procederse a la confiscación de estos recursos para atender las necesidades alimentarias de la población.

Esta crisis hay que abordarla con métodos que antepongan los intereses de los trabajadores ante todo. No con los métodos del gobierno, de “compromisos” y medidas aisladas, que han habilitado el negocio de los especuladores. A su vez, el Estado debe garantizar el cobro de todos los solicitantes del Ingreso Familiar de Emergencia y elevar su monto a $30.000 para poder hacer frente a las necesidades alimentarias y esenciales de la población.