Los candidatos capitalistas, tanto del peronismo como de Juntos por el Cambio, prometen combatir la pobreza en caso de ganar las elecciones, omitiendo que cuando les tocó estar al frente del gobierno consolidaron una pérdida salarial de enorme magnitud, en beneficio de las patronales. Lo cierto es que durante sus gestiones se encargaron de amparar la precarización laboral y promover paritarias a la baja.

Tal es así, que en los últimos siete años, el salario del sector informal perdió 41 puntos de poder adquisitivo, según un informe del Ieral (Fundación Mediterránea). Por su parte, la capacidad de compra del salario de los empleados públicos cayó 20 puntos en el mismo período, mostrando que el Estado es el primero en pisotear los ingresos de los trabajadores cuando oficia de patrón.

Como vemos, el retroceso salarial es más profundo en los puestos de trabajo precarios, una realidad que afecta al 40% de los ocupados del país según la EPH del Indec, correspondiente al cuarto trimestre del 2022. Eso quiere decir que 17 millones de habitantes trabajan de forma no registrada o son cuentapropistas no profesionales (lo que incluye changarines, relaciones de dependencia ocultas bajo la figura del monotributo, etc.). Finalmente, la creación de empleo de la que se jacta el oficialismo está sustentada en la ausencia de derechos laborales, como las licencias y vacaciones pagas, el aguinaldo, los aportes a la seguridad social y la ART.

Incluso, el empleo informal alcanza guarismos muy altos en ramas enteras de la economía. Según el informe del Indec titulado “Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra”, correspondiente al primer trimestre 2023, los puestos de trabajo no registrados son mayoría en actividades como la agricultura y la ganadería (58%), la construcción (54%) y el servicio doméstico (71,5%). A su vez, la informalidad laboral abarca al 33% de los puestos de la industria manufactura, al 42% de los de comercio, al 44% de los puestos en hoteles y restaurantes y al 48% de los empleos pertenecientes al ámbito de la salud privada.

A pesar del fraude laboral descripto, el gobierno premia a los capitalistas de dichos rubros con numerosas prerrogativas. Por mencionar algunos ejemplos, les ha concedido blanqueos de capitales a las constructoras, sucesivos tipos de cambios preferenciales para el agro y aumentos sistemáticos en las cuotas de las prepagas, a las cuales también se les bonifica casi la totalidad de las contribuciones a la seguridad social.

Lo anterior desmiente el argumento patronal de que sería necesario flexibilizar la mano de obra para destrabar las inversiones en el país. Estas últimas no despuntan a pesar de que casi la mitad de la fuerza de trabajo de Argentina está precarizada, por lo que el problema hay que buscarlo en el “costo empresario”. El verdadero objetivo de la reforma laboral es aumentar la tasa de explotación obrera, en favor de los empresarios. Ese planteo cuenta con el apoyo explícito de Larreta, Bullrich y Milei, pero también es respaldado por Massa, quien se inclina por degradar convenio por convenio, mediante acuerdos sectoriales con las empresas y la  burocracia sindical como ocurrió en Toyota.

Por eso, en estas elecciones, los trabajadores no podemos darles nuestro voto a los responsables de hundir los salarios y las condiciones laborales. En cambio, votar a la lista que encabezan Gabriel Solano y Vilma Ripoll en el FIT, que está integrada por los protagonistas de las luchas salariales y por trabajo genuino, es un pronunciamiento en defensa del bolsillo popular y los convenios colectivos de trabajo.

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