El Indec acaba de publicar el valor de la Canasta Básica Total y de la Canasta Básica Alimentaria del mes de noviembre. Como sabemos, la primera define la línea de pobreza mientras que la segunda establece el umbral de indigencia. El informe da cuenta que para un hogar compuesto por cuatro integrantes, la CBT se ubicó en los $73.918 y se necesitaron $31.724 para cubrir la CBA.

Por otro lado, el aumento interanual fue del 42,8%  para la CBT y del 47,1% para la CBA, este último impulsado por el fuerte incremento que han experimentado los precios de los alimentos en los últimos doce meses.

Este ascenso del costo de vida contrasta fuertemente con el nivel de ingresos de amplios sectores de la población. Sin ir más lejos, el monto de la jubilación mínima, hoy en $29.061, se halla incluso por debajo de la línea de indigencia, y, a su vez. Cabe destacar que son casi 5 millones de jubilados los que perciben esa cifra de miseria. Una brecha que se agravará, dado que la nueva movilidad impulsada por el oficialismo divorcia los haberes previsionales del índice de inflación.

El salario mínimo, por su parte, no llega a cubrir ni la mitad de la canasta de pobreza, ya que se encuentra en los $32.000. Lo mismo sucede con el salario de las empleadas de casas particulares, gremio que comprende a un millón y medio de trabajadoras en el país, el cual se ubica en los $34.945 para la categoría “tareas generales”. Todas sumas fijadas por el propio gobierno -en acuerdo con las patronales y la burocracia sindical- responsable del empobrecimiento generalizado de las mayorías populares.

A su turno, la política oficial de promover topes en las paritarias condenó a la pobreza a un gran número de trabajadores. En ese sentido, el ingreso medio de los asalariados de Argentina, según los últimos datos del Indec, es de $47.232. En el caso de los empleados en blanco, el sueldo promedio es $57.443 mientras que quienes realizan sus tareas en el mercado informal reciben un promedio de $24.225 mensuales. Como vemos, la Canasta Básica Total aparece inalcanzable para amplias capas de la población, incluso para los trabajadores ocupados.

Por otro lado, el gobierno echó leña al fuego de la inflación en ascenso, a partir de naftazos, de medidas inocuas para controlar los precios y de una orientación al servicio del pago de la deuda y la fuga de capitales, acicateando la depreciación de la moneda. Si avanza en una devaluación abrupta y en tarifazos como exige el FMI, el espiral inflacionario no hará más que acrecentarse, constituyendo un duro golpe al bolsillo popular.

Con todo, se encuentra a la orden del día  la lucha por un salario igual a la canasta familiar, las paritarias indexadas a la inflación, el trabajo bajo convenio para todos, la prohibición de los despidos y las suspensiones, la jubilación mínima de $75.000 y el aumento atado a la inflación, la prohibición de los despidos y suspensiones y el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario.

Por otra parte, para combatir verdaderamente la inflación es preciso abrir los libros de toda la cadena de valor, a fin de evaluar los costos reales, y reorganizar el país sobre nuevas bases, nacionalizando bajo control obrero la banca y el comercio exterior y rechazando la deuda usuraria, en función de destinar el ahorro nacional en un plan de desarrollo productivo y satisfacción de las necesidades sociales. Un paso fundamental en esta pelea es quebrar el acuerdo con el FMI, que propugna el gobierno y la oposición patronal, por medio de una intervención obrera y popular.

 

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