Desde el 1 de junio entrará en vigor el segundo aumento tarifario sobre la luz y el gas en el año. El gobierno autorizó recientemente una suba aproximada del 17% para el servicio eléctrico y de hasta 25% para las distribuidoras de gas. Mientras los voceros oficiales siguen anunciando que trabajan en la “segmentación de tarifas” para triplicar las boletas de los usuarios de mayor consumo, los incrementos comunicados a través del Boletín Oficial alcanzarán a todos los hogares y consolidan el segundo capítulo del tarifazo que ordena el pacto con el FMI.

Así, mientras las consultoras aseguran que la inflación acumulará al menos otro 5% en mayo, el gobierno pisa el acelerador con los tarifazos energéticos que repercutirán en los costos de producción en la industria, y dispararán mayores aumentos de precios. Esto sin duda alguna va a provocar un salto en el desangramiento del bolsillo popular, y retrata la naturaleza misma de un pacto con el Fondo que es explosivamente inflacionario.

A eso se suman otros aumentos como el autorizado por el gobierno a las prepagas, las de otros servicios como Netflix, y los que se gatillan todos los meses como los alquileres. La pérdida del poder adquisitivo de la población trabajadora se constata en la caída del consumo, una tendencia que se mantiene, y que acumuló otro 0,1% en marzo según la encuesta de supermercados y centros de compras del Indec.

Las dudas se posaban sobre qué haría el kirchnerismo, ya que para que los aumentos se reglamentaran se necesitaba la firma de Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica, y de Federico Bernal, titular de Energas; funcionarios que responden a la vicepresidenta y habían criticado a Guzmán en aras de una mayor “gradualismo”. Pese a estas rispideces, habilitaron este segundo tarifazo y afirmaron que continuarán en sus cargos, ejecutando esta política fondomonetarista. Retrata que el kirchnerismo no tiene un programa alternativo al ajuste, sino que su pose de opositor es para desligarse de los “platos rotos”.

El pacto con el FMI al que está suscrito el gobierno acicatea una licuación voraz de los salarios y los ingresos. Estas nuevas embestidas contra el bolsillo popular refuerzan la campaña por un gran paro nacional que arranque una verdadera recomposición salarial y ponga sobre la mesa la necesidad de crear trabajo genuino, rechazando los tarifazos y toda la senda inflacionaria del gobierno.

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