El jueves pasado la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones aprobó el presupuesto 2021 por $152.155.514.000 con el voto de la bancada “opositora” de Cambiemos y el kirchnerismo provincial representados en la UCR y el PAyS. El gobierno, y los medios de comunicación a su servicio, insisten en marcar que el 80% del presupuesto, unos $122 mil millones, están destinados a “gasto social” como Educación y Salud, algo que señalan como una práctica “constante del misionerismo”. El discurso de mediático contrasta con las enormes movilizaciones, huelgas y acampes que vivió la provincia entre septiembre y octubre por parte de los trabajadores de la educación, salud, judiciales, municipales, tareferos y desocupados.

El orden misionerista

La renovación lleva en el gobierno provincial 21 años, en ese tiempo han contado casi siempre con mayoría legislativa y gobernando en la enorme mayoría de los municipios. Los distintos gobernadores de la provincia han usado la consigna de “un ejemplo de gestión con una provincia ordenada que paga los sueldos al día y no tiene deudas”, así como la idea de que la mayoría del presupuesto va destinado a “gasto social”.

El gobierno del Frente Renovador ha logrado mantener sus cuentas “ordenadas” a costa de los trabajadores misioneros. Mientras que el costo de vida para una familia supera los $70.000, los sueldos de los estatales misioneros apenas si llegan a $30.000. Ni hablar de los estatales municipales, que apenas superan los $20.000 y la situación empeora entre los trabajadores en negro, que en algunos casos apenas si superan los $15.000. En el caso del Estado también se agrega el hecho de que hace 2 años están congeladas las designaciones y creaciones de cargos.

El ajuste no solo viene por el lado de los salarios, la renovación también ha vaciado la salud y la educación pública. Los millones de pesos presupuestados no han redundado en obra pública ni mucho menos en equipar escuelas, hospitales y salas de salud barriales. En la provincia abundan las escuelas sin agua, sin luz, sin bibliotecas, material de trabajo o inmobiliarios. Lo mismo pasa con los hospitales y CAPs en los que abundan los trabajadores precarizados y en negro, mientras faltan insumos básicos para la asistencia sanitaria y hay salas enteras de atención especializada que no pueden funcionar por falta de profesionales y equipo.

A contracara de esto el gobierno ha otorgado millones de pesos a “Fundaciones” como las del Parque de la Salud, que maneja una parte de la salud pública y el principal hospital de la provincia, o la Kémerer, la fundación del obispado posadeño que maneja escuelas, institutos superiores y la Universidad Católica de Misiones donde cobran cuotas de $18.000. Estas fundaciones no solo manejan el dinero a discreción y sino que no rinden cuentas a nadie, mucho menos a la población trabajadora.

La política ordenada y “social” de los 21 años de gobierno renovador han dejado un 43,2% de pobres, según datos del Indec, sobre una población que supera el millón doscientos mil habitantes. Hablamos de que más de 500.000 misioneros son pobres y que de ellos 61.000 son indigentes, es decir que no tienen garantizadas las “necesidades básicas”. Aunque el gobierno podría argumentar que esto es a causa de los gobiernos nacionales, hay que recordarle a los renovadores que durante 12 años fueron férreos aliados del kirchnerismo, el ex gobernador Closs iba a ser ministro de Turismo de Scioli si ganaba, por 4 años fueron el ejemplo de oposición responsable que acompañó al gobierno de Mauricio Macri y le votó todas las leyes y que desde el triunfo del Frente de Todos es parte de la alianza de gobernadores que sostiene las políticas de Fernández en las provincias.

Un régimen sostenido por burócratas y “opositores”

La vigencia del ajuste renovador no hubiera sido posible sin el acompañamiento de los partidos patronales opositores y la integración de la burocracia sindical, quienes les han garantizado la aprobación por unanimidad de los proyectos de la ley de presupuesto y la contención de los trabajadores.

Tanto Juntos por el Cambio, como el PAyS (kirchneristas locales) se han llenado la boca de un discurso opositor verborrágico para la tribuna, porque en la práctica su accionar es otro y lo demuestra el apoyo al presupuesto, o la presentación de proyectos de leyes a favor de la patronal, como es el caso del proyecto de ley de paritaria docente presentado por el presidente del bloque radical la semana pasada, un proyecto que ataca el derecho a huelga y busca reforzar a la burocracia sindical adomista en UDPM. Pero el apoyo también se da con el uso de sus organizaciones sociales, sobre todo en el caso de PAyS, para contener y regimentar a los trabajadores desocupados por la vía de la asistencia social.

En el caso de las burocracias sindicales la situación es aún más grave ya que hablamos de una integración de las mismas al Frente Renovador, colocando referentes propios en espacios administrativos y de poder provincial, armando agrupaciones proselitistas y presentando listas propias dentro de la renovación. Los casos de UDPM y de UPCN son paradigmáticos, pero allí también podemos sumar a SOEMP, Luz y Fuerza, UDA, AMET, SIDEPP, por nombrar algunos. Estas burocracias han actuado fuertemente para hacer pasar el ajuste, ya sea con prebendas, amenazas, represión y persecución de trabajadores. No obstante, en el curso del año se han visto cuestionados en su accionar y la consecuencia de ello fueron las enormes luchas desarrollados por los trabajadores quienes cuestionando el aparato salieron a las calles a quebrar el ajuste patronal.

La clase obrera misionera, de la lucha a la organización

La crisis en curso y los constantes ajustes terminaron por hacer estallar a los trabajadores misioneros que decidieron salir a las calles a recuperar allí lo que el estado le había quitado a lo largo de años. En general en las luchas se unificaron agrupaciones y sindicatos opositores con una enorme masa de trabajadores autoconvocados que construyeron de conjunto un método de deliberación en las asambleas de base y las asambleas provinciales y recurrieron a los métodos de acción directa como las movilizaciones, los cortes de ruta, los acampes y otros para lograr el triunfo de sus luchas.

Los acuerdos alcanzados y la tregua momentánea con la patronal, en un cuadro de crisis que avanza con perspectivas de empeorar, llevan a la necesidad de discutir cómo nos organizamos los trabajadores para hacer frente a lo que se viene. El Frente Único de los trabajadores ha demostrado ser la herramienta de la etapa ya que permite confluir en un programa de reivindicaciones propias, discutidas en asambleas, a una enorme masa de trabajadores que se reconocen de ideologías diversas y con simpatías partidarias varias.

Pero, también el Frente Único es una herramienta para dar la lucha dentro de los sindicatos hoy cooptados por la burocracia. El frente que se está construyendo en UDPM para expulsar a la burocracia adomista es un paso adelante en ese sentido. Llamamos a los trabajadores de la educación afiliados en UDPM a sumarse al frente en construcción y al conjunto de los trabajadores a organizarse en sus gremios para dar la disputa por recuperarlos.

Por el momento el Frente Único se ha logrado desarrollar en las distintas ramas de trabajadores, queda ahora la tarea de unificar al conjunto de los trabajadores ocupados y desocupados de la provincia en un gran Frente Único que luche por reivindicaciones al conjunto de los obreros misioneros, un programa en defensa de un salario igual a la canasta familiar, el pase a planta de todos los trabajadores contratados, la prohibición de los despidos, la jubilación del 82% móvil, un ingreso de emergencia para los desocupados igual a $40.000, la triplicación de los presupuestos en salud y educación pública, y todas las reivindicaciones que se debatan en las asambleas.