Si bien Cristina Kirchner busca desmarcarse del ajuste aplicado por el gobierno que integra, y que ejecutó ella misma a través de sus funcionarios y legisladores, dejó en claro que no pretende alterar el fondo del rumbo oficial, orientado al rescate de la deuda usuraria. Así es como la semana que viene se desembolsarán 1.800 millones de dólares para afrontar un vencimiento de capital con el FMI, con el aval del conjunto de la coalición gobernante.

El gobierno actual viene cumpliendo religiosamente con los pagos al FMI, deuda que Alberto Fernández tilda de ilegítima pero sin embargo convalida. Así las cosas, desde principios del 2020 al día de hoy se han utilizado 1.980 millones de dólares de las reservas para cancelar intereses de dicho préstamo. Esta sangría de divisas para complacer al capital financiero es la base de todos los desequilibrios económicos de la economía nacional, como las sucesivas devaluaciones, la inflación y el creciente endeudamiento en pesos. También es la razón por la cual, a pesar del “boom” exportador del primer semestre, prevalece la escasez de dólares en el Banco Central. Como contrapartida, el gobierno ha descargado un severo ajuste sobre las espaldas del pueblo trabajador, el cual profundizará a fin de llegar a un acuerdo con el Fondo.

Hasta fin de año restan pagarle al FMI 1.800 millones de dólares el 22 de septiembre y otros 1.800 millones de dólares en diciembre, en concepto de capital. A su vez, en noviembre se utilizarán 399 millones de dólares para el pago de intereses. Para afrontar estos vencimientos, el gobierno echará mano de los 4.350 millones de dólares provenientes de los Derechos Especiales de Giro que envió el FMI. Estos fondos debían ser utilizados en atender las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, no obstante, retornarán a los bolsillos del Fondo; un botón de muestra de cuáles son los intereses que pone por delante el oficialismo.

La propia CFK terminó de confirmar que el dinero de los DEG iba a tener como destino el pago de compromisos de deuda, dejando en ridículo el comunicado firmado por los senadores cristinistas, instando a hacer lo contrario. Lo anterior deja en evidencia que el kirchnerismo, lejos de representar una variante más progresiva al interior del Frente de Todos, se postra ante el capital financiero al igual que el conjunto del peronismo, dándole la espalda a las demandas populares.

Como hemos señalado en Prensa Obrera, el gobierno no contempló los pagos al FMI en la confección del Presupuesto 2022 porque descuenta que llegará a un acuerdo con el organismo, mediante el cual aplazará los vencimientos por 19.100 millones de dólares del año que viene. La reestructuración pretendida implica cumplir con las exigencias del Fondo, entre las cuales se encuentran la profundización del ajuste fiscal y puesta en marcha de las mentadas “reformas estructurales” en materia laboral y jubilatoria; en definitiva, un nuevo golpe hacia las condiciones de vida de las mayorías.

Como vemos, la prioridad oficial radica en rescatar la deuda contraída con el FMI bajo la pretensión de recuperar así el acceso al crédito internacional, hoy vedado para Argentina debido al alto riesgo país. Lo cierto es que la dificultad para endeudarnos en dólares responde a la quiebra del Estado nacional, fruto justamente de una política sistemática al servicio del pago de la deuda a lo largo de las últimas décadas. Es precisamente la fuga constante de divisas, aceitada por todos los gobiernos, lo que bloquea el desarrollo nacional y es fuente de innumerables penurias para los sectores populares.

Sin ir más lejos, los últimos datos del Indec sobre el segundo trimestre 2021 cuantifican la magnitud de la fuga de capitales en la actualidad. A pesar del cepo cambiario, creció en 4.258 millones de dólares en doce meses lo que se registra que guardan fuera del sistema financiero local (lo que se dice “abajo del colchón”) los ciudadanos argentinos, hasta totalizar el monto de 249.971 millones de dólares, una cifra más de cinco veces superior a las reservas disponibles en el BRCA. Por otra parte, también aumentó un 4,1% lo que los argentinos tienen declarado en bienes en el exterior, por un total de 41.717 millones de dólares. Como se ve, los empresarios locales no reinvierten sus ganancias en el país sino que las fugan al exterior, e incluso muchas veces son ellos mismos tenedores de los títulos públicos del Estado argentino, lo cual reafirma su naturaleza completamente parasitaria.

Endeudamiento

Ante semejante drenaje de las reservas, la estrategia del gobierno para contener una corrida hacia el dólar es restringir lo más posible la emisión monetaria, ajustando el gasto público (en las partidas destinadas a jubilaciones, asistencia social, vivienda, educación y salud, mientras pagan subsidios dolarizados a las petroleras) y apostando a financiar el déficit con un enorme endeudamiento en pesos.

Como para eso tiene que lograr colocar títulos por montos mayores a los que van venciendo, el Tesoro emite bonos atados al dólar o a la inflación, cada vez con mayores tasas y plazos más acotados. Esto genera un efecto bola de nieve que hace que la deuda pública no pare de crecer: según un informe publicado por la Secretaría de Finanzas, ha sumado 728 millones de dólares entre julio y agosto, alcanzando la friolera de 345.851 millones de dólares, lo que equivale al 110% del PBI. Desde que asumió Alberto Fernández, la misma ha aumentado 22.786 millones de dólares. En lo que resta del año quedan vencimientos superiores al billón de pesos, que funcionan como un elemento de presión del capital financiero sobre la política oficial.

A esto hay que sumarle la deuda remunerada que posee el Banco Central, por $4 billones entre Leliq y pases pasivos. El objetivo de esta bicicleta financiera es absorber los pesos circulantes para desalentar la inflación, pero el pago de sus intereses ya supera en el año los 800.000 millones de pesos. Los principales beneficiados son los bancos, que tienen invertido el 90% de sus depósitos en títulos del Tesoro e instrumentos del BCRA. Aquí aparece a todas luces la impostura del gobierno que dice defender un «modelo productivo» por sobre la especulación financiera.

Fuera FMI

Ni Cristina ni ningún miembro de la coalición oficial se corren un milímetro de la hoja de ruta trazada por el FMI y la clase capitalista. Por lo tanto, son todos cómplices del ajuste perpetrado y el venidero como consecuencia de dicha política y de la catástrofe social reinante que no harán más que agravar. Los trabajadores tenemos que terminar con décadas de saqueo asumiendo la tarea de reorganizar la sociedad sobre nuevas bases, comenzando por la ruptura con el FMI, el repudio de la deuda ilegítima y la nacionalización bajo control obrero de la banca y el comercio exterior. Así pondremos fin al drenaje constante de recursos para dirigirlos hacia un plan de desarrollo nacional y satisfacción de las necesidades sociales. Solo el Frente de Izquierda Unidad defiende esta perspectiva.