Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en el mes de septiembre el Ministerio de Economía aceleró el ajuste del gasto público exigido por el FMI. En plena campaña electoral y durante las medidas que la oposición denominó como "plan platita", los datos muestran que el gasto primario se redujo 5,5%: las jubilaciones percibieron un recorte de 3,5%, los subsidios energéticos un 24,1%, los programas sociales un 12,6% y las asignaciones familiares 24,7%, comparado con el mismo mes del año pasado.

Este ajuste recae principalmente sobre los ingresos de la población. Por citar un ejemplo, en los últimos doce meses los reajustes hechos en función del mecanismo de actualizaciones definido por ley determinaron una suba acumulada para las jubilaciones y las asignaciones familiares de 101,74%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec avanzó un 138,3%. Así, quienes tienen ingresos que se movieron solo en función de la movilidad (sin haber cobrado bonos ni antes, ni ahora), en septiembre de este año pudieron comprar con lo percibido un 84,7% de lo que podían adquirir en ese mes de 2022; es decir, tuvieron una pérdida de 15,3 puntos. La caída del poder adquisitivo fue del 19 puntos en las jubilaciones, y de hasta 64 puntos en las asignaciones por hijo. (La Nación, 24/10).

Todo esto sucedió en plena campaña electoral, incluso en el marco del "plan platita" impulsado por Massa, lo que demuestra que solo fue un recurso para reforzar su candidatura. Sin ir más lejos, luego de que el gobierno anunciara la devolución del IVA, la recaudación por dicho impuesto se incrementó un 12,2%, lo que desnuda que la medida representó solamente un parche mientras el Estado se sigue financiando a costa de los consumidores, que pagan impuestos regresivos como este.

Mientras el ministro de Economía continúa ajustando a los jubilados, que perciben haberes de indigencia, a los laburantes, que son víctimas de tarifazos permanentes y a los más pobres, las principales subas reales de gastos se registraron en subsidios al transporte (14,0%) y en intereses de la deuda (11,5%), lo que desnuda que los recursos nacionales se lo siguen llevando los capitalistas.

Milei se vale de esta situación para sostener que el déficit del Estado es culpa de los jubilados y los beneficiarios de planes sociales, y así promover su "plan motosierra", que implica un ajuste brutal, y la privatización de todas las esferas públicas. Es la misma receta que nos trajo hasta esta situación: las privatizaciones de Menem llevaron al vaciamiento y la precariedad absoluta de los servicios públicos y el ajuste fiscal esgrimido por los gobiernos democráticos profundizó ese camino.

Luego de las elecciones, el cuadro promete agravarse. La eliminación del capital excedente es lo que exige la burguesía para rescatar a su clase de la crisis, descargándola sobre los laburantes, y Massa sería el candidato para llevarlo adelante. Al mismo tiempo el FMI exige un redoble del ajuste en curso que vendrá acompañado de nuevas devaluaciones, un plan al que se comprometieron ambos candidatos. Esta ofensiva hay que enfrentarla en las calles.

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