La Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires difundió su estimación del costo de la canasta básica del jubilado para septiembre, la cual ascendió a unos $151.579. El monto, que equivale a más de tres veces la jubilación mínima (incluso sumando el bono esporádico decretado para camuflar la movilidad miserable), creció en los últimos seis meses un 55,9%, cuando la actualización del haber mínimo fue en ese tiempo de apenas el 35,7%.

Esto quiere decir que la política de ajuste del gobierno agranda en forma creciente la brecha entre las necesidades básicas de los adultos mayores y el haber que percibe la mayoría de ellos. Si solo tenemos en cuenta la variación entre los meses de abril a septiembre (la Defensoría publica el cálculo semestralmente), veremos que la jubilación mínima se incrementó en poco más de $11.000, contra un encarecimiento del costo de vida superior a los $50.000. “No es que los jubilados sigan estando mal, es que están cada vez peor”, denunció Eugenio Semino, titular del organismo.

Así, casi cinco millones de jubilados y pensionados percibieron en septiembre un ingreso mensual que se ubicó por debajo del umbral de indigencia calculado por el Indec para agosto. Por caso, la jubilación mínima se encuentra anclada hasta diciembre en $43.353, una cifra que ni siquiera alcanza para cubrir el gasto de vivienda estimado por la Defensoría de la Tercera Edad -que representa un tercio de los gastos esenciales contemplados. En el caso de la Puam, fijada en $34.642, apenas permite costear los gastos en alimentos -estimados en cerca de $30.000.

La política fondomonetarista del gobierno ajusta sobre los jubilados, mientras sigue pagando intereses usurarios a los bancos y beneficia a los sojeros con un dólar especial. Apoyemos la lucha de las organizaciones de trabajadores jubilados y pensionados contra esta nueva confiscación a los adultos mayores.