Desde la caída de la dictadura, en 1983, los sucesivos gobiernos intentaron ponerle un “punto final” al ajuste de cuentas político y judicial con la dictadura y su antecesora, las Tres A.

El gobierno de Alfonsín apeló al informe Conadep y al juicio a las Juntas.

El fracaso de esta política dio lugar a las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida”. El intento de punto final fue el juicio a las Juntas y no la ley de punto final, que fue el resultado del fracaso de aquel intento. Lo mismo vale para los indultos de Menem.

 

La lucha popular

Todas estas tentativas fracasaron por la gran lucha popular desarrollada desde el ‘83. Las movilizaciones y denuncias de las organizaciones populares fueron cobrando un carácter cada vez más político, no ya contra los militares sino contra los gobiernos democratizantes que querían asegurar la inmunidad.

Uno de los grandes motivos de que fracasara el “punto final” de los gobiernos democráticos fueron los crímenes y atropellos de las fuerzas de seguridad de la “democracia”, donde se encontraba, casi sin excepción, el mismo personal que actuó bajo la dictadura militar.

El régimen democratizante nacido no pudo prescindir de las fuerzas represivas que actuaron bajo la dictadura militar. Cada lucha popular, por lo tanto, vuelve a replantear la consigna del “juicio y castigo”.

 

El “punto final” de Kirchner

El gobierno de Kirchner, como todos sus precedentes, ha iniciado un nuevo operativo propio de “punto final”. El discurso presidencial en la Esma apunta en ese sentido. Todos los gobiernos –señaló Kirchner– han callado hasta el momento. Nosotros, en cambio, reconocemos lo que sucedió. Sacamos los cuadros de Videla, armamos un museo en la Esma. Ahora, sí, ¡Nunca Más! La consigna del ’83.

La política de Kirchner, como el juicio a las Juntas, quiere presentar el “punto final” sobre la base de la justicia, no de la impunidad. Por ejemplo: con la anulación de la Obediencia Debida y el Punto Final.

Pero hasta el momento la nulidad de las leyes no ha tenido efectos prácticos. Las presentaciones judiciales han pasado a la Corte Suprema. Al mismo tiempo, la espera del pronunciamiento judicial le ha permitido a los militares sortear los pedidos de extradición cursados por varios países, entre ellos España y Francia.

Esto demuestra que pasados ya 21 años desde la caída de la dictadura, y cuando muchos de los responsables de los crímenes de la dictadura ya han muerto o han pasado a retiro, el régimen democrátizante sigue apoyando a rajatablas a las Fuerzas Armadas, a la Policía, a los servicios, a los punteros, es decir al Estado capitalista.