El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sostuvo con total soltura que el gobierno no tiene pensado conceder a los jubilados no solo un aumento extra que permita recuperar lo perdido frente a la inflación, sino ni siquiera el bono que cobrarán los estatales, porque los haberes previsionales “tienen su propio mecanismo de ajuste”. Pero justamente por ese “mecanismo de ajuste”, que corre de atrás a la inflación, desde enero del 2016 hasta diciembre del 2018, los haberes previsionales habrán perdido más de 40 puntos respecto del alza de los precios, ya que estos últimos crecerán casi un 159% mientras que las jubilaciones lo harán apenas un 116,%.

Aunque el desfasaje se fue incrementando progresivamente, esta pérdida de poder adquisitivo alcanza, entre ambas puntas, a más de una cuarta parte del haber cobrado por los jubilados.

Esto, en el caso de los que reciben la mínima –más de la mitad de los beneficiarios de todo el país– se trata de un golpe brutal a la supervivencia de uno de los sectores populares más golpeados, ya que recién a partir de diciembre sus haberes superarán los $9.000 mensuales. Pero, además, según reconoció el jefe de Gabinete Marcos Peña en su exposición ante los legisladores, el 84% de los jubilados cobra un haber que está por debajo de los dos salarios mínimos, es decir que la mayoría abrumadora de los beneficiarios cobra hoy apenas un poco más de $16.000 mensuales, bastante por debajo del costo de la canasta familiar que supera los $22.000.

La demagogia de establecer que la mínima no pueda ser menor al 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) esconde que este indicador no solo está lejos de los ingresos medios de los trabajadores sino que su actualización ha pasado a estar en manos del propio gobierno que establece el aumento por decreto. Es tan así que, actualmente, la jubilación mínima –devaluada– tiene un valor casi similar al del 82% del SMVM y, en diciembre, será $34 más alta, según cálculos realizados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). 

Esta progresiva trituración de las jubilaciones se encuadra en el plan oficial acordado con el FMI –y compartido por los gobernadores– de convertirlas en una mera asignación social mínima, de carácter asistencial, lejos de cualquier relación con los salarios en actividad.

A fines del 2018 se habrá producido la expropiación anual más alta en los haberes previsionales de las últimas décadas, con una pérdida de más de 20 puntos respecto de la inflación (28,5% contra el 48/50% de inflación). Cuando el Congreso aprobó, en diciembre pasado, en medio de una enorme movilización popular de repudio, el cambio en el índice de actualización de los haberes, el gobierno y los legisladores peronistas y provinciales que lo votaron, aseguraban que los jubilados y demás beneficiarios de las prestaciones sociales cobrarían este año entre 4 y 5 por ciento por encima de la inflación.

Una diferencia de 25 puntos que el gobierno expropia y los representantes del peronismo que lo apoyaron mantienen el silencio aprobatorio.

El gobierno prepara una nueva ofensiva sobre los haberes y las jubilaciones en general. Pretende liquidar los regímenes especiales que conquistaron con años de lucha varios sectores de trabajadores (por los cuales aportan un porcentaje mayor al general), aumentar la edad jubilatoria para hombres y mujeres, reducir el haber inicial y aplicar un índice de actualización que aleje aún más los aumentos del computado en los precios.

Está en juego la existencia misma del sistema jubilatorio, logrado por las luchas de décadas de los trabajadores. La defensa del salario diferido para el que los trabajadores aportamos a lo largo de nuestra vida laboral, plantea así una pelea común de jubilados y trabajadores, los futuros jubilados.

En el camino de las movilizaciones de diciembre pasado, se trata de preparar la lucha contra la ofensiva a las jubilaciones con el reclamo de:

Inmediato aumento del 25% en los haberes previsionales.

Jubilación mínima equivalente al costo de la canasta familiar.

82% móvil del salario en actividad.

No al ataque a los regímenes especiales.

No a la privatización de las jubilaciones.